El fiscal rechaza investigar la cita de Redondo y Madí para el reparto de los fondos UE
El juez Joaquín Aguirre alertó a la Fiscalía de la UE de un posible delito en el reparto de las ayudas de Bruselas, pero el fiscal se opone a la práctica de nuevas diligencias al no apreciar indicios de irregularidades
El fiscal anticorrupción del caso Voloh, Fernando Maldonado, se opone a que la Fiscalía de la Unión Europea investigue una reunión restringida en la que Iván Redondo habría adelantado a un pequeño grupo de empresarios catalanes los detalles del reparto de los 140.000 millones de euros de ayudas de Bruselas. Uno de los participantes en ese encuentro fue el ex alto cargo de Convergència e intermediario David Madí, imputado en la causa.
El instructor del caso, el juez Joaquín Aguirre, considera que la cita pudo servir para pactar de forma opaca la asignación de los fondos de la UE. El pasado 28 de julio, dictó un auto para dejar esta parte de las diligencias en manos de la Fiscalía europea, competente para investigar desvíos de dinero de los presupuestos comunitarios, ante la sospecha de que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, entre otros.
La pista clave salió de una llamada telefónica efectuada el 20 de octubre de 2020 en la que se escucha a Madí contarle a otro empresario, Joan Ferran Oliva, que acababa de reunirse con el exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez. "Y tuvimos una reunión, de pequeño comité, con Iván Redondo, ¿vale? Y nos lo explicó allá... Eso será una merienda de negros... Los planteamientos son 140.000 millones de euros", aseguró Madí. El juez decidió remitir el atestado a Bruselas para que la Fiscalía de la UE dilucide las posibles responsabilidades penales de ese episodio.
Sin embargo, el fiscal Maldonado se ha opuesto a la inhibición adhiriéndose al recurso que había planteado la defensa de Madí contra el auto, al considerar que no se desprende ningún elemento censurable de la conversación. “Que comparte plenamente los argumentos expuestos en el escrito del recurso, por cuanto de la lectura y audición de la conversación habida entre el recurrente, David Madí, y Joan Ferran Oliva, el 20 de octubre de 2020, no puede inferirse la existencia de ningún tipo delictivo, por lo que no puede atribuirse su competencia a ningún otro órgano judicial o fiscal”, señala el representante del Ministerio Público, antes de hacer suyos los argumentos del investigado.
En concreto, según el fiscal, esa conversación solo habla de las “expectativas de un nuevo tipo de negocio consistente en ofrecer a sus clientes, como han hecho otras consultoras, la posibilidad de articular proyectos para optar a las ayudas europeas por todos conocidas”. Por ello, sostiene que no debe “iniciarse una investigación penal cuando ni siquiera los hechos controvertidos constituyen delito, so pena de convertirse en una investigación prospectiva ajena a un Estado de derecho al conculcar los más elementales derechos de toda persona a no ser investigada por la mera arbitrariedad de los poderes públicos”.
"Sospechas fundadas"
No es la primera vez que el fiscal Maldonado se opone a la práctica de diligencias de investigación. En 2020, ya se opuso a las propias intervenciones telefónicas que permitieron detectar la reunión con Redondo, al no apreciar suficientes indicios de delitos. La Audiencia Provincial de Barcelona respaldó finalmente el pasado febrero las escuchas argumentando que eran necesarias para hacer “progresar la investigación” judicial y dictaminó que constaban “sospechas fundadas” de que se habrían producido diversos delitos.
El pasado septiembre, la Audiencia Provincial volvió a validar otra decisión del juez Aguirre. En ese caso, los acusados se habían opuesto al envío a la Audiencia Nacional de la parte de la investigación relacionada con la organización de Tsunami Democràtic. El fiscal Maldonado también rechazó la inhibición porque, en su opinión, la medida carecía de “la más mínima motivación fáctica y jurídica”. Pero los magistrados de la Audiencia resolvieron que del sumario se desprenden “indicios bastantes” de que las personas investigadas participaron en las protestas contra la sentencia del 1-O, unos incidentes que se instruyen en el Juzgado Central número 6.
Por último, el fiscal también se opuso a que el juez Aguirre investigara la implicación de la mano derecha de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, en una oscura operación de venta de combustible ruso a una mercantil china. Maldonado consideró nuevamente que esa averiguación era prospectiva, pero la Audiencia Provincial avaló al instructor asegurando que la diligencia es “necesaria, útil y pertinente” para aclarar si la operación es una “pantalla de financiación ilegal”.
El fiscal anticorrupción del caso Voloh, Fernando Maldonado, se opone a que la Fiscalía de la Unión Europea investigue una reunión restringida en la que Iván Redondo habría adelantado a un pequeño grupo de empresarios catalanes los detalles del reparto de los 140.000 millones de euros de ayudas de Bruselas. Uno de los participantes en ese encuentro fue el ex alto cargo de Convergència e intermediario David Madí, imputado en la causa.
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