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El Gobierno prevé indemnizar a obreros forzados como los del Valle de los Caídos
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LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Gobierno prevé indemnizar a obreros forzados como los del Valle de los Caídos

El guiño a ERC para salvar la Ley de Memoria Democrática ha sido devuelto con repudio por su portavoz en el Congreso, que exige concretar mecanismos para las reparaciones económicas

Foto: Vista del Valle de los Caídos. (EFE/Mariscal)
Vista del Valle de los Caídos. (EFE/Mariscal)

El Gobierno prevé elaborar un censo de trabajadores forzados durante el franquismo con el objeto de ofrecer indemnizaciones económicas. Se buscará así desarrollar la enmienda pactada entre PSOE y Unidas Podemos a la Ley de Memoria Democrática por la que las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho no solo al reconocimiento por parte del Estado, sino también a la "reparación integral". Esto es, a compensaciones, si bien las investigaciones hasta la fecha no han podido determinar cifras exactas de estos obreros y las propias memorias de la Dirección General de Prisiones están incompletas en varios ejercicios. El proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros ya reconocía la condición de víctima a las personas que padecieron trabajos forzosos. Según fuentes conocedoras de las negociaciones parlamentarias entre los grupos que sostienen el Ejecutivo, las indemnizaciones se destinarían a los supervivientes, aunque no se cierra la puerta a que las puedan reclamar familiares.

La mayoría de los trabajadores forzados fueron presos políticos destinados a construir infraestructuras, como el Valle de los Caídos, y obras públicas, dentro de los planes de redención de penas. El Gobierno de Felipe González ya indemnizó a los presos políticos del franquismo, pero solo en los casos cuyas estancias en la cárcel habían superado los tres años. Se otorgó también la pensión de viudedad a las mujeres de los militares republicanos. En 1977, la Ley de Amnistía reconoció a los reclusos de la dictadura el pago a las cuotas de la Seguridad Social.

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El texto original de la ley, sometido ahora al procedimiento de enmiendas en el Congreso, establecía como elementos de reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados actuaciones como la señalización de los lugares directamente relacionados con esas labores, "de forma que se permitan su identificación y el recuerdo de lo sucedido, así como impulsar iniciativas por parte de las organizaciones o empresas respecto de las que se constate, a través de la realización de un censo, que utilizaron los trabajos forzados en su beneficio para que adopten medidas en ese sentido". Actuaciones de reconocimiento que no incluían reparaciones económicas. Por otra parte, se confeccionará también un inventario de edificaciones y obras realizadas por miembros de los denominados "Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas".

La enmienda conjunta de PSOE y Unidas Podemos para concretar la reparación integral de las víctimas, reconociendo el derecho al resarcimiento de los bienes incautados y las sanciones económicas, era una de las demandas de ERC. Los republicanos son necesarios para sacar adelante la ley en el Congreso, si no se consigue para ello el apoyo de Ciudadanos. Su posición de rechazo se manifestó primero al presentar una enmienda a la totalidad, al igual que PP y Vox, que fue rechazada. En el trámite de enmiendas parciales, pusieron el foco en la reparación económica para que se reconozca "el derecho a las reclamaciones patrimoniales de las víctimas para proceder a la devolución de bienes o patrimonio a sus legítimos propietarios y/o sus sucesores en derecho. También a partidos políticos y personas jurídicas".

ERC no ve cumplidas sus exigencias

El guiño a ERC para salvar la ley ha sido devuelto con repudio por su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián. Según ha criticado, la enmienda de socialistas y morados abre la puerta a las reparaciones, como exigía, pero "sin reconocer mecanismos claros para poder hacerlo". Rufián ha reclamado así más precisión en cuento a reparaciones económicas y patrimoniales, deslizando que, con la enmienda presentada por los dos partidos que sustentan el Ejecutivo, "alguien está engañando a alguien". Para los republicanos, la garantía de que se lleven a cabo reparaciones económicas debería desarrollarse modificando el artículo 5.4 de la ley, por otro lado incompatible, al establecer que las declaraciones de nulidad se podrán compaginar "con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico, sin que pueda producir efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, de cualquier Administración pública o de particulares, ni dar lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".

Otra de las principales reivindicaciones de ERC pasaba por derogar la Ley de Amnistía de 1977. Otra de las enmiendas de PSOE y Unidas Podemos se centraba precisamente en atender esta demanda modificando la norma para que no prescriban "los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura". Se abre así la puerta a que los tribunales españoles puedan juzgar causas contra el franquismo. La ley contemplará que el fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática aborde la investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del golpe de Estado, la guerra y la dictadura.

Hasta ahora, la Audiencia Nacional había rechazado este tipo de denuncias sobre la base de la prescripción de estos crímenes, al estar sujetos a la Ley de Amnistía. De ahí que se pusiesen en marcha procesos como la 'querella argentina' contra los crímenes del franquismo, trasladando a tribunales extranjeros estas denuncias. Sin embargo, el portavoz de los republicanos ha cuestionado también los efectos de esta enmienda. Según ha defendido, la única vía para juzgar los crímenes del franquismo pasa por "cambiar la Ley de Amnistía. No hay otra manera".

Foto: El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián. (EFE/Emilio Naranjo) Opinión

La enmienda referida modifica el título 2 de la Ley de Memoria Democrática para incluir un apartado con la siguiente redacción: "Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables". No se modifica, por tanto, la Ley de Amnistía de 1977.

Del Valle de los Caídos a Cuelgamuros

Otra de las modificaciones promovidas por los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno busca atraer el apoyo de sus socios parlamentarios: se incluye la ampliación del censo de víctimas del franquismo para incorporar a las personas supervivientes, como reivindicaban los colectivos, y se trabajará para establecer el reconocimiento a las víctimas de la Transición (de 1978 a 1982). Además, los descendientes de los brigadistas internacionales podrán solicitar la nacionalidad española y se creará una oficina de víctimas de la dictadura y un Centro de Memoria Democrática con participación de estas y sus organizaciones.

En relación con la eliminación de elementos contrarios a la memoria democrática, se pretende cambiar la denominación de Valle de los Caídos a Valle de Cuelgamuros, recuperando el nombre original. Además, los retratos u otras representaciones artísticas de personas vinculadas a la represión franquista no podrán mostrarse ni en lugares representativos ni en áreas de acceso al público, y se completa el procedimiento para la revocación de las distinciones honoríficas en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y se suprimen los títulos nobiliarios concedidos a 33 personajes del régimen franquista, como los ducados de Primo de Rivera, Calvo Sotelo o Queipo de Llano.

El Gobierno prevé elaborar un censo de trabajadores forzados durante el franquismo con el objeto de ofrecer indemnizaciones económicas. Se buscará así desarrollar la enmienda pactada entre PSOE y Unidas Podemos a la Ley de Memoria Democrática por la que las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho no solo al reconocimiento por parte del Estado, sino también a la "reparación integral". Esto es, a compensaciones, si bien las investigaciones hasta la fecha no han podido determinar cifras exactas de estos obreros y las propias memorias de la Dirección General de Prisiones están incompletas en varios ejercicios. El proyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros ya reconocía la condición de víctima a las personas que padecieron trabajos forzosos. Según fuentes conocedoras de las negociaciones parlamentarias entre los grupos que sostienen el Ejecutivo, las indemnizaciones se destinarían a los supervivientes, aunque no se cierra la puerta a que las puedan reclamar familiares.

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