El nuevo Govern de ERC y JxCAT dotará a los catalanes de una identidad digital propia
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una especie de copia del modelo de Estonia

El nuevo Govern de ERC y JxCAT dotará a los catalanes de una identidad digital propia

Se compromete a “dotar a la ciudadanía de Cataluña de una identidad digital que permita una base digital más democrática, privada, segura y competitiva”. Es decir, un censo propio

placeholder Foto: El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès (i), conversa con el diputado de JxCAT Joan Canadell. (EFE)
El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès (i), conversa con el diputado de JxCAT Joan Canadell. (EFE)

El documento firmado entre ERC y JxCAT para la formación del nuevo Gobierno catalán recoge una de las obsesiones de Carles Puigdemont y, en general, uno de los objetivos del independentismo en los últimos años. En uno de sus puntos, se compromete a “dotar a la ciudadanía de Cataluña de una identidad digital que permita una base digital más democrática, privada, segura y competitiva”.

La propuesta se pone en la agenda de las dos fuerzas que gestionarán la Administración autonómica apenas unas semanas después de que el propio Carles Puigdemont, a través del Consell per la República, pusiese en marcha el DNI republicano, un intento de crear una identidad digital ajena a la oficial española. Con esa iniciativa, esperaba hacer un censo propio de ciudadanos, aunque en este caso estaba limitado a los partidarios de la independencia o a los que se apuntasen a la lista y pagasen sus correspondientes 12 euros. En ocasiones, los dirigentes soberanistas han reconocido que la intención última era realizar un censo de partidarios de la república para operar al margen de la Administración española.

Foto: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. (Reuters)

La iniciativa tiene su razón de ser. Tanto para la consulta del 9 de noviembre de 2014 como para la del referéndum del 1 de octubre de 2017, uno de los escollos con que se enfrentó el soberanismo fue la ausencia de una base de datos propia para saber a quién llamar a las urnas.

Los independentistas se encontraron con que no podían utilizar el censo electoral de las convocatorias normales, puesto que en ese caso hubiesen cometido un delito penado también por las legislaciones internacionales. Para soslayar el problema, los organizadores echaron mano de diversas bases de datos, algo que todavía está siendo investigado: se cruzaron datos que provenían de los municipios con datos de la Administración central e incluso hay algunos documentos que aluden a las bases de datos de la sanidad para poder controlar a la población en activo. Si esos archivos se reúnen ahora en una sola base digital, el problema habrá desaparecido, ya que el censo catalán será independiente del censo del resto de España.

Críticas de la oposición

“La intención es evidente: el establecimiento de un censo propio es una idea que llevan acariciando hace tiempo, y de hecho tanto la consulta del 9-N como el censo universal que quisieron hacer servir para el 1 de octubre demuestran que la falta de una base de datos fiable es uno de los talones de Aquiles del independentismo”, critican fuentes de la oposición a El Confidencial. "Con esta pretensión, lo que se busca es tener un censo para futuras convocatorias, con la agravante de que luego puede tener derivaciones más perversas que pasan por el control de la ciudadanía". También resaltan que todo lo relativo a los datos personales entra dentro de un terreno muy sensible “que puede vulnerar la Ley de Protección de Datos”.

Foto: Recuento de papeletas en uno de los colegios de Barcelona a la finalización de la jornada de referéndum del 1 de octubre. (EFE)

Hasta ahora, el Govern ha estado estudiando cómo aplicar la digitalización a los planes que tiene Puigdemont. El ‘expresident’ fugado ha tomado como modelo a Estonia, que se convirtió primero en república digital y luego alcanzó la independencia de Rusia en la década de los noventa. Esa hoja de ruta ha sido sopesada para poder aplicarla en Cataluña. En cierto modo, el carné republicano, que otorga el Consell per la República, es el primer paso, aunque adolece de los mismos fallos que tuvo el proceso del país báltico: el carné solo ficha a los partidarios del secesionismo.

Pero los catalanes tienen una ventaja: cuentan con el aparato administrativo de la Generalitat, que está en sus manos, y la cosa cambia. De ahí que en el documento de pacto de gobierno se especifique que lo que hará el Govern es “adaptar el modelo de gobernanza y la gestión de las estructuras ejecutivas a las necesidades actuales y a los retos del ámbito digital”, al mismo tiempo que aboga por “promover políticas activas de capacitación digital para los servidores públicos de la Generalitat” y pretende, por último, “implantar el sistema de gobierno digital para integrar la visión transversal del nuevo modelo de gobierno que ha de ser digital, abierto, transparente, ágil, participativo y orientado en el acceso a la información”.

Foto: Imagen del documento ficticio distribuido por el Consell de la República que dirige Carles Puigdemont desde Bélgica. Su precio, 12 euros.

En otro de los puntos de su documento, ERC y JxCAT se comprometen también a “impulsar la extensión de la democracia digital y el voto electrónico para mejorar la calidad democrática y la participación ciudadana”. De este redactado, se desprende que esa identidad digital sería, en realidad, un censo. Y el voto digital, por otro lado, despierta recelos. “Si es para hacer lo mismo que los independentistas hicieron en la Cámara de Comercio de Barcelona, mejor que todo se quede como está”, acusan desde la oposición.

El voto electrónico sirvió para controlar la principal institución del comercio y la empresa con solo un puñado de votos, pero al mismo tiempo les permitió anular votos de los rivales que, a la postre, significaron la victoria del soberanismo, en unas elecciones que la propia Fiscalía calificó de pucherazo y cuya legalidad está en entredicho.

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En el documento aludido, sin embargo, los soberanistas se comprometen a “promover mecanismos y herramientas para velar por que las plataformas digitales y las instituciones respeten los principios básicos de sus usuarios, establecidos en la Carta Catalana de Derechos Digitales y en el reglamento general de protección de datos europeo”. Además, aboga por “potenciar los instrumentos de los que se dispone para hacer frente a los retos crecientes en ciberseguridad, reforzando la especialización, mejorando la inversión y capacitación de sus recursos”.

Y, además de impulsar un plan estratégico de infraestructuras digitales y dar cobertura 5G a todos los núcleos de población, se compromete a “impulsar un debate social y, si acaso, la reforma legislativa necesaria que permita a la Generalitat ofrecer servicios públicos proactivos más personalizados, avanzando en la prevención y la predicción mediante la analítica de datos y tecnologías avanzadas, siempre respetando la privacidad y una gestión ética de los datos”. En la oposición, no se lo acaban de creer: “La identidad digital puede servir para hacer listas de catalanes buenos y catalanes malos y, en resumen, para tenernos a todos mucho más controlados. Estaremos atentos a cómo desarrollan estos puntos”, alertan las fuentes de la oposición.

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