El caso Dina agoniza, pero mantendrá aún en vilo el futuro judicial de Pablo Iglesias

El Supremo trajo este miércoles buenas y malas noticias para Pablo Iglesias. El líder de Podemos vio cómo el tribunal se decidía por archivar, de momento, el procedimiento en su contra por la tarjeta del móvil de su antigua asesora Dina Bousselham, descartando así una próxima imputación. La decisión, sin embargo, tiene letra pequeña, e implica devolver la causa al instructor original, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que acordará nuevas diligencias para concretar los indicios de tres delitos: revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa. En cualquier caso, la tarea que encarga el Supremo no tiene mal pronóstico para el vicepresidente, pues, en gran medida, deja su futuro en manos de Bousselham.

Para sostener que Iglesias debía ser investigado por estos tres delitos, García-Castellón se remonta a las ocho de la tarde del 1 de noviembre de 2015, cuando Bousselham y su marido, Ricardo Antonio de Sa Ferreira, denunciaron ante la comisaría de Alcorcón que, estando a punto de salir del Ikea ese mismo día, a él le robaron su abrigo azul. En su interior, según el atestado policial, guardaban las carteras de ambos, sus dos móviles y documentación. La tarjeta micro-SD del móvil de Bousselham supuestamente llegó a 'Interviú' en un sobre anónimo en enero de 2016 y, tras ver su contenido, Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta, editora de la revista, llamó a Iglesias y se la devolvió el día 20 de ese mes. A partir de ahí, el posible uso que el actual presidente dio a la tarjeta lleva a plantear su imputación por revelación de secretos.

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La clave para entender que Iglesias puede ser investigado por este delito pasa por saber que no entregó de forma inmediata la tarjeta a Bousselham, quedándosela así durante meses. En una entrevista a RNE, el líder de Podemos indicó que, tras recuperar el dispositivo a través de 'Interviú', decidió no dárselo inmediatamente porque ella lo estaba pasando mal en aquella época y prefirió "quitarle presión". Ante esta argumentación, el Supremo apunta a que ahora todo depende de su exasesora: García-Castellón debe comprobar si Bousselham quiere denunciar a Iglesias por acceder a datos privados de su intimidad y preguntarle "si el aforado Pablo Iglesias contaba con su autorización para que ese día examinara sin restricciones el contenido de su tarjeta de memoria y restara en su posesión", explica en el auto notificado este miércoles.

"Si manifiesta ahora que consiente, tolera y acepta que aquel hubiera entrado en conocimiento de todos los documentos, fotografías, incluidas las íntimas y personales, archivos y comunicaciones contenidos en la tarjeta de su titularidad, pues de haber conocido que iba a hacerlo le hubiera otorgado su expreso consentimiento", el primero de los delitos caería por su propio peso.

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En cuanto al segundo delito, el de daños informáticos, el instructor destacaba que, cuando Iglesias finalmente devolvió la tarjeta a Bousselham, la micro-SD ya no funcionaba. Si el vicepresidente tuvo acceso al contenido de la tarjeta y meses después entregó la misma destruida, García-Castellón considera que hay que investigarle por ello. En un intento de aclarar quién se encuentra tras la destrucción, el magistrado ha puesto el foco, entre otros aspectos, en cómo la pareja de Bousselham envió la tarjeta a una empresa de Gales en 2017 para recuperar su contenido. El pasado julio, esta empresa confirmó al juez que la tarjeta estaba "físicamente intacta" cuando la recibieron y se responsabilizan de parte de los daños que presenta ahora por las técnicas que emplearon, pero García-Castellón considera que Iglesias debe ser imputado igualmente.

Por el momento, el Supremo no lo tiene tan claro y apunta a que se debe ahondar más en este aspecto. Con esa tesis como telón de fondo, Bousselham vuelve a ser determinante; el alto tribunal sostiene que debe ser oída de nuevo respecto a este punto para averiguar si pudo o no pudo acceder a sus datos cuando Iglesias se la devolvió. A lo largo del procedimiento, Dina ha dado distintas versiones al respecto. En declaración en sede judicial, dijo que nunca pudo abrir el dispositivo, pero en un escrito de mayo cambió el relato para indicar que consiguió abrirla una sola vez y después ya no pudo: "Debo decir que inicialmente cuando se me entregó funcionaba, y comprobé que en su interior estaban contenidos de mi teléfono". "Tras lo anterior, cuando volví a tratar de acceder a ella, dejó de funcionar", señalaba en el mismo.

