Castells cuestiona la sentencia contra la UB y se alinea con el independentismo

La sentencia sobre la necesidad de que las Universidades guarden la preceptiva neutralidad como instituciones -igual que ocurre en la mayoría de las democracias del mundo- ya ha llegado al Gobierno español. El ministro de Universidades, Manuel Castells, nombrado al ser parte de la cuota de los comunes, echó leña al alinearse con los independentistas y rechazar la sentencia que condena a la Universidad de Barcelona de vulnerar la libertad ideológica, de expresión y de educación.

La sentencia apela a la obligada neutralidad de las universidades (al no ser órganos de representación política). En el manifiesto aprobado hace ahora un año, la UB se solidarizaba con los presidentes de la ANC y de Òmnium Cultural condenados, así como con los demás presos ‘indepes’ y pedía también el retorno de los ‘exiliados’, rechazando la sentencia del 1-O y llamando a la movilización ciudadana contra el fallo del Supremo. Esa sentencia, la primera de estas características en España, afirma que la Universidad de Barcelona (UB) vulneró los derechos de libertad ideológica, de expresión y de educación.

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Castells, cuyo curriculum no esconde su trayectoria de activista político, compareció en la Comisión de Universidades del Senado a petición de ERC y de JxCAT y rompió una lanza a favor del independentismo y de la UB, arremetiendo contra la sentencia. El ministro afirmó en la cámara alta que la sentencia colisiona con los derechos a la libertad de expresión y a la autonomía universitaria y subrayó que pronunciarse sobre cuestiones de interés social forma parte del “pensamiento crítico universitario y de la función social de la Universidad”.

El ministro de los comunes contribuye así al agrandamiento de la brecha ministerial entre el PSOE y Podemos. Hace un año, cuando se aprobó el manifiesto ahora objeto de debate, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, salió en defensa de los docentes que se quejaban de la politización. “Mi total apoyo a los profesores que exigen la retirada de los manifiestos en las universidades catalanas. No podemos permitir que las ideas de unos se conviertan en la mordaza de otros. Contra el control ideológico y por la convivencia en la Universidad”, clamó Pedro Duque. Su compañero de gabinete, ahora, dice lo contrario: apuesta por el control ideológico y por la politización de una institución que en ningún país del mundo interviene nunca en debates públicos ni, mucho menos, elabora comunicados o manifiestos políticos.

El tema es tan profundo que incluso el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, envió una carta a todos los rectores de las universidades catalanas pidiendo la no politización de estas instituciones. En un tono académico y conciliador, Marugán explicaba que estas instituciones deben respetar la diversidad ideológica “sin asumir o presentar como propia de la institución una determinada posición ideológica”.

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Petición de una reunión

La postura del ministro Castells dio pie a que Universitaris per la Convivència, el grupo que impulsó la denuncia contra la UB (del que forman parte los catedráticos y profesores que presentaron la misma: Ricardo García Manrique, José Andrés Rozas, Chantal Moll de Alba, Rafael Martínez y el estudiante Daniel Tolosana), le enviase una carta en la que le solicitan una reunión “para darle a conocer personalmente nuestra posición sobre este tema, que nos parece de mucha importancia no sólo para la Universidad de Barcelona, sino para cualquiera de las españolas”.

Le explican los docentes que “somos muy conscientes de que la Universidad goza del derecho fundamental a la autonomía (…) sin embargo, la invocación de la autonomía universitaria no puede ser la cobertura de actos como la aprobación del manifiesto impugnado (…) por tanto, es contradictoria invocar la autonomía universitaria, o la naturaleza política de la Universidad, a la hora de justificar una supuesta capacidad de las universidades para constituirse en sujetos del debate político. No sólo porque no es ésa la función que tienen asignada socialmente, sino porque asumir ese rol impropio les impide cumplir el que les es propio”.

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Le recuerdan a Castells que “difícilmente podrá la Universidad fomentar el pensamiento libre y crítico de sus integrantes cuando, al mismo tiempo, opta de manera institucional por una opción política determinada, trasmitiendo el mensaje de que esa opción es la mejor y más deseable, además de la mayoritaria. La libre expresión de las ideas por parte de profesores, alumnos y demás personal universitario se ve así dificultada por la actividad institucional de la Universidad cuando esta toma partido en vez de mantenerse neutral ante el debate”.

También aseguran los docentes que el manifiesto no debió ser sometido a deliberación y aprobación pro el claustro porque su contenido “es incompatible con algunos de los principios básicos del sistema constitucional y del estado de derecho, entre ellos el imperio de la ley, la separación de poderes y la independencia judicial”. De ese modo, confrontan la reivindicada ’independencia universitaria’ con la ‘independencia judicial’, rechazando que la primera pueda anular a la otra. En definitiva, lo que está en discusión es si alguien tiene la legitimidad de vulnerar las normas democráticas apelando a una ‘libertad’ pero, para ello, pisotea la ‘libertad’ de los otros.

Queja por un debate sesgado

El ministro Castells tendrá que enfrentarse también a una batería de preguntas en el Congreso, ya que Ciudadanos ha pedido su comparecencia para que explique su posicionamiento en este tema. Tras las interpelaciones, la formación ‘naranja’ tiene previsto presentar mociones para censurar al ministro por tomar partido, atacar a la justicia y apoyar la politización de instituciones que deben ser neutrales.

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El tema ha provocado también que la profesora Isabel Fernández Alonso interpusiere una denuncia ante el Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), el organismo que supuestamente vigila la neutralidad de los medios de comunicación. La profesora explica que el 5 de octubre, en el canal 324 (el que emite las 24 horas del día) de TV3, se sacó a colación el tema de la sentencia, con unas características peculiares: para empezar, se dio la noticia de la sentencia pero sólo se recogieron declaraciones del rector de la UB, que fue la condenada. Luego, tuvo lugar un debate con tres contertulios independentistas que cuestionaron la sentencia, a veces en tono muy despectivo y ligándola a la visita de Felipe VI a Barcelona.

Señala Fernández en su denuncia que el perfil de los tertulianos “en modo alguno refleja la pluralidad ideológica existente en la sociedad catalana, hasta el punto que uno de ellos, Joan Queralt, que es quien valoró con detalle la sentencia (con asentimiento de Bel Olid y Antoni Gelonch) es miembro del Colectivo Praga, cuyos planteamientos con respecto a la neutralidad institucional están en las antípodas de los que sostiene Universitaris per la Convivència”.

El Colectivo Praga es una plataforma independentista extremista cuyos postulados chocan con la Constitución y que se ha posicionado con las acciones más radicales del independentismo los últimos años. La profesora advierte la necesidad de transmitir información veraz objetiva, equilibrada y respetuosa con el equilibrio político, social, cultural y territorial y subraya que el libro de estilo de la Corporación Catalana de Medios audiovisuales (CCMA) propugna el equilibrio de puntos de vista. Recuerda también que la web del programa ‘Més 324’ se define como un “espacio de debate en el que se confrontan ideas y puntos de vista sobre temas de interés y actualidad”. Claro que esa confrontación de ideas y ese debate de los puntos de vista pareció existir, aunque sólo fuese entre independentistas. Así, Fernández pide al CAC que verifique el veto del programa a los promotores de la denuncia y que abra un expediente para conocer por qué la televisión pública se decantó por presentar sólo la versión soberanista del problema.