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El Gobierno aparca el pacto con Cs y ERC y no reformará ahora las leyes sanitarias
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El plan sigue siendo el estado de alarma

El Gobierno aparca el pacto con Cs y ERC y no reformará ahora las leyes sanitarias

El Ejecutivo no modificará este verano las leyes sanitarias para articular una alternativa al estado de alarma en caso de que sea necesario un segundo confinamiento. Lo comprometido queda aplazado

Foto: Pedro Sánchez, el pasado 24 de junio, durante la primera sesión de control al Gobierno tras el fin de la alarma. (EFE)
Pedro Sánchez, el pasado 24 de junio, durante la primera sesión de control al Gobierno tras el fin de la alarma. (EFE)

O estado de alarma o estado de alarma. El Gobierno aún no se plantea recurrir de nuevo a él para controlar los 120 brotes de covid-19 activos en España, pero lo hará si la situación sigue empeorando y las comunidades autónomas no son capaces de contener la expansión del virus. No maneja ninguna otra alternativa. A pesar de acordar con Ciudadanos y ERC trabajar en la reforma de las leyes sanitarias para establecer una alternativa a esa figura legal, ahora ha aparcado esa idea. No hay plan B para decretar un confinamiento, una idea reforzada por el rechazo de la jueza al plan de la Generalitat para Lleida.

El acuerdo con Ciudadanos hablaba de reformas legales para establecer un mecanismo alternativo al estado de alarma, punto que también consensuó el Gobierno con ERC. El pacto con los independentistas [puede leerlo aquí] para la sexta y última prórroga del estado de alarma decía que "se analizará la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio y todas las leyes sanitarias, tales como la Ley de Salud Pública, con el fin de mejorar y, en su caso, articular un mecanismo alternativo al de estado de alarma, que pueda garantizar la cogobernanza con las CCAA e incrementar la protección de los derechos fundamentales y libertades ciudadanas ante una situación análoga a la padecida por los efectos del covid-19". Además de la Ley de Salud Pública de 2011, hay otras dos normas cuya reforma se puso sobre la mesa: la Ley General de Sanidad y la Ley de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, ambas de 1986.

Foto: Un joven practica deporte en el paseo marítimo de la Playa de Can Pere Antoni de Palma. (EFE)

"Estas reformas legales serán presentadas a la comisión de evaluación que se creará en el Congreso de los Diputados con la voluntad de ser tramitadas en un periodo de tres meses desde su creación para su aprobación", añadía el acuerdo con ERC. La comisión fue anunciada por Pedro Sánchez en el Senado a mediados de junio, pero aún no se ha puesto en marcha. Está prevista para el próximo periodo de sesiones, tras el verano. El dictamen de la comisión para la reconstrucción social y económica [aquí en PDF], pactado en su parte sanitaria por PSOE, Unidas Podemos y Cs, y que la semana que viene será llevado al pleno del Congreso, tampoco incluye referencias a una modificación de las dos leyes sanitarias de 1986. Sí habla de "desarrollar e implementar" la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.

Los cambios en teoría van a estudiarse en la comisión de evaluación, aún no creada. En la de reconstrucción, habla de desarrollar la ley de 2011


La única ley sanitaria que ha modificado el Gobierno es la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que sí puede ser modificada a través de un decreto ley. Eso fue lo que hizo el Ejecutivo con el decreto de nueva normalidad aprobado a principios de junio y convalidado con el apoyo incluso del PP en el Congreso. Esa norma regula las actuaciones coordinadas en salud pública que puede tomar el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud de España, opción incluida en el 'Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por covid-19' presentado este lunes [aquí en PDF].

