El independentismo prepara un nuevo asalto: el colegio de abogados de Barcelona

El independentismo prepara dos ofensivas consideradas vitales en su hoja de ruta: el control del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y el de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), dos de las principales instituciones catalanas. Este ‘asalto’ se complementa con el de otros colegios profesionales que irán a elecciones próximamente y que se utilizarán para desgastar al Gobierno español tanto institucional como internacionalmente.

Esta planificación resulta de una estrategia dirigida desde plataformas independentistas, entre ellas, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), para hacerse con el control de entidades cívicas y profesionales con las que provocar confrontación institucional. Tras la Cámara de Comercio y la Universidad de Barcelona, el independentismo intentó el control de la patronal Pimec, la segunda de Cataluña, pero fracasó. No se ha desviado del objetivo pese a este revés y el independentismo mantiene la hoja de ruta trazada para tomar el control del mayor número posible de instituciones.

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Los comicios en la UPC se celebrarán próximamente. “Nos posicionaremos de manera valiente ante las injusticias y la pérdida de derechos y el absolutismo actualmente encarnados en la actuación del Estado autoritario que padecemos”, dice una comunicación de la plataforma Re-Pública UPC difundida este pasado lunes. Un internauta les preguntaba: “¿Denunciaréis las malas praxis de gente que va en la lista de Dani Crespo?”. No hubo respuesta. Dani Crespo es el candidato que se reserva el independentismo para dominar la UPC.

Crespo se verá las caras con Francesc Torres, candidato y actual rector de la UPC. La proclamación de candidaturas se hará el próximo 27 de abril y la campaña durará desde el 29 del mismo mes al 12 de mayo; la votación será del 14 al 19 de mayo. En diciembre pasado, el independentismo ganó las elecciones al claustro de la Universidad de Barcelona. “Siguiendo los pasos en la UB, ha nacido Re-Pública UPC. Es un perfil claramente independentista. Por tanto, podéis ayudarnos y hacer difusión sin complejos”, reseña un mensaje en las redes sociales del colectivo soberanista universitario.

Un comunicado de la plataforma Re-Pública UPC, que apoya a Crespo, señala que “la universidad es una institución que ha de garantizar el conocimiento, la cultura y la libertad de pensamiento en todos los ámbitos, que son la base del sentido crítico propio del ser humano”. En las aulas universitarias, no obstante, los actos y conferencias de las entidades no independentistas son periódicamente boicoteados y los órganos de dirección callan. “Actualmente, padecemos una judicialización de la política y de las instituciones académicas, que son fiscalizadas cuando deciden por mayoría denunciar las represiones sociales e individuales”, advierten los soberanistas.

Politización de las universidades

Esta alusión hace referencia a las sentencias judiciales que recriminan a las universidades su parcialidad y el posicionamiento político, una característica exclusiva de las universidades catalanas: en todos los países democráticos, las universidades son foros libres donde se exponen ideas y teorías sin boicots y que oficialmente no toman partido por una causa política. “Son necesarios posicionamientos valientes y críticos ante las injusticias, la pérdida de derechos y el absolutismo. El claustro ha de ser plural y poder decidir en materia académica, de promoción laboral y en cuestiones generales y particulares que afectan a toda la sociedad”, señala el comunicado citado.

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La nota acaba afirmando que “rechazamos cualquier decisión que pretenda coartar la libertad de opinión de los profesores y del claustro universitario y hacemos extensiva nuestra solidaridad a los compañeros de la UPF y de la UB”, en referencia a las dos sentencias que certifican la falta de libertad de expresión en esas dos universidades y la vulneración de derechos fundamentales en ambas. Sus oponentes critican que esa libertad que reclaman para los miembros del claustro es la que sus rivales de la comunidad universitaria reclaman a la hora de exponer sus ideas dentro de los recintos académicos y que los independentistas boicotean cotidianamente. La plataforma soberanista se presenta a estas elecciones con el reclamo de que “es una candidatura por una universidad pública al servicio del país y de las personas”.

