El Supremo confirma que la universidad catalana vulnera la libertad de expresión

Fue David contra Goliat. Y ganó David. En este caso, David es el catedrático Andrés Betancor, y Goliat, la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Como todas las universidades catalanas, la UPF aprobó el 21 de octubre de 2019 el ‘Manifiesto conjunto de las universidades catalanas de rechazo a las condenas de los presos políticos catalanes y a la judicialización de la política’.

Era un posicionamiento puramente político que se solidarizaba con “la presidenta del Parlament [Carme Forcadell], el presidente de Òmnium Cultural [Jordi Cuixart] y el expresidente de la ANC [Jordi Sànchez]”, que llamaba a la “movilización pacífica, cívica y democrática” y exigía la “inmediata puesta en libertad de las personas injustamente condenadas o en prisión provisional, el sobreseimiento de todos los procesos penales en curso relacionados y el retorno de las personas exiliadas”. Además, rechazaba “la represión y la violencia policial, que ya ha ocasionado graves lesiones a manifestantes”.

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Ese manifiesto coincidió con los graves disturbios protagonizados por comandos independentistas que hicieron arder las calles de las principales ciudades catalanas con el beneplácito de los partidos separatistas. Pero eso no fue todo. “Los impulsores llamaron a la prensa y se hicieron una foto entregando el manifiesto tanto a Quim Torra, presidente de la Generalitat, como a Roger Torrent, presidente del Parlament, todo ello en medio de un proceso electoral, por lo que muchos profesores y miembros del colectivo universitario comenzaron a hacer oír sus quejas por la utilización política del tema”, explica a El Confidencial Isabel Fernández, portavoz de la plataforma Universitaris per la Convivència.

El catedrático Ricardo García Manrique llevó el tema de la Universidad de Barcelona (UB) a los tribunales y ganó el recurso: un juzgado de lo contencioso-administrativo sentenció que la institución había vulnerado la libertad ideológica y de expresión de los miembros del colectivo de la universidad y dejaba claro que el deber de las instituciones universitarias es mantener una exquisita neutralidad, como ocurre en el resto de democracias. Esa sentencia fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La UPF ha de pagar las costas

Pero una de las quejas tomó otros derroteros: el catedrático Andrés Betancor llevó el manifiesto de la Pompeu Fabra a la Junta Electoral Central, que el 20 de noviembre de 2019 recriminó a las universidades el abandono de la exigible neutralidad política. La Pompeu recurrió al Supremo, que ahora le da la razón al catedrático y que, además, condena a la Pompeu Fabra a pagar las costas del procedimiento.

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Recuerda el alto tribunal que el claustro de una universidad pública no es en absoluto ajeno a la entidad de la que forma parte como órgano institucional de ella y que, “a diferencia de los ciudadanos, no goza del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama el artículo 20 de la Constitución, sino que su actuación aparece vinculada al cumplimiento de los fines que les asigna el ordenamiento jurídico”.

Parece evidente, pues, que los claustros universitarios catalanes se extralimitaron en su función, arrogándose competencias que no les eran propias y vulnerando las libertades ideológica y de expresión. El Supremo hace suyos los planteamientos de la Junta Electoral Central de que el manifiesto no solo vulneró el artículo 103.1 de la Constitución, “sino que, además de manera más específica, contravino la prohibición establecida en el artículo 50.2 de la Loreg [Ley Orgánica del Régimen Electoral General]. Dicho precepto prohíbe que cualquier entidad pueda, durante los periodos electorales, difundir mensajes que coincidan con el de alguna de las formaciones políticas concurrentes a un proceso electoral, utilizando la organización o financiación directa o indirecta de los poderes públicos”.

"El claustro de una universidad pública no puede abandonar la neutralidad para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte"

En definitiva, la sentencia recoge que “el claustro de una universidad pública, como órgano de representación de una comunidad universitaria, no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte desconectadas de los intereses universitarios a los que debe servir”.

Isabel Fernández señala que el auto del Supremo “es un espaldarazo que se suma al reconocimiento que nos hizo también el defensor del pueblo y a la sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo de Barcelona sobre la UB”. La docente universitaria explica que “lo que vienen a decir las sentencias es que una universidad no puede posicionarse políticamente en nombre de sus miembros. Los claustros no deben tener pensamiento oficial, sino que deben ser solo foros de ideas donde se debata. Por eso, pensamos que el manifiesto va en contra de la esencia de lo que pretendemos”.

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Además, subraya que el mismo manifiesto fue aprobado por todas las universidades catalanas. “Eso quiere decir que alguien lo llevó a los claustros y también que fue una operación programada y política”.

Òmnium Cultural utiliza a los rectores

Este varapalo a los dirigentes docentes que deberían respetar la pluralidad ideológica coincide con otro percance reciente: la pasada semana, Òmnium Cultural reunió a los rectores de las universidades públicas catalanas y les hizo posar con sendas pancartas en las que se leía ‘Amnistia. Fem-nos lliures’ (‘Amnistía. Hagámonos libres’). La entidad soberanista sacaba pecho de que todos los rectores y “más de un centenar de académicos reclaman la amnistía”. El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, resaltaba que “es evidente el gran consenso de país a favor de la amnistía. Las universidades de nuestro país, una de las piezas clave para la salida de la crisis económica y social que padecemos, han vuelto a demostrar que están siempre al lado de los derechos y las libertades”.

Mauri no tenía en cuenta las sentencias judiciales que dejan en evidencia sus palabras y la actitud de los rectores universitarios. Y tampoco mira más allá de las fronteras catalanas, donde las universidades nunca han entrado en el juego político de otras instituciones. Para Isabel Fernández, la actitud de los rectores es, como mínimo, inusual. “No pueden presentarse en un acto partidista como rectores. Podrían hacerlo de manera individual, pero no como rectores, porque lo que pretenden es transmitir que en nuestros campus existe una especie de pensamiento único oficial, alineado con las reivindicaciones del poder nacionalista. De su actitud cabría colegir que todos los universitarios están pidiendo la amnistía y eso no es verdad. Yo soy miembro de un claustro, pero no he sido elegida por mis ideas, sino para defender unos derechos docentes, no políticos. Ellos deberían hacer lo mismo. Además, resulta inaudito que pidan la amnistía y el indulto, cuando los indultos generales están prohibidos por la Constitución”, explica Isabel Fernández a este diario.