El DNI de Puigdemont es copia de un documento segregador de Estonia de 1989
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una fórmula para obtener dinero fácil.

El DNI de Puigdemont es copia de un documento segregador de Estonia de 1989

El documento se vende a 12 euros si se obtiene en su forma física, y a seis euros si el pagano lo quiere en formato digital, es decir, en el móvil

placeholder Foto: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. (Reuters)
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. (Reuters)

El 'documento de identidad republicana' que la pasada semana comenzó a comercializar el fugado Carles Puigdemont está copiado literalmente del documento digital que tres asociaciones de Estonia lanzaron al mercado en 1989, antes incluso de que este país se independizase de la URSS en 1991. Ese documento, conocido popularmente como el ‘pasaporte Ramussen’, fue luego legalizado por el primer Gobierno independiente estonio y paulatinamente sustituido por diversas actualizaciones del mismo, aunque los originarios todavía están en vigor.

La idea del DNI catalán que se ha sacado de la manga Puigdemont obedece, en primer lugar, a una fórmula para obtener dinero fácil. El documento se vende a 12 euros si se obtiene en su forma física, y a seis euros si el pagano lo quiere en formato digital, es decir, en el móvil. Más allá de para presumir de tenerlo, el carné no sirve para nada. “La idea partió de un alto cargo de la Generalitat, acérrimo de Puigdemont. Pero los que somos de la vieja escuela e independentistas de verdad no le vemos ninguna utilidad”, reconoce un veterano militante soberanista a El Confidencial.

Otro simpatizante subraya que “Cataluña, hoy por hoy, es una región de España. No somos Estado ni tenemos medios para hacer un DNI propio. Esto parece una broma, aunque solo se debe a una estrategia equivocada de Puigdemont, que se ha deshecho ya de sus antiguos colaboradores y cuenta con nuevo equipo”. Lo cierto es que la estrategia de la república digital catalana está copiada punto por punto de lo que hizo Estonia a finales de los ochenta, justamente antes de independizarse de Rusia.

En ese momento, un partido político y dos asociaciones crearon un Comité Ciudadano que repartió carnés de ciudadanía a sus acólitos. Ese comité es el espejo en el que se mira el Consell per la República que preside el propio Puigdemont en Waterloo. El músico Vardo Rumessen fue el que tuvo la idea, en febrero de 1989, de crear un documento de identidad estonio.

Foto: El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. (Reuters)

Todo el que lo comprase pasaría a engrosar el censo de la futura república que se independizaría de Rusia. Así, se apuntó a ese censo la mitad de la población. Era una manera de elaborar un censo propio para unas elecciones en las que solo se permitiría la participación de los simpatizantes y que permitiría la victoria del independentismo. Esa ‘nacionalización’ tuvo su plasmación en el DNI creado al efecto: los que hablaban estonio, recibieron un documento de color azul; los que no hablaban ese idioma, de color verde. Y los funcionarios rusos o los miembros del aparato soviético no tenían derecho a tener carné de Estonia.

Catalanes buenos y malos

Este es el dilema que se plantea en Cataluña. Según algunos borradores de determinadas leyes de ruptura, los funcionarios de instituciones del Estado o los miembros de las fuerzas de seguridad españolas no tendrían derecho a la ciudadanía catalana en caso de independencia, lo que despierta críticas incluso dentro de las filas independentistas, que consideran que eso es un recorte de los derechos de los ciudadanos. Se trataría, en todo caso, de dividir a los catalanes en ‘buenos’ y ‘malos’, aunque desde el punto de vista soberanista.

Foto: Parlament de Cataluña. (iStock)

En el independentismo, hay opiniones para todos los gustos. Algunos apuntan que “el mundo digital es el verdadero peligro que tiene España con el separatismo, porque se puede crear una estructura paralela que España no puede controlar”. Pero en otros círculos se rebaja esa máxima: el verdadero peligro, admiten, es la segregación ideológica que puede producirse. Y hay escépticos: “La cuestión no está en la independencia en sí, sino en tener potestad de Estado. Si nos lo creemos o no. Con ese documento, pensado para sacar dinero exclusivamente, no vamos a ningún lado”, explica a El Confidencial una fuente independentista crítica con esa estrategia.

Sus defensores subrayan que el precedente estonio nació de una iniciativa no institucional, sino ciudadana, como la identidad digital de Puigdemont, antes de ser adoptado como documento oficial el 28 de enero de 1993. El exsocialista Germà Bel, uno de los reconvertidos ‘gurús’ de la independencia, llamó a pedir masivamente el DNI de Puigdemont: “Después de años invirtiendo tiempo, energías y recursos en imposibles (reformar España, pedir amnistía para los presos, exiliados…), ahora tocan cosas menos perfectas y menos improbables. Ya tengo el carné del Consell per la República”. Bel afirmó: “Basado en mi experiencia y conocimiento del adversario institucional, el Estado [fue tres años asesor de ministro y cuatro años diputado con grado], es la única herramienta que tenemos para debilitar internacionalmente al rival institucional. Sobre todo, después de la imbecilidad de investir a Sánchez (¡y gratis!)”.

