La ‘guerra de las universidades’ catalanas se traslada a las instituciones europeas

La ‘guerra de las universidades’ se ha trasladado a las instituciones europeas. Tras la sentencia del 30 de septiembre pasado del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Barcelona en la que fallaba que la Universidad de Barcelona vulneró el derecho a la libertad ideológica, de expresión y de educación, el independentismo ha iniciado una cruzada para internacionalizar el conflicto.

La sentencia hacía referencia a la aprobación por el claustro del ‘Manifiesto conjunto de las universidades catalanas de rechazo a las condenas de los presos políticos catalanes y a la judicialización de la política’. De hecho, en los principales países de nuestro entorno o en las democracias del planeta, las universidades se mantienen, como instituciones, en una estricta neutralidad política. En Cataluña, no obstante, el independentismo aplica la consigna de politizar todas las instituciones. Tanto que, de hecho, se han editado manuales para politizar, incluso, los puestos de trabajo de cada ciudadano y hacer proselitismo desde ellos.

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La sentencia, pues, fue aprovechada para cargar las tintas contra un “Estado autoritario”, a pesar de que la decisión fue de un juzgado de lo contencioso administrativo. La oportunidad de la sentencia llevó a 24 eurodiputados (el Parlamento Europeo tiene 705 diputados) a pedir a la Comisión Europea que proteja “la libertad de expresión y de pensamiento de las universidades catalanas”, en una dura carta donde arremeten contra el juez y mezclan tendenciosamente conceptos y protagonistas, dando a entender que el juez que falló en su contra es solo un instrumento del Gobierno español.

En su misiva, los 24 eurodiputados señalaban que en España “no existe el principio de neutralidad” que debe mantener la universidad y que el juez “viola el derecho fundamental al autogobierno de la universidad, el principio de representación de los órganos de gobierno de la universidad y la libertad de expresión de los representantes universitarios. La sentencia parece confirmar la deriva autoritaria de las instituciones españolas, que amenaza las libertades democráticas y los valores universitarios”.

También piden a las instituciones europeas que pidan a las “autoridades españolas” que “no interfieran en cualquier resolución o manifestación debidamente aprobada por los académicos”. La carta fue enviada el pasado miércoles 28 de octubre a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión europea; a Vera Jourova, vicepresidenta de Valores y Transparencia, y a Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud.

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El viernes 30, no obstante, el colectivo Universitaris per la Convivència envió otra misiva a las mismas dirigentes (Von der Leyen, Jourova y Gabriel) en la que rebate las afirmaciones de los independentistas. “En primer lugar, las autoridades españolas nada tienen que ver con esta reclamación que formulan los eurodiputados nacionalistas. El detonante es una sentencia judicial, instada por cuatro miembros de nuestro colectivo, que condena a la Universidad de Barcelona”, explica la misiva. Y detalla que el manifiesto aprobado “reproduce el discurso separatista y contribuye a degradar nuestro modelo democrático de convivencia, llegando a pedir que se libere a los líderes nacionalistas encarcelados tras sentencia firme”.

También recuerdan desde Universitaris per la Convivència que “nuestro ordenamiento jurídico es claro al señalar que ‘la Administración pública sirve con objetividad los intereses generales’ y la jurisprudencia de los altos tribunales españoles ha establecido hace ya tiempo que ese precepto debe interpretarse como incluyendo el principio de neutralidad”. Recuerdan, además, que no solo fueron los tribunales sino también el defensor del pueblo quien ha alertado de la utilización partidista de las universidades.

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También subrayan que la libertad de expresión, tal y como reiteradamente ha resuelto el Tribunal Constitucional, “es un derecho cuyos titulares son exclusivamente los individuos, nunca las instituciones. En el caso de una universidad resulta, además, contrario a sus fines más esenciales fijar una especie de pensamiento oficial, y más aún ante cuestiones que generan una enorme controversia social, como es la independencia (o no) de Cataluña. Defendemos, por el contrario, que los campus sean punto de encuentro y debate entre las diferentes sensibilidades existentes en nuestra sociedad, algo que no es posible si las universidades no respetan el principio de neutralidad”.

Por último, explican que los órganos de representación del gobierno de la universidad no son órganos de representación política. “Sus miembros no han sido elegidos por su ideología, sino por sus propuestas para gobernar nuestras universidades. Carecen, por tanto, de legitimidad para pronunciarse en nombre de todos sobre cuestiones no académicas”.

Universitaris per la Convivència afirma que “se ha articulado una campaña coordinada entre las diferentes fuerzas nacionalistas” y que este colectivo quiere contrarrestarla “porque están en juego derechos fundamentales y esto, además, en un entorno que ha de servir para el encuentro y debate respetuoso entre todas las sensibilidades existentes. Jamás la universidad puede tener una ideología oficial, so pena de renunciar a su esencia misma”.