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A la vista de estas contradicciones, el Supremo también reclama una ampliación de la pericial informática para aclarar los motivos por los que la tarjeta está ahora inutilizada. Según explica en su auto, resulta necesario averiguar cuál fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, 'inservibilidad' o inaccesibilidad de los archivos que contenía, y si es posible, proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso. Salvo que ese último acceso arroje conclusiones claras, este extremo tampoco debe preocupar al vicepresidente. Si Bousselham mantiene que pudo acceder a ella cuando Iglesias se la devolvió, el vicepresidente en principio queda fuera de toda sospecha. "Obviamente, resulta necesario que sea oída al respecto por el juez de instrucción", subraya el Supremo.

Denuncia falsa

Una vez expuesta esta idea, el alto tribunal aborda entonces el delito de denuncia falsa y se muestra tajante al respecto. En primer lugar, porque considera que García-Castellón no ha cumplido con todos los pasos necesarios antes de plantear esta posibilidad. En su auto, apunta en concreto que hay exigencia previa de un requisito de procedibilidad que no se ha cumplido: el que establece que no podrá procederse contra el denunciante o acusador, en este caso el propio Iglesias, sino tras sentencia firme o auto también firme, de sobreseimiento o archivo del juez o tribunal que haya conocido de la infracción imputada, lo que no aparece en la exposición razonada y, por tanto, impide la apertura del proceso penal por razón de este delito. Sus dudas, sin embargo, no se limitan a los tiempos seguidos por el instructor.

Según explica, García-Castellón plantea una denuncia falsa al considerar que Iglesias accedió a la micro-SD y vio capturas de pantalla hechas por la propia Bousselham, que en la Audiencia Nacional reconoció haber enviado a terceros conversaciones privadas que no dejaban en buen lugar al vicepresidente. Apoyándose en esta idea, el instructor parte de que la exasesora mintió al ser consciente de que las capturas que replicaban los medios eran las que ella había enviado, tesis que para el alto tribunal presenta lagunas. Al fin y al cabo, poco después de que Asensio entregara la tarjeta a Iglesias en enero de 2016, el comisario José Manuel Villarejo se enteró de que tenían esta información y se la pidió al director de la publicación, Alberto Pozas, que lo interpretó como un requerimiento policial y le dio un USB con el contenido de la misma.

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Esta entrega paralela del contenido de la tarjeta abre la puerta a que llegara a los medios a través del entorno de Villarejo y no del vicepresidente. "En la determinación del origen de los archivos procedentes de la referida tarjeta de memoria publicados en diversos medios, sin indicios concluyentes, se abandonan diversas líneas de investigación, para abogar como realidad acaecida una concreta alternativa sin mayor plausibilidad, sin investigación específica de las fechas de los archivos de origen (y sin atender a las coincidencias de julio de 2016 como de creación)", critica el Supremo en su auto.

De esta manera, imputar a Iglesias por los dos primeros delitos que plantea García-Castellón depende en gran medida de la propia Bousselham, mientras que el último exige resolver incógnitas que llevan más de dos años en el aire. En cualquier caso, el archivo no es definitivo, pero desde Podemos solo se quedaron este martes con las buenas noticias, sin valorar las malas. En distintas declaraciones, pusieron el acento en el archivo de un asunto, como cuando Pablo Echenique defendió que la idea de imputar a su líder era una "aberración jurídica". "Nunca existió el caso Dina, sino únicamente la causa sobre el comisario José Manuel Villarejo", sostienen en el partido.

Rafa Mayoral, portavoz de la formación, fue un paso más allá. Reprochó a García-Castellón su postura —que "pone en peligro el prestigio de la Justicia"— y aseguró que la resolución sobre Iglesias vuelve "a poner las cosas donde estaban", que es en la red de "espionaje ilegal" contra Unidas Podemos y "el escándalo internacional" que supuso la "investigación ilegal a un dirigente político".