lo considera desproporcionado

La jueza tumba el plan de Torra para confinar a 159.000 personas en Lleida por el covid

Las nuevas medidas estaban entre el confinamiento total y el confinamiento domiciliario e iban a afectar a ocho municipios de una comarca que tiene 31 ayuntamientos

Foto: El Govern anunció un confinamiento en Lleida. (EFE)
El Govern anunció un confinamiento en Lleida. (EFE)

La Justicia ha anulado el plan de la Generalitat para confirnar ocho municipios de Lleida por el descontrol del covid. La medida, que debía entrar en vigor a medianoche, contó con la oposición del fiscal, que consideraba que sin estado de alarma no había aval legal para restringir los movimientos. La jueza de guardia le da la razón y considera que la Generalitat había copiado el estado de alarma y de forma indefinida, algo que excede sus competencias.

Ante el descontrol del covid en Lleida, que había desbordado todos los sistema de rastreo de la sanidad catalana, la Generalitat había improvisado un confinamiento intermedio. “No es un confinamiento domiciliario. Se diferencia en que con el confinamiento domiciliario solo podían salir de casa para servicios esenciales y tardamos un tiempo en permitir las salidas para paseos con niños. Aquí, lo hacemos con una visión integral de la salud: puedes salir con tus convivientes; puedes pasear, pero no generar contactos sociales con otras personas; no puedes desarrollar actividades sociales con otras personas en un lugar en el que la transmisión es alta”, aclaró este domingo la consejera de Salud, Alba Vergés, en una rueda de prensa convocada urgentemente en la tarde de este domingo.

Los primeros brotes tras el estado de alarma mostraron los límites legales para combatir el covid sin el respaldo legal del Congreso a la situación excepcional. En Aragón, Euskadi o Galicia, por ejemplo, las comunidades autónomas han emitido recomendaciones pero en puridad no estaban limitando movimientos. Esos derechos fundamentales se pueden limitar con aval judicial y pueden autorizar "confinamientos quirúrgicos", sobre zonas concretas o enfermos identificados.

La jueza de guardia, Elena García Muñoz, señala que la petición que hizo la Generalitat se basaba en un informe epidemiológico en la comarca. "Dicho informe nos introduce un nuevo bloque consistente en la situación epidemiológica de los municipios del Baix Segrià respecto de los cuales se pretende la adopción de medidas en la presente ratificación, señalando que la tasa de incidencia es de 216,3 por 100.000 habitantes pero sin tener datos anteriores sobre este bloque a los que comparar para justificar dicha proporcionalidad y gravedad".

La jueza señala que los datos aportados por el Ejecutivo catalán son pobres. "La proporcionalidad de esta gravísima medida limitativa y restrictiva de derechos debe basarse precisamente en la existencia de una grave y muy importante transmisión comunitaria del virus, en este caso, esta transmisión aparece en el informe de pasada, y mientras en el anterior informe de situación epidemiológica se hablaba de una posible transmisión, se utiliza la misma frase y líneas para ello que en el anterior informe y nos añaden que ahora la transmisión no es posible sino que existe y puede ser importante. No nos aportan ningún dato más, ni por qué es importante, si la importancia es extrema y grave, o en base a qué datos se puede determinar la existencia de esta peligrosa transmisión comunitaria, en definitiva, no existe motivación en datos ni en fundamentos, para establecer esta afirmación".

En su auto, considera que la medida que plantea la Generalitat es desproporcionada y que no ha justificado que haya transmisión comunitaria. "Todo ello hace concluir que las medidas pretendidas no solo no son proporcionales sino que se basan en datos y expresiones genéricas que hacen que una medida tan gravosa y restrictiva resulte indiscriminada a la par que desproporcionada, no habiéndose identificado ni limitado temporalmente la actuación administrativa pretendida, ni constando tampoco oposición expresa o tácita al cumplimiento de la medida sanitaria acordada de los destinatarios de la misma".

La Justicia paraliza el confinamiento domiciliario en Lleida y en otros siete municipios

La magistrada estima que la Generalitat no puede intentar sustituir el estado de alarma. "Entender que ese precepto permite unas medidas de tanta gravedad y de tantas consecuencias de todo tipo, pero especialmente sociales y económicas como las que se pide ratificar es inaceptable, especialmente porque precisamente el Estado tiene en sus manos los mecanismos legales oportunos para paliar sus efectos en caso de adoptarse ese tipo de medidas".

El auto supone un duro varapalo al Gobierno de Quim Torra, al que acusa de copiar el estado de alarma que tanto criticó

La decisión insiste en que la ley de medidas especiales en salud pública de 1986 contempla restricciones limitadas y proporcionadas. El auto supone un duro varapalo al Gobierno de Quim Torra, al que acusa de copiar el estado de alarma —que tanto criticó—. "La resolución presentada [por la Generalitat] parece una copia precisamente del Real Decreto 463/2020 de estado de alarma aunque, a diferencia de la declaración de estado de alarma, es además ilimitada en el tiempo (“….és vigent fins que es dicti una nova resolució que la modifiqui o la deixi sense efecte”) lo que agrava todavía más su contenido y consecuencias".

Junts, el partido de Torra, se opuso al estado de alarma en el Congreso, pero ahora lo copia sin tener competencias. La jueza resalta —en negrita y subrayado—: "Esta es una competencia estatal y se ejerce, además, con la garantía de la intervención del Congreso de los Diputados". Finalmente, recuerda a Torra que, como presidente autonómico, puede pedir al Gobierno de Sánchez que declare el estado de alarma.