Foto: Salvador Illa, ministro de Sanidad, el pasado 30 de junio en el Senado. (EFE)

Reformas de alcance "restringido"

Desde la Moncloa, señalan que ahora lo prioritario es "reaccionar rápido a los rebrotes concretos con consentimiento judicial". "Es lo suyo y lo práctico. Lo que no se podía hacer era confinar a todo el país por esa vía, pero los casos concretos se resuelven así", indican fuentes de primer nivel. La reforma de leyes sanitarias, el plan B, es considerada ahora por el Ejecutivo una fórmula "más lenta", ya que la tramitación de una norma que además modifique una ley orgánica (las que afectan a derechos fundamentales) es bastante larga, ya que no se puede hacer por decreto ley del Gobierno. "No hay que perder tiempo. Las comunidades tienen competencia para confinar y comunicarlo a los jueces", insisten. Es decir, que lo prometido con Cs y con ERC queda, de momento, aparcado. No obstante, la Moncloa ya llevaba manejando esta idea de modificaciones normativas desde mayo.

Lo prioritario, dice Moncloa, es "reaccionar rápido a los rebrotes concretos con consentimiento judicial". La reforma de leyes es una vía "más lenta"

Cuando se levantó la alarma, en junio, el Gobierno ya dejaba ver que las reformas legislativas son "limitadas" y con un alcance "restringido". El argumento que ha venido defendiendo el Ejecutivo es que cuando se trata de limitar derechos fundamentales —como la libre circulación de personas, que está recogida en el artículo 19 de la Constitución—, el marco jurídico más "garantista" y el que cuenta con el control del Congreso es uno, la declaración de estado de alarma. "No debemos engañarnos", decía el pasado día 23 la ministra portavoz, María Jesús Montero. "No hay sustituto" a un mecanismo constitucional que supervisa la Cámara y que impide que haya "abusos". Para el Gabinete de Sánchez, sería una solución más arbitraria una ley que permitiera al Gobierno confinar sin tener en cuenta al Parlamento. De ahí que el Ejecutivo haya ido arrastrando los pies, consciente de que no tiene, o eso defiende, mucha alternativa.

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Fuentes de Ciudadanos no consideran que el Gobierno haya incumplido el acuerdo, pero el partido naranja pretendía ir más allá. "Esto es solamente el principio del plan B, que es el decreto de nueva normalidad y la modificación de la ley de 2003 que se incluyó en él. Son dos cosas esenciales: la obligación de información a Sanidad que tienen las comunidades autónomas y las declaraciones de actuaciones coordinadas. También otras menos mediáticas, como la declaración de fin de epidemia", indicaron a este periódico estas fuentes de la cúpula naranja.

"No vamos a ser nosotros quienes le hagamos el trabajo al Gobierno, que es su responsabilidad. Pero ellos deberían haber sido ágiles, salvo que pensaran que con el decreto ley de nueva normalidad fuera suficiente como plan B. Pero nunca nos dijeron que lo consideraran suficiente, sino que lo estudiarían. El resumen es que han cumplido el acuerdo pero han sido bastante irresponsables", abundaron desde la dirección del partido de Inés Arrimadas.

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"Veremos si en un futuro disponemos de nuevos [instrumentos]", dijo este lunes el titular de Sanidad, Salvador Illa. "Los que tenemos ahora son suficientes para controlar la epidemia en esta fase. El papel preponderante corresponde a las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. Pero hay otras posibilidades, como actuaciones concertadas en salud pública si afecta a varias comunidades autónomas".

O estado de alarma o estado de alarma. El Gobierno aún no se plantea recurrir de nuevo a él para controlar los 120 brotes de covid-19 activos en España, pero lo hará si la situación sigue empeorando y las comunidades autónomas no son capaces de contener la expansión del virus. No maneja ninguna otra alternativa. A pesar de acordar con Ciudadanos y ERC trabajar en la reforma de las leyes sanitarias para establecer una alternativa a esa figura legal, ahora ha aparcado esa idea. No hay plan B para decretar un confinamiento, una idea reforzada por el rechazo de la jueza al plan de la Generalitat para Lleida.

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