Los técnicos de Gales confirman que la tarjeta de Dina Bousselham era inaccesible

En septiembre de 2017, la tarjeta del móvil de Dina Bousselham era inaccesible. Su pareja, Ricardo Sá Ferreira, envió el dispositivo a una empresa de Gales, pero los técnicos fueron incapaces de acceder a su contenido mediante un 'software' especializado. En un informe de 40 páginas al que ha tenido acceso El Confidencial, explican que la tarjeta estaba "físicamente intacta" cuando la recibieron y se responsabilizan de parte de los daños que presenta ahora, pero dejan en el aire cómo se destruyó la misma antes de que llegara a sus manos, tal y como sostiene el juez del caso Villarejo. Tras fracasar los primeros intentos, ofrecieron entonces a Sá Ferreira un plan B que superaba los 600 euros y le explicaron que, pese al precio, el éxito no estaba garantizado: "A pesar de los numerosos intentos de identificar el problema, no logramos llegar a una solución efectiva en su caso", se justificaron. El 18 de octubre, Sá Ferreira rechazó la oferta y pidió que le enviaran la tarjeta de vuelta a Madrid. Hasta ahí llegó el papel de los técnicos de Gales.

Para entender la llegada de la tarjeta a Reino Unido, hay que remontarse al 1 de noviembre de 2015, cuando Bousselham y su pareja denunciaron un hurto en el Ikea de Alcorcón y, entre otras pertenencias, perdieron el móvil de ella. Dos meses después, la micro-SD llegó a 'Interviú', que decidió no publicar nada. Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta, editora de la revista, llamó a Iglesias y le devolvió la tarjeta el 20 de enero de 2016, fecha en que el líder de Podemos comprobó el contenido de la misma en la redacción. Días después, José Manuel Villarejo se enteró de que tenían esta información y se la pidió al director de la publicación, Alberto Pozas, que lo interpretó como un requerimiento policial y le dio un USB con el contenido que había guardado en su ordenador, entrega por la que ambos están imputados en la Audiencia Nacional.

En lugar de avisar a Bousselham de que había recuperado la tarjeta, Iglesias se quedó la misma durante meses y, cuando finalmente se la dio, la micro-SD ya había sido destruida. El uso que pudo hacer de la información durante el tiempo que la tuvo en su poder es uno de los pilares sobre los que se apoya su posible imputación por un delito de revelación de secretos, a lo que se suma la sospecha de que incurriera en otro de daños informáticos: si el vicepresidente tuvo acceso al contenido de la tarjeta y meses después entregó la misma destruida, el magistrado considera que cabe investigar este posible delito, cuya autoría todavía debe aclararse. Para aclarar quién se encuentra tras la destrucción de la micro-SD y decidir si envía el caso al Supremo por la condición de aforado de Iglesias, el magistrado pone el foco, entre otros aspectos, en cómo la pareja de Bousselham envió la tarjeta a una empresa de Gales en septiembre de 2017.

Sá Ferreira primero se puso en contacto con una empresa de Madrid llamada Recuperación Express, que a su vez tiene su sede en Gales. Su director, Arron James, ha enviado ahora un informe a la Audiencia Nacional en el que confirma que recibieron la tarjeta la mañana del 29 de septiembre en sus oficinas de Reino Unido y, tras fracasar en los intentos de recuperar sus datos, enviaron la misma de vuelta a Madrid el 30 de octubre. James resume el paso de la tarjeta por su empresa en tres pasos: "El dispositivo estaba físicamente intacto, no presentaba cortocircuitos y no se pudo acceder al mismo mediante nuestro 'software' especializado en recuperación de datos". "El revestimiento de plástico que cubría sus 'pins' se quitó para poder ver una fila de 'pins' (pero puede que se quitara una mayor parte del revestimiento)". "El dispositivo fue devuelto al cliente sin ningún cargo por la evaluación".

El informe de 40 páginas explica por tanto algunos de los daños que presenta la tarjeta que Bousselham entregó en 2019 ante la Audiencia Nacional. Al menos, parece justificar el raspado que puede verse en uno de sus laterales: "Esto se hace al quitar el revestimiento de plástico con una pluma de fibra de vidrio o papel de lija hasta que la 'huella' puede ser identificada". Pese a ello, la explicación de la empresa de Gales, donde la tarjeta permaneció 31 días, no aclara por qué era inaccesible cuando llegó a su laboratorio, cuestión clave a la hora de aclarar si el propio Iglesias destruyó la misma antes de entregársela a su exasesora. "Si los datos son recuperables con el 'software', se copian a un servidor y se informa al cliente. Si no se puede acceder a los datos utilizando el 'software', el dispositivo es examinado con el objetivo de conocer al detalle sus circuitos", explican. En este caso, al resultar inaccesible, optaron por la segunda opción, pero en ningún momento aclaran por qué era inaccesible.

A la espera de que avance la investigación, el magistrado del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ya insinuaba el pasado junio en un auto que el propio vicepresidente pudo destruir la tarjeta antes de devolvérsela a Bousselham: "El Sr. Iglesias afirmaba además que cuando verificó el contenido de la tarjeta, comprobó que las imágenes se habían capturado desde el teléfono de Dina. Esto mismo lo corrobora la propia Dina Bousselham, quien afirmaba en su declaración del 18 de mayo de este año que Pablo Iglesias sabía lo que había dentro de la tarjeta, porque él mismo se lo dijo", explicaba el magistrado, sugiriendo a continuación que fue destruida por el contenido de la misma: "Es probable que este último apunte [Iglesias sabía lo que había dentro] pueda ser la clave para entender no solo por qué Pablo Iglesias Turrión no devolvió la tarjeta a la Sra. Bousselham, sino lo más relevante: el estado en que se la devolvió".