PSOE y UP vuelven a enfrentarse por la prescripción de los crímenes del franquismo
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A vuelta con la enmienda a la Ley de Memoria

PSOE y UP vuelven a enfrentarse por la prescripción de los crímenes del franquismo

Bolaños defiende una atención simbólica a los represaliados que no se traducirá en condenas penales, mientras Santiago le responde con la tesis de que el derecho internacional reconoce que los crímenes graves son imprescriptibles y no amnistiables

Foto: Maria Luisa Balaguer, en el acto de su toma de posesión del TC en 2017. (EFE/Javier Lizón)
Maria Luisa Balaguer, en el acto de su toma de posesión del TC en 2017. (EFE/Javier Lizón)

La Ley de Memoria Democrática vuelve a enfrentar al Gobierno de coalición. La enmienda presentada por los partidos del Ejecutivo que se ha vendido desde Unidas Podemos como una fórmula mágica para borrar la Ley de Amnistía y renunciar a la imposibilidad de aplicar con retroactividad normas posteriores a los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco no tendrá más efecto que el de "reparar" de forma simbólica, pero no penal a las víctimas. El planteamiento defendido por Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, se inspira en un voto particular redactado por una destacada magistrada progresista del Tribunal Constitucional el pasado mes de septiembre. En él, Maria Luisa Balaguer reivindicaba el derecho de los torturados y sus familiares a la atención de la Justicia como forma de compensación moral.

"La verdad, la justicia y la reparación no pasan necesariamente por la obtención de una condena penal, que nada de lo sacrificado —salvo la dignidad y el reconocimiento— puede devolver a las víctimas", decía Balaguer en su criterio opuesto al que fue apoyado por la mayoría del TC. La magistrada consideraba que los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional, deben "al menos" atender la petición "de reflexionar y escuchar a las víctimas, dándoles una respuesta completa, profunda y adecuada". "También esta es una forma de reparación y de hacer justicia, independientemente del resultado final, estimatorio o desestimatorio, de las pretensiones deducidas", destacaba.

Foto: El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, interviene durante la sesión de control al Gobierno celebrada por el pleno del Senado, este martes en Madrid. (EFE/Mariscal)

Como indica ya la magistrada, es más que dudoso que la enmienda que defiende la aplicación de las leyes internacionales para la persecución de los delitos de lesa humanidad "como derecho vigente en España", de tal manera que la Ley de Amnistía "se interprete y aplique teniendo en cuenta que los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen "consideración de imprescriptibles y no amnistiables", tenga más efectos que los simbólicos.

En UP lo ven de forma diferente. "El acuerdo que ha logrado Unidas Podemos en la Ley de Memoria Democrática es histórico. Por primera vez un paso adelante para acabar con la impunidad de los crímenes franquistas. Ningún juez podrá ampararse en la Ley de Amnistía para no investigar crímenes de lesa humanidad", proclamaba este miércoles la líder de Podemos Ione Belarra. Este jueves ha sido el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, quien ha afirmado que "el derecho internacional dicta que los graves crímenes contra la Comunidad Internacional (genocidio, tortura, lesa humanidad y de guerra) no pueden quedar en impunidad" "Son imprescriptibles y nunca les alcanza la amnistía", ha apuntado en una serie de mensaje en Twitter.

Bolaños, en cambio lo ve diferente. El ministro ha precisado en declaraciones a Carlos Alsina en 'Más de Uno' que la retroactividad y el Código Penal permanecen intactos, visión en la que han incidido a lo largo de este jueves fuentes del área gubernamental socialista. Traducción: si se impone el criterio del PSOE no habría condenas por los abusos cometidos en el franquismo. El motivo ya lo ha ido señalando el Supremo y el Constitucional en distintas resoluciones: no es posible aplicar hacia atrás, es decir, de forma retroactiva, nuevas leyes que perjudiquen a los acusados por cuestiones que sucedieron antes de su entrada en vigor. Lo mismo sucede con el derecho penal internacional al que se refiere la enmienda. No existía cuando las torturas, asesinatos y abusos se llevaron a cabo. El artículo 9.3 de la Constitución y el 2.1 del Código Penal establecen la irretroactividad de las normas penales desfavorables para el reo.

El voto que inspiró al Ejecutivo señalaba también con insistencia la legislación internacional. Balaguer indicaba, en referencia al recurso presentado por el ex secretario general del PCE y fundador de IU, Gerardo Iglesias, que es necesario estudiar de qué modo la adopción de compromisos internacionales por España, en materia de protección de los derechos humanos y de persecución de crímenes particularmente atentatorios de esos derechos, "puede afectar a la investigación de hechos acaecidos desde la guerra civil y hasta el advenimiento de la democracia, que quedaron en su momento cubiertos por la Ley de Amnistía de 1977". Reivindicaba un análisis del órgano de garantías para comprobar de qué modo nuestras obligaciones internacionales imponen una revisión de nuestro modelo de justicia transicional.

Sin embargo, la tesis de Balaguer no predominó. Hace tres meses, el TC dio carpetazo mediante un auto de inadmisión de la pretensión del líder comunista por la atipicidad de las conductas denunciadas, la prescripción de los posibles delitos y la validez de la Ley de Amnistía.

Contra la intención del Gobierno

La decisión del TC se produjo poco después de que el Gobierno aprobara su anteproyecto de Ley de Memoria Histórica en el que se incluye, además, la creación de una nueva Fiscalía de sala en el Tribunal Supremo para investigar hechos de la guerra y la dictadura "hasta la entrada en vigor de la Constitución que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario". Tendrá funciones "de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados", refleja el borrador de la norma.

Desde la Fiscalía General del Estado se impulsó también recientemente la cooperación en este ámbito. La fiscal general Dolores Delgado dejó sin efecto una orden del Ministerio Público del año 2016 en la que se invalidaba la investigación que impulsa desde Argentina la jueza Maria Servini. El pasado agosto esta decisión favoreció la cooperación para que la magistrada interrogara a Rodolfo Martín Villa.

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