Martín Villa, a la jueza argentina: "Si Suárez viviera, también sería acusado de genocidio"

La jueza argentina María Servini de Cubría interrogó este jueves por videoconferencia al exministro Rodolfo Martín Villa, imputado por supuestos crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1978. La magistrada indaga en su posible relación con doce muertes a manos de policías, guardias civiles y grupos de extrema derecha durante estos años, acusación de la que Martín Villa se desvinculó a lo largo del interrogatorio: defendió su papel en la Transición y aseguró que como ministro de Relaciones Sindicales y de Interior siempre buscó evitar este tipo de sucesos. “Si Adolfo Suárez viviera, sería imposible que no se encontrara acusado también de genocidio o crímenes contra la humanidad, situación que no me atrevo a calificar”, afirmó ante la magistrada, según explican fuentes de su entorno.

La jueza Servini investiga crímenes de la dictadura franquista y a Martín Villa, entre otros, tras los escritos enviados desde España por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA), cuyos miembros se concentraron este jueves frente al consulado de Argentina en Madrid, donde se celebró la comparecencia. A las cuatro de la tarde, una treintena de personas se manifestó con pancartas en las que podían leerse lemas como 'La impunidad premia el crimen' o 'Contra la impunidad del franquismo', así como con cajas que lucían nombres que iban desde Billy el Niño hasta González Reglero. Poco después, dos simpatizantes de Vox aparecieron con un cartel con la frase 'Solo España juzga a España', pero la policía les mantuvo apartados y se fueron tras unos minutos.

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Durante la primera hora y media de comparecencia, la magistrada argentina se limitó a leerle la acusación que pesa contra él y después comenzó el interrogatorio propiamente dicho. Las fuentes consultadas apuntan a que Martín Villa siguió la misma línea que en la carta enviada recientemente a la jueza, en la que incidía en que la Transición “fue justamente lo contrario a un genocidio", como sostiene la querella. "Antes de las elecciones de 1977, por primera vez en muchos años, no quedó un solo preso político en las cárceles españolas ni un solo español exiliado en el mundo", argumenta en el escrito. "Algo tuve que ver con todo esto como persona que compartió con muchos otros -correligionarios y adversarios políticos- la suerte, y en alguna ocasión el riesgo, de trabajar a favor de la Transición y de la Constitución de 1978”.

CEAQUA considera que Martín Villa tiene responsabilidad en crímenes como la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada al desalojar una iglesia en la que se celebraba una protesta. La querella sostiene que en este suceso también tuvieron responsabilidades Adolfo Suárez y Alfonso Osorio, ambos fallecidos, pero Martín Villa defiende que solo intervinieron después y no antes de que ocurrieran los hechos para evitar más violencia. Alega además que en ese momento era ministro de Relaciones Sindicales y no tenía responsabilidad sobre la policía. “Me encuentro con una acusación no por responsabilidad política sino penal, y además se me atribuye un delito tan monstruoso como es el de genocidio”, denuncia.

El exministro afirmó durante el interrogatorio que en Vitoria “ciertamente hubo errores, graves errores, y comportamientos policiales contrarios al respeto a los derechos de las personas y, por tanto, sería legítimo que se reclamara una reparación justa, pero una cosa es comprender el dolor de las víctimas y la necesaria reparación y otra es aceptar un relato de lo ocurrido, que lleva a la querella a afirmar incluso que en la Transición española hubo delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad”. También subrayó que, a la reunión a la que acudió como ministro de Relaciones Sindicales dos días después del suceso, representantes de los empresarios y trabajadores aceptaron la mediación de un magistrado juez de lo laboral, cuyo arbitraje luego acataron y sirvió para poner fin al conflicto.

Las otras siete muertes que le achacan se produjeron por disparos de policías, guardias civiles y ultraderechistas entre julio de 1976 y 1978 en ciudades como Bilbao o Pamplona. Respecto a las cinco que se produjeron en la Semana Proamnistía de mayo de 1977, alegó que en esas fechas no quedaban ya presos políticos en las cárceles y que la amnistía se pedía para terroristas que se encontraban en prisión por asesinatos, por lo que, según afirmó, ninguno de los sucesos formó parte de un plan deliberado. En cuanto a la capital navarra, la jueza pone el foco en la muerte de Germán Rodríguez a manos de la Policía Armada en los Sanfermines de 1978, pero Martín Villa destacó que esta tampoco formaba parte de plan alguno y recordó que para entonces España llevaba ya un año en democracia.

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Tras una serie de retrasos por la crisis del coronavirus, Martín Villa acudió este jueves de forma voluntaria al interrogatorio: los sucesos ocurridos entre 1976 y 1978 están prescritos en España o sujetos a la Ley de Amnistía de 1977. Pese a ello, a finales de agosto, remitió un escrito a la jueza en el que le indicaba su intención de declarar, al igual que hizo en 2016 y el año pasado, incluyendo además una veintena de cartas de destacados políticos y sindicalistas, entre ellas las de cuatro expresidentes del Gobierno que defendían a título personal su papel en la Transición española. "Puedo testimoniar la entrega de Martín Villa a la recuperación de las libertades democráticas de los españoles", sostiene Felipe González en la suya. Aznar, Zapatero y Rajoy también exponen argumentos similares en sus escritos.

Entre las misivas en apoyo a Martín Villa, cabe señalar también las de los exsecretarios generales de la UGT Nicolás Redondo y Cándido Méndez, y los de CCOO Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo. Ambos sindicatos se desmarcaron de los escritos de sus antiguos dirigentes y, en la protesta celebrada este jueves frente al consulado, varios manifestantes lucían el logo de UGT en sus prendas. Desde CEAQUA consideran que estas cartas suponen una "inferencia política inaceptable" que solo busca una "presión añadida a la jueza", pero confían en que esta siga adelante con su investigación: aunque Martín Villa ha declarado de forma voluntaria, recuerdan que más de 10 imputados siguen sin hacerlo y esperan que la Justicia española cambie de postura para facilitar los interrogatorios.