El Colegio de Abogados de Barcelona

En el Colegio de Abogado de Barcelona, uno de los más importantes de la capital catalana, se está dando una pugna similar. En esta institución, el independentismo confía en Gonçal Oliveros para dominar el poder a partir de mediados de junio, cuando habrá elecciones internas. Se presenta como una candidatura “que no es ni independentista ni españolista”, pero las redes sociales hierven con el nombre del candidato soberanista. Sus principales puntos de enganche con el electorado son “impulsar el catalán en los tribunales y la defensa firme de los derechos fundamentales”.

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Desde las plataformas independentistas, se ‘vende’ esta candidatura como una opción de “abogados soberanistas y progresistas” con el fin de desalojar de la institución a la actual decana, Maria Eugènia Gay, hija de Eugeni Gay, que también fuera decano del Colegio y vicepresidente del TC. Oliveros lleva en su lista como uno de los puntales a Sergi Blázquez, presidente del colectivo Drets, el grupo de letrados ultraindependentistas que ha dirigido las principales ofensivas jurídicas contra el 'Estado español' en los últimos años. De la lista se ‘cayeron’ en los últimos días nombres de renombre, como el de Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont, y el de Jordi Domingo, ultraindependentista con gran predicamento en los círculos soberanistas. Esa ‘suavización’ de las listas no quita, sin embargo, carga ideológica a la candidatura.

El colectivo independentista inició una campaña sin precedentes dentro del Colegio de Abogados cuando, en un acto institucional en 2018, el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent, politizó el acto denunciando la parcialidad de la Justicia, hablando de presos políticos y reivindicando la inocencia de los acusados el 1-O. La decana le recriminó la politización de ese acto y los abogados independentistas le hicieron cruz y raya.

Boicot tras boicot

A partir de ahí, la persecución contra Gay ha sido constante. El independentismo intentó boicotear otro acto por haber invitado al mismo al fiscal Javier Zaragoza y boicoteó también otro más porque en él participaba el abogado José María Fuster-Fabra. En definitiva, ha ido aplicando una implacable labor de desgaste contra el equipo de gobierno los últimos años. El colectivo que apoya a Oliveros también reprocha a Maria Eugènia Gay el hecho de que no se haya posicionado a favor de los condenados por el 1-O y la acusan de ser españolista por haber permitido un acto de conmemoración del 40 aniversario de la Constitución española, al que fue invitado Alfonso Guerra.

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Los abogados de la candidatura de Oliveros quieren que el Colegio de Abogados de Barcelona 'se moje' en temas como los presos del 1-O, las acusaciones contra activistas e incluso la condena contra Pablo Hasél. Temas en los que, opinan sus rivales, la entidad debe mantener una impoluta neutralidad, habida cuenta la pluralidad de ideologías y afinidades que hay en su interior. Además, propugnan que en los actos del ICAB no intervengan personalidades ‘unionistas’. Pero, aun así, desde sus filas se afirma que la candidatura “no es independentista” y reclaman que lo que buscan es la “regeneración democrática y volver a ser fieles servidores de la sociedad civil”, según expusieron el pasado viernes los impulsores.

En la página de Facebook creada para impulsar la candidatura soberanista al ICAB, se expone que la lista está compuesta “por 16 candidatos, ocho hombres y ocho mujeres, una manera gráfica de apostar por la igualdad”.

La candidatura de Oliveros, según este letrado, tiene varias líneas de trabajo: mantener las cuotas, optimizar los recursos, suprimir gastos innecesarios e instaurar el voto electrónico (echa en cara a la actual junta el invertir 400.000 euros en una web, pero los abogados no tienen voto electrónico); propugna que el Colegio ha de ser un prestador de servicios para sus colegiados, y pide amparar la dignidad de los profesionales. “Ha de ser un 'lobby' de la profesión en un mercado con una competitividad cada vez más agresiva”, asegura.