Foto: El Consell per la República se reúne en Waterloo. (EFE)

Para Koldo Pereda, un activista (funcionario y referente en las redes sociales, con casi 56.000 seguidores) con gran predicamento entre las filas soberanistas, “en el fondo, estamos hablando de un sistema que se inventaron los estonios para controlar el censo e impedir que los colonos rusos (20%) pudieran interferir en el futuro de Estonia. Ahora, algunos los llamarían fascistas nacionalistas”. Desde las filas independentistas, no obstante, matizan que en el carné de Puigdemont no se hacen las segregaciones ‘nacionales’ e idiomáticas que viciaban el original estonio, por lo que no se pueden comparar en ese sentido.

Pero la elaboración de un censo fue, en realidad, lo que intentó Puigdemont con la creación del Consell per la República. Se trataba, por supuesto, de un censo independentista 100%: su equipo esperaba que un millón de catalanes se apuntase al Consell, por lo que tendría un doble beneficio: un censo propio para justificar y legitimar cualquier iniciativa y una fuente de ingresos. De hecho, los activistas del Consell pagan un mínimo de 10 euros por su matrícula y una cantidad igual, con carácter ‘voluntario’, al año. Con eso, Puigdemont se aseguraba 10 millones anuales de ingresos. Pero después de tres años largos, el número de activistas apuntados se sitúa en menos de 95.000, aunque no todos cotizan anualmente, por lo que los ingresos están muy por debajo de las expectativas.

La reacción de Canadell

La iniciativa desató incluso comentarios jocosos en los ambientes soberanistas. Joan Canadell, diputado de JxCAT y expresidente de la Cámara de Comercio, fue uno de los que arremetieron desde el primer momento contra los críticos: “¿Alguien puede buscar cuántos independentistas estonios se mofaron del ‘pasaporte Ramussen’? Es para poner a cada uno en su sitio”, lanzó por Twitter el ácido parlamentario. Pero no hay que olvidar que su empresa, Petrolis Independents, es una de las que patrocinan y apoyan públicamente el nuevo carné de Puigdemont.

El también fugado Toni Comin, exconsejero de Salud, aplaudió en las redes el invento y añadió que el Consell per la República estudia la articulación de una ‘red de cónsules’ por todo el planeta para realizar una labor de diplomacia paralela a la del Gobierno español e incluso a la de la Generalitat, que consideran ‘intervenida’ por España. “Es una bravuconada. La Generalitat, con todos los fondos que tiene, no ha sido capaz de montar una red sólida de ‘embajadas’ y ahora nos viene el Consell a decir que va a crear una red consular. ¡Pero si están abandonando a su suerte a los ‘casales’ catalanes que hay por todo el mundo! El 'casal' de Madrid, por ejemplo, se está muriendo de hambre. No hay dinero ni desde el Govern para repartir entre los centros. Ni siquiera se aprovecha la potente red de oficinas comerciales del Copca que se había montado en su tiempo en los cinco continentes. ¡Y dicen que vamos a tener cónsules por todos los rincones! Todo esto es pura propaganda, pero que luego no se trasladará a la práctica”, admite un alto dirigente independentista escéptico con el anuncio.

95.000 afiliados

Aun así, la emisión del carné de Puigdemont ha sido un aliciente para engrosar la lista de afiliados al Consell per la República. De hecho, el 6 de abril, el día en que se lanzó el documento, el Consell tenía 92.950 afiliados. A última hora de la tarde de este miércoles, la cifra era de unos 95.000, lo que significa un aumento de unas 2.000 personas, que han tenido que apoquinar los 10 euros de la cuota del Consell y 12 euros del carné. Ello supone casi 45.000 euros de ingresos en esta semana.

Objetivamente, es una cantidad respetable, pero insuficiente, ya que, según fuentes independentistas, ese dinero se lo come el alquiler mensual del palacete donde vive Puigdemont en Waterloo. Y donde seguirá viviendo. Es más: una de las fuentes consultadas por este diario apunta incluso a que el fugado ha sondeado la posibilidad de que su familia se traslade a Waterloo para estar todos juntos, ya que tiene el convencimiento de que no va a poder volver a España en mucho tiempo. El mayor escollo hasta ahora es el trabajo de su esposa, Marcela Topor, que cobra 6.000 euros mensuales por una entrevista en la cadena pública XAL. Y ese es un salario difícil de igualar en otro lado.

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