Moncloa priorizará la reforma laboral tras los PGE y aparca leyes como la de memoria

El Gobierno centrará todos sus esfuerzos durante las próximas semanas en sacar adelante la reforma laboral. Tras amarrar los apoyos para asegurar los Presupuestos de 2022 y aprobar el primer paquete de la reforma de las pensiones, este es el siguiente objetivo marcado en rojo por el Ejecutivo, según avanzan fuentes de Moncloa. La prioridad pasa por cumplir los hitos comprometidos con Bruselas y asegurar así los fondos de recuperación que están condicionados a la aprobación de esta serie de reformas. Para ello, estas mismas fuentes señalan que se aparcarán otras iniciativas no incluidas en la hoja de ruta pactada con la Comisión Europea como la ley de memoria democrática. Una iniciativa, además, que en estos momentos no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante por el rechazo de los republicanos y que quedará en punto muerto en el Congreso una vez cerrado el plazo para la presentación de enmiendas parciales.

La Comisión Europea monitorizará periódicamente las reformas comprometidas para decidir sobre el flujo de los fondos de recuperación: 70.000 millones, en transferencias a fondo perdido, distribuidos en un total de ocho tramos hasta el tercer trimestre de 2026. Bruselas exigirá como comprobante de los cumplimientos, todos ellos calendarizados, la publicación en el BOE de las reformas. Para la reforma laboral, el plazo comprometido es final de 2021, por lo que la intención es aprobarla con o sin acuerdo en la mesa de diálogo social. En estos momentos, la reducción de la temporalidad es el principal punto de fricción con las organizaciones de empresarios.

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Los Presupuestos de 2022 aseguran al Gobierno de Pedro Sánchez estirar la legislatura hasta 2023, pero antes deberá aprobar medidas del plan de recuperación que no solo encuentran resistencias en los agentes sociales, sino también en sus socios parlamentarios y hasta el socio minoritario de la coalición. Los peajes en las autovías o la reforma fiscal con nuevos tributos como el impuesto al diésel son algunas de ellas. El segundo paquete de la reforma de las pensiones es otro de los que anticipa dificultades.

Desde la publicación del contrato de aplicación del plan de recuperación, todos los focos se han dirigido en esta dirección. La confirmación en los hitos comprometidos de que se ampliará el periodo de cálculo para las pensiones ha puesto en pie de guerra no solo a los socios parlamentarios del Ejecutivo, sino también al sector morado del Gobierno. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, advertía de que su formación “no va a aceptar ningún recorte” en las pensiones. Por su parte, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, comandado por Yolanda Díaz para negociaciones como la de los presupuestos, añadía que "ampliar a 35 años el periodo de cálculo de la pensión no es una medida recogida en el Pacto de Toledo, no está en el acuerdo de coalición, no forma parte del diálogo social e implicaría un recorte en muchas prestaciones futuras que Unidas Podemos no va a aceptar".

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Pedro Sánchez fía su reelección en buena medida a los fondos europeos, pero antes deberá sobrevivir a algunas de las reformas más polémicas que condicionarán las transferencias. De ahí que se dejen en un plano secundario, al menos a corto plazo, medidas como la ley de memoria democrática.

Desde ERC siguen mostrando una oposición frontal al proyecto pilotado desde el ministerio de Presidencia, que dirige Félix Bolaños, pese a los guiños realizados por el Gobierno en la fase de enmiendas. Entre ellos, un acuerdo para modificar la Ley de Amnistía de 1977, vía enmiendas como venían reclamando los republicanos, para que no prescriban "los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura". Los tribunales españoles tendrían así más facilidades para juzgar causas contra el franquismo, aunque posteriormente desde el PSOE se reconoció que los cambios no se traducirían en condenas penales.

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ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP y BNG presentaron una serie de enmiendas conjuntas entre las que demandaban suprimir la ley de amnistía o incluso la supresión del título de rey "y los privilegios que del mismo se derivan habida cuenta que fue otorgado por un régimen ilegal". Otra de las enmiendas consensuadas entre estos grupos buscan que se reconozcan reparaciones patrimoniales para los ateneos, asociaciones y otras personalidades jurídicas a los que durante la dictadura se les incautaron bienes que no han sido restituidos. Se plantea, asimismo, un reconocimiento y una reparación por motivos de "persecución cultural y lingüística" durante el régimen de Franco.

En las enmiendas conjuntas de PSOE y Unidas Podemos, con las que intentaron atraer el apoyo de sus socios parlamentarios, se incluye la ampliación del censo de víctimas del franquismo para incorporar a las personas supervivientes como reivindicaban los colectivos y trabajar para establecer el reconocimiento a las víctimas de la Transición (de 1978 a 1982). Además, los descendientes de los brigadistas internacionales podrán solicitar la nacionalidad española y se prevé crear una oficina de víctimas de la dictadura y un Centro de Memoria Democrática con participación de las víctimas y sus organizaciones. De este modo, todas las víctimas de la dictadura tendrían derecho al reconocimiento y la reparación integral por parte del Estado, como demandaba ERC, y se reconocería el derecho al resarcimiento de los bienes incautados.

La decisión ante la falta de apoyos ha sido dejar aparcada la norma para cumplir la agenda pactada con la Comisión Europea

Desde ERC se criticó que la enmienda de socialistas y morados para abrir la puerta a las reparaciones, como exigía, carecía de "mecanismos claros para poder hacerlo". Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, reclamó más precisión en cuento a reparaciones económicas y patrimoniales, deslizando que, con la enmienda presentada por los dos partidos que sustentan el Ejecutivo, "alguien está engañando a alguien". Para los republicanos, la garantía de que se lleven a cabo reparaciones económicas debería desarrollarse modificando el artículo 5.4 de la ley, por otro lado incompatible, al establecer que las declaraciones de nulidad se podrán compaginar "con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico, sin que pueda producir efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, de cualquier Administración pública o de particulares, ni dar lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".

El Gobierno rechaza por el momento transaccionar enmiendas con los republicanos, que mantienen su rechazo y dificultan su tramitación. Ciudadanos también ha cerrado la puerta a que se busque una geometría variable con ellos para sacarla adelante. La decisión ante la falta de apoyos ha sido dejar aparcada la norma para focalizarse en la agenda económica y cumplir la agenda pactada con la Comisión Europea, de la que dependen los fondos de recuperación.