El plan de Sanidad contra los brotes: actuará en las CCAA sin estado de alarma

El Gobierno no cree que la decisión de la jueza de no avalar el confinamiento decretado por la Generalitat para Lleida sea un revés para las comunidades autónomas en su lucha contra los brotes del covid-19. El Ejecutivo señala que ha habido otras decisiones judiciales favorables e insiste en que las regiones tienen los instrumentos necesarios para controlar el virus. De momento, sigue descartando la aplicación de un nuevo estado de alarma, pero prevé utilizar el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) para coordinar la acción entre diferentes comunidades.

Esa es una de las medidas recogidas en el 'Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por covid-19' [aquí en PDF], que presentará este mismo lunes a las comunidades y que prevé aprobar el jueves en el CISNS. Ese órgano, en el que están representados tanto el Gobierno central como los autonómicos, podrá aprobar medidas coordinadas que serán de obligado cumplimiento para las comunidades afectadas, siempre que sean dos o más. Por ese motivo, en una situación como la que actualmente se vive en Cataluña, el Gobierno no podría utilizar ese instrumento.

La Generalitat decretó un confinamiento para ocho municipios de la provincia de Lleida, pero una jueza anuló la medida al considerar que había copiado el decreto de estado de alarma de marzo y que la decisión excedía sus competencias. La reacción de Quim Torra ha sido anunciar la aprobación de un decreto ley para sortear el varapalo judicial. "No estamos de acuerdo con la decisión judicial. No la aceptamos. Y asumo las consecuencias que se deriven de esta postura", dijo el presidente catalán.

Como señala la jueza en su auto, cualquier comunidad puede solicitar al Gobierno un estado de alarma en una zona concreta o en todo su territorio, algo que no ha hecho el Gobierno catalán. Fuentes de Sanidad reconocen que es urgente tomar más medidas en Lleida, pero evitan la confrontación con la Generalitat. Solo cuando la situación se descontrolara y se vieran afectadas otras comunidades, en este caso Aragón, el CISNS podría aprobar una actuación sanitaria coordinada, una posibilidad que recoge la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud que el Gobierno modificó con una disposición adicional del decreto de nueva normalidad.

"En caso de que se considere necesario adoptar actuaciones coordinadas en salud pública que afecten a varias CCAA, corresponderá su declaración al Ministerio de Sanidad, previo conocimiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias de acuerdo con lo previsto en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS", explica el Ministerio de Sanidad.

"La declaración de actuaciones coordinadas obliga a todas las comunidades autónomas incluidas en ella y para su realización podrá acudirse a una serie de mecanismos, entre los que se encuentran la activación o diseño de planes y las estrategias de actuación para afrontar emergencias sanitarias", establece el 'Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por covid-19', un documento de 72 páginas que, además de articular la gobernanza en esta fase de la pandemia, también detalla las capacidades que deben tener las comunidades en materia de detección precoz, vigilancia epidemiológica, comunicación y reserva estratégica de material y medicamentos.