El Gobierno retrasa el calendario para la ley de vivienda por el cambio de prioridades

Casi tres meses después de que se cumpliese el plazo comprometido para llevar al Consejo de Ministros la ley de vivienda, las negociaciones sobre el texto amenazan con entrar en una vía muerta. Están estancadas y la aprobación de la ley ha descendido varios peldaños en el 'ranking' de prioridades políticas de la coalición. "Sin cambios", "sin avances", "sin novedades" o celebrando "reuniones técnicas", sin entrar a discutir el aspecto de la norma que más distancia a socialista y morados —los mecanismos para regular los alquileres—, son los mensajes cada vez más escépticos que transmiten desde los equipos negociadores.

Los socios parlamentarios del Gobierno, que entre sus condiciones para apoyar los Presupuestos pactaron modificaciones legislativas sobre los desahucios que recogería la futura ley de vivienda, asumen ya que la ley se "pospone", que se retrasaría a septiembre. Los cambios en el calendario previsto se han ido sucediendo, primero por las diferencias entre los socios de gobierno y ahora porque ha pasado a un plano más secundario frente a la negociación de otras reformas incluidas en el plan de recuperación económica, como la laboral, la fiscal o las pensiones.

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En Unidas Podemos, el mando para las negociaciones de esta ley ha pasado de Ione Belarra a Yolanda Díaz. Esta última ha evitado definir todavía las nuevas prioridades programáticas de su espacio ante lo que define como un reinicio de la legislatura. "Es muy prudente", explican fuentes de su grupo parlamentario para justificarlo. Uno de los asistentes a la primera reunión del grupo parlamentario celebrada bajo el liderazgo de Díaz explica que no se aterrizaron ni prioridades ni calendarios, que "no se habló de política como objeto", añadiendo que la sensación fue la de un encuentro que habría pecado de "artificioso".

Los morados habían convertido la aprobación de esta ley, con la máxima de regular los alquileres, en una línea roja desde que Pablo Iglesias arrancó este compromiso el pasado mes de noviembre tras amenazar con no apoyar el borrador presupuestario. Línea roja que se intensificó ante las dificultades para llegar a un consenso, hasta el punto de llegar a plantarse repitiendo aquello de que "lo pactado obliga".

Se pretende introducir en el procedimiento "criterios objetivos" para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica

Durante uno de sus últimos actos institucionales como vicepresidente, en el marco de la firma del acuerdo social sobre el refuerzo del sistema de dependencia, Iglesias dejó un claro mensaje al subrayar que no cumplir el acuerdo de gobierno para regular el precio del alquiler era "faltar el respeto a los ciudadanos". Y concluía: "Un Gobierno es de izquierdas cuando cumple los compromisos firmados".

La aprobación del decreto para extender la moratoria de los desahucios sin alternativa habitacional y los alquileres hasta el 9 de agosto ha permitido ganar tiempo. En esta materia es precisamente en la que hay más consenso, junto a las medidas respecto a la vivienda vacía. Se llegó a un principio de acuerdo para ofrecer alternativa habitacional a las familias vulnerables, con dotaciones de realojamiento, "ya sean municipales, autonómicas, las previstas con recursos del Estado o las que puedan acordarse con el resto de administraciones o con el sector privado, evitando situaciones de desamparo como consecuencia del desalojo". Para ello, se pretende introducir en el procedimiento "criterios objetivos" para determinar las situaciones de vulnerabilidad económica, con independencia de los criterios que puedan establecerse para determinar la vulnerabilidad social, simplificando y agilizando el procedimiento, e identificar las situaciones a que se debe dar respuesta.

Sobre la movilización de la vivienda vacía, también se llegó a un principio de acuerdo para establecer recargos de hasta el 50% en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que los ayuntamientos podrían aplicar a su potestad "a aquellas viviendas vacías durante más de dos años, con un mínimo de cuatro viviendas por propietario, salvo causas justificadas de desocupación temporal, tasadas por la ley".

El principal escollo antes de que quedasen en punto muerto las negociaciones era la regulación de los alquileres, con los morados oponiéndose a que se hiciese vía deducciones fiscales. El plan 'España 2050', presentado el pasado jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se alinea con la propuesta de los socialistas al recomendar la creación de un marco fiscal orientado a favorecer tanto el incremento de la oferta de vivienda en alquiler a precios asequibles como el propio acceso de los hogares de rentas más bajas. En esta línea, el PSOE plantea rebajas de entre el 50 y el 90% del IRPF para "estimular el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles".

Las deducciones serían de hasta el 90% para quien rebaje en más de un 10% el precio del alquiler respecto al contrato anterior. Siempre que los alquileres se ubiquen en las zonas calificadas como tensionadas, que corresponden principalmente a los centros urbanos, zonas gentrificadas o con altos porcentajes de vivienda destinada al alquiler turístico. En el caso de un alquiler de viviendas a un precio limitado por una norma jurídica (vivienda protegida), la rebaja será del 60%, como en la actualidad, así como para el alquiler de viviendas recientemente rehabilitadas. De no incluirse el alquiler en ninguno de estos supuestos, el IRPF será del 50%, la base que se impondría en la nueva normativa de vivienda.

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Este plan de recomendaciones para encarrilar reformas estructurales se propone también establecer mecanismos de protección sobre el patrimonio público de vivienda, "así como reservas de suelo para vivienda protegida en alquiler". Precisamente, desde el ministerio competente, el de Transportes, se está trabajando en esta medida para la nueva ley de vivienda, que pasaría según los borradores por establecer un porcentaje mínimo del 50% para vivienda protegida en alquiler dentro del suelo de reserva para vivienda sujeta a algún régimen de protección público. En territorios como Madrid, es obligatorio que el 50% de todos los nuevos desarrollos tenga algún tipo de protección, por lo que se blindaría que una de cada cuatro viviendas se destinase al alquiler social o a "precio limitado".

La ley sigue acumulando retrasos sobre los plazos comprometidos, mientras que el diagnóstico del que parte el propio plan presentado este jueves es tajante: "Habrá muchas personas que no podrán acceder a una vivienda digna y adecuada sin el apoyo del Estado, por lo que se cree que la demanda potencial de vivienda social en España casi se duplicará en la próxima década, pasando de los 1,5 millones de viviendas que algunos estudios calculan necesarias en la actualidad, a 2,6 millones en 2030".