Iglesias pone como línea roja regular los alquileres y el PSOE pide seguir negociando
Se trata de un acuerdo del programa de coalición y al que se llegó también con otros socios de investidura para aprobar los Presupuestos. De incumplirse votarán en contra de la ley
La regulación de los alquileres es una línea roja para Unidas Podemos. Si no se establecen mecanismos en la futura ley de vivienda para limitar los precios en las zonas especialmente tensionadas no apoyarán en el Congreso la norma. Varios de los socios de investidura tampoco. Se trata de uno de los acuerdos del programa de coalición y al que se llegó también con ERC y EH Bildu para aprobar los Presupuestos.
La propuesta que el PSOE puso sobre la mesa de negociación con Unidas Podemos para incentivar las bajadas de precios a través de bonificaciones fiscales recibió un rotundo rechazo. Se entiende que no obliga y que, además, supondría una suerte de subvención a los grandes propietarios para cubrir con dinero público lo que dejaría de ganar por evitar subidas en el alquiler o, a lo sumo, rebajar en un 10% los actuales contratos.
Los morados insisten en la necesidad de establecer penalizaciones y en movilizar la vivienda vacía no con recargos en el IBI, sino con "un nuevo impuesto estatal a la vivienda vacía con tramo autonómico". "No nos moveremos de lo firmado en el acuerdo programático", explican fuentes cercanas a las negociaciones, al tiempo que llaman la atención sobre la presión que tanto desde los ministerios de Hacienda como desde el de Economía se está realizando sobre Transportes, departamento dirigido por José Luis Ábalos y a quien ven "con más sensibilidad" para abordar la problemática de los alquileres. "Lo que se está proponiendo es mantener la burbuja, pagarla entre todos y subvencionar a la economía rentista", concluyen.
Durante un acto institucional, en el marco de la firma del acuerdo social sobre el refuerzo del sistema de dependencia, el todavía vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, subrayaba que no cumplir el acuerdo de gobierno para regular el precio del alquiler es "faltar el respeto a los ciudadanos". Y continuaba: "Un gobierno es de izquierdas cuando cumple los compromisos firmados".
Acto seguido, lanzaba una advertencia a sus socios de Gobierno: "La libertad en una sociedad democrática no es libertad de imponer unos alquileres a precios abusivos. No hay libertad si una familia no puede acceder a una vivienda digna, y decir esto es cerrar filas con un principio constitucional", concluía remarcando que la vivienda "no es solo un bien de mercado, es un derecho". La ministra de Igualdad, Irene Montero, por su parte, advertía que no apoyaría la ley en el Congreso si se presentaba de acuerdo a la última propuesta del PSOE. Desde las juventudes del partido morado —Rebeldía— se sumarán a las manifestaciones previstas para este sábado junto a otros colectivos por el derecho a la vivienda en varias ciudades para reclamar una regulación de los alquileres.
Desde el PSOE reconocen que existen discrepancias sobre los mecanismos, pero subrayan que coinciden en el objetivo y que su posición también pasa por regular los alquileres. Piden seguir negociando, como así está previsto, con una reunión la próxima semana. De hecho, los equipos técnicos del Ministerio de Transporte y de la Vicepresidencia Segunda han seguido trabajando.
"La negociación va a seguir", indican desde Unidas Podemos, aunque ponen en duda que pueda continuar si no se replantean las propuestas. Todo ello cuando el acuerdo para los Presupuestos establecía como límite para llevar la futura norma al Consejo de Ministros en febrero y comenzar a tramitarla en el Congreso este mes de marzo. Si la campaña de las catalanas ya llevó al PSOE a dejar en punto muerto las negociaciones, ahora se teme que pueda a volver a pasar lo mismo con la campaña de las elecciones a la Comunidad de Madrid. De no resolverse este conflicto, se convertirá en un arma arrojadiza en campaña.
Tras la reunión celebrada este miércoles, desde la secretaría de Estado de Asuntos Sociales, que lidera las negociaciones con el Ministerio de Transporte, concluían que la propuesta de los socialistas "no solo incumple el acuerdo de Gobierno por no incluir la regulación de precios del alquiler, sino que además es antisocial al promover que quien más tiene, y más ha contribuido a hinchar la burbuja, se beneficie en mayor medida de estos incentivos sostenidos con el dinero de todos y todas". Desde el PSOE reconocen que existen discrepancias sobre los mecanismos, pero subrayan que coinciden en el objetivo y que su posición también pasa por regular los alquileres.
La propuesta del Ministerio de Transportes, que ha sido coordinada con el Ministerio de Hacienda, se sostiene sobre la base de que una mejora de la regulación del IRPF "estimulará el alquiler de vivienda habitual a precios asequibles". Para ello se propone establecer en los nuevos contratos de arrendamiento un porcentaje de reducción general del 50%, que actualmente se sitúa en el 60%, y que este porcentaje sea modulable. En las zonas consideradas tensionadas, la rebaja será del 70% por incorporación al mercado de vivienda en alquiler habitual, incorporación a planes de vivienda social, cesión o alquiler a entidades sin ánimo de lucro o alquiler a jóvenes entre 18 y 35 años. Se contempla también el supuesto de reducciones para quien alquile a familias con ingresos reducidos, pero el porcentaje en este caso todavía no se ha determinado.
Las reducciones serán de hasta el 90% para quien rebaje en más de un 10% el precio del alquiler respecto al contrato anterior. Siempre que los alquileres se ubiquen en las zonas calificadas como tensionadas, que corresponden principalmente a los centros urbanos, zonas gentrificadas o con altos porcentajes de vivienda destinada al alquiler turístico. En el caso de un alquiler de viviendas a un precio limitado por una norma jurídica (vivienda protegida) la rebaja será del 60%, como en la actualidad, así como para el alquiler de viviendas recientemente rehabilitadas. De no incluirse el alquiler en ninguno de estos supuestos, el IRPF será del 50%, la base que se impondría en nueva normativa de vivienda.
De cara a movilizar las viviendas vacías, el PSOE se plantea hacerlo a través de recargos de hasta el 50% en la cuota del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), que los ayuntamientos podrían aplicar a su potestad. Se trata de una posibilidad que ya recoge la ley reguladora de haciendas locales desde 2004, pero que nunca se ha podido desarrollar por la falta de una definición homogénea a nivel estatal del concepto de vivienda vacía. Ahora, coincidiendo con las negociaciones en el seno del Gobierno para la futura ley estatal de vivienda, se pretende acabar con esta indefinición, precisando el concepto y características de una vivienda vacía para que los tribunales no tumben, como hasta ahora, el intento de algunas entidades locales a la hora de poner en práctica este recargo. La propia jurisprudencia da cuenta de la necesidad de regular esta cuestión con una norma estatal.
La regulación de los alquileres es una línea roja para Unidas Podemos. Si no se establecen mecanismos en la futura ley de vivienda para limitar los precios en las zonas especialmente tensionadas no apoyarán en el Congreso la norma. Varios de los socios de investidura tampoco. Se trata de uno de los acuerdos del programa de coalición y al que se llegó también con ERC y EH Bildu para aprobar los Presupuestos.