El Gobierno recupera la reforma laboral blanda de 2019 para asegurar los fondos UE

No habrá derogación completa de la reforma laboral aprobada por el PP en 2012. El Gobierno ha desempolvado la "contrarreforma" no consumada que negoció principalmente con PNV y PDeCAT en 2019, en los meses previos a la convocatoria electoral, y con Magdalena Valerio al frente del Ministerio de Trabajo. Respecto a aquella propuesta del Gobierno socialista, se realizarán algunas modificaciones menores y se planteará ir más allá en aspectos relacionados con la regulación de la subcontratación. Así se lo han trasladado desde Moncloa a algunos de los socios parlamentarios con los que ya han mantenido conversaciones sobre las reformas del plan de recuperación. Un plan que facilita tanto el acuerdo en la mesa de diálogo social como el visto bueno de Bruselas a las reformas asociadas a los fondos europeos y el apoyo del Congreso.

Desde el Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, se insiste en que se cumplirá con las medidas laborales del programa de coalición, lo que ya califican como un éxito debido al contexto socioeconómico actual marcado por la pandemia, como se recoge en los componentes del plan de recuperación que se enviará a Bruselas a finales de mes. Asimismo, se señala que se trata de lo que siempre propuso Unidas Podemos, que se producirán reformas "en profundidad", sin cortoplacismos y con vistas a una transformación del mercado de trabajo. También hablan de derogación, lo que se produciría eliminando artículos de la reforma laboral de 2012, como se hizo con el relativo al absentismo laboral por enfermedad, o modificando su redacción, como en el caso del teletrabajo, según ejemplifican.

El Ministerio de Trabajo insiste en que se cumplirá con las medidas laborales del programa de coalición, lo que ya califican como un éxito

Según las líneas maestras del componente del plan sobre modernización del mercado de trabajo, que se desarrollarán en un nuevo estatuto de los trabajadores, se reducirán a tres los tipos de contratos, se revisará la regulación de las subcontratas a efectos de limitarlas a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa, se crearán instrumentos de flexibilidad interna alternativos al despido y la alta temporalidad, se creará un mecanismo permanente para la formación y recualificación de trabajadores en procesos de ajuste empresarial, se simplificarán y racionalizarán los incentivos a la contratación y se modernizará la negociación colectiva.

La reforma laboral propuesta plantea también la creación de nuevos instrumentos de flexibilidad interna alternativos al despido y la alta temporalidad. Para ello, se propone el ajuste del tiempo de trabajo ante caídas de la demanda cíclicas o extraordinarias y el acompañamiento de procesos estructurales de transición en sectores en reconversión.

Se pondrá más el foco en "materia salarial, la temporalidad y la precariedad", según indican fuentes de Trabajo como lo más urgente, haciendo hincapié en la intención de que se elimine la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, "por la devaluación salarial que produjo". El objetivo es tener lista esta reforma laboral blanda antes de que finalice 2021, siempre contando con el consenso de los agentes sociales. Un calendario sobre el que hubo discrepancias dentro del Gobierno, con sectores que apostaban por retrasarla más, a la espera de una mejora de la economía, pero sobre el que Trabajo acabó imponiendo su criterio. La Comisión Europea también aceptó este calendario.

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Todas las áreas se irán concretando en las negociaciones tanto de la mesa de diálogo social, con o sin acuerdo, como con la Comisión Europea. El propio documento remitido a Bruselas así lo recoge, "con el fin de llegar a soluciones equilibradas que permitan afrontar los desequilibrios existentes sin generar rechazo social y efectos secundarios indeseados".

La recuperación de la ultraactividad del convenio colectivo y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, junto a la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores sobre contratación y subcontratación, ya fueron los aspectos que más resistencias generaron en la contrarreforma fallida de 2019. Ahora, fuentes de uno de los grupos parlamentarios que entonces se alinearon con la patronal para frenar estos cambios y cuyos votos siguen siendo cruciales para el Gobierno, se muestran favorables a los cambios en materia de subcontratación. Sobre todo en aspectos que con el tiempo indican que han generado "injusticias" laborales y precariedad crónica. Se muestran también satisfechos con el compromiso de que todos los cambios en el mercado laboral se intenten consensuar en la mesa de diálogo social.

La propuesta de la contrarreforma laboral que comenzó a elaborar en 2018 el departamento que entonces dirigía Magdalena Valerio ya obtuvo el visto bueno de los sindicatos, con quienes firmó un preacuerdo a finales de ese año. De aquella propuesta se intentaron suavizar después algunos de los aspectos más polémicos en la negociación que se mantuvo con PNV y PDeCAT, cuyos votos eran imprescindibles para sacar adelante estos cambios en el mercado laboral. Finalmente no se llegó a un acuerdo por la falta de tiempo debido a la precipitación del adelanto electoral y la presión de la patronal, pero aquella contrarreforma blanda se ha recuperado ahora como guía básica.

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No en vano, Yolanda Díaz inauguró con el PNV su ronda de contactos con los grupos parlamentarios tras ser nombrada vicepresidenta tercera. En el encuentro celebrado en Sabin Etxea con el presidente del Euzkadi Buru Batzar, Andoni Ortuzar, y el portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, se abordaron "las reformas que van a ser necesarias para afrontar la salida de la crisis causada por la pandemia del covid y para generar empleo de calidad y para la juventud". Díaz volvió bajo el brazo con la predisposición del PNV para modificar "los aspectos más lesivos de la reforma laboral", uno de los vectores del plan de recuperación.

Tras la "acogida favorable" de Bruselas al plan del Gobierno en la reunión que mantuvo esta semana la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, se han lanzado mensajes contradictorios. Si bien Díaz relaciona "derogar la reforma laboral" con "cumplir el acuerdo de Gobierno", donde solo se incluye eliminar algunos de los artículos considerados más lesivos, también ha admitido durante una entrevista en la Cadena SER que "no se va a volver a 2007".

Fuentes de Unidas Podemos reconocen que el concepto "derogar la reforma laboral" es una expresión más política que jurídica y que finalmente se optará por una reforma laboral blanda, pero ajustada al programa de coalición. En ello habría tenido que ver tanto la necesidad de buscar consensos internos en el gobierno de coalición como en las circunstancias actuales de la economía. Un pragmatismo que, sin embargo, enmarcan en una revisión de las prioridades políticas de la coalición que todavía deben cerrar con sus socios de gobierno. Lo que viene a decir que no hay cesiones si no se ofrece nada a cambio.