La Generalitat había planteado que las medidas más restrictivas afectaran a casi 159.000 personas. “Hace semanas, activamos unas medidas en el Segrià y lo llevamos haciendo preventivamente. Ahora, la situación nos lleva a aumentar esas medidas (…) Las medidas aplicadas hasta ahora eran buenas. Las mantenemos, pero no son suficientes, porque hay un crecimiento muy pronunciado de casos detectados, de ahí que implantemos estas nuevas medidas antes del confinamiento total”, señaló Vergés.

Las medidas que quería aplicar estaban entre el confinamiento total y el confinamiento domiciliario y afectaban a ocho municipios de una comarca que tiene 31 ayuntamientos y 70 kilómetros de largo: las localidades son Lleida ciudad, Alcarràs, Aitona, Massalcoreig, La Granja d’Escarp, Torres de Segre, Seròs y Soses (además de los vecindarios de Suchs y Raimat). La situación es delicada, porque durante la semana pasada la evolución del covid había acelerado la situación a pasos agigantados hacia el confinamiento: 146 casos el día 7; 173 casos el día 8; 167 casos el día 9… “La situación no es culpa de nadie. Es una pandemia mundial, de un virus de transmisión muy fácil. Es nuestra responsabilidad actuar cuando la situación lo indica”, añadía Vergés.

El sábado se detectaron 361 nuevos positivos en Cataluña, y el domingo, 816. De ellos, 190, es decir, más de una quinta parte, fueron en el Segrià. En total, según los últimos datos de la Consejería de Salud, Cataluña tiene 76.318 casos positivos acumulados. Por las UCI han pasado 4.183 personas, aunque en la actualidad hay solo 44. Se han contabilizado también 40.210 altas hospitalarias y 15.132 personas mayores en residencias han sido confirmadas como positivos. En la comarca del Segrià hubo 3.180 casos positivos y murieron 137 personas. Según los datos de las funerarias citados por la Generalitat, en toda la comunidad ha habido 12.617 muertos presumiblemente con síntomas de coronavirus. De los fallecidos, 6.903 murieron en un centro sanitario, 4.112 en una residencia y 799 en su domicilio. Del resto, no hay datos clasificables.

Vista del hospital de campaña establecido en Cap de Prat de la Riba, en Lleida. (EFE)
Vista del hospital de campaña establecido en Cap de Prat de la Riba, en Lleida. (EFE)

La Fiscalía se opuso

Este mismo domingo, la Fiscalía dirigió un escrito al juzgado de instrucción número 1 de Lleida oponiéndose a las medidas de confinamiento. Según publicó el diario ‘Nació Digital’, el ministerio público se opuso porque “parece una copia del decreto del estado de alarma”, que es de competencia estatal, con la circunstancia agravante de que mientras el decreto del Gobierno central había de ser puesto a consideración del Congreso cada 15 días, el de la Generalitat parece tener carácter indefinido.

La Fiscalía señalaba que podría comprender un ‘cordón sanitario’ o un ‘confinamiento perimetral’, “pero lo que se propone ahora excede ampliamente de una simple limitación de movimientos e incide gravemente en los derechos reconocidos constitucionalmente”. Por ello, el fiscal señala en su escrito que para tomar medidas de tanta gravedad es preciso pedir al Estado español el estado de alarma.

El consejero de Interior, Miquel Buch, no obstante, se mostró también confiado en que los jueces avalarán la decisión de confinamiento aprobada por el Procicat (Plan Territorial de Protección Civil de Cataluña). “Quien puede autorizar las medidas son las autoridades judiciales y se está tramitando tras haber sido aprobadas por el Procicat. Hace una semana, se autorizaron las medidas propuestas por la Generalitat y nada hace pensar que ahora se vayan a denegar las medidas propuestas. Los motivos en los que basamos la propuesta son dos: los datos epidemiológicos y la salud de las personas. Hemos de tener en cuenta que los datos de estos municipios son más adversos que en otros territorios”.

Alba Vergés, por su parte, subrayó que “hay tres recomendaciones básicas: mantener la distancia de seguridad, mantener una buena higiene de las manos y llevar siempre mascarilla. Hemos de aprender a convivir con este virus, porque no tenemos tratamiento ni vacuna. Esto es serio, no es ninguna broma. Reduzcamos los contactos a las personas convivientes, porque tomar medidas nos llevará a volver antes a la nueva normalidad y a reducir los contagios”.

“La filosofía de las nuevas medidas es no tener que tomar decisiones más drásticas en el futuro. Pueden abrir todos los comercios: los de servicios esenciales no necesitan cita previa, como los de calzado o ropa, por ejemplo. Bares y restaurantes solo pueden suministrar bebidas o comida para llevar o para servir a domicilio. El objetivo no es cerrar comercios, sino reducir los contagios. Que los ciudadanos puedan ir a comprar, pero que no se hagan jornadas de compra exclusivamente. La jornada ha de ser para quedarse en el domicilio, pero poder salir a comprar”, expuso la consejera.

Los Mossos cambian su estrategia

El consejero de Interior anunció un cambio en la estrategia de los Mossos para atender a la nueva situación. “El refuerzo de Mossos se mantiene. Lo que se cambia es la estrategia, que se centrará en tres tipos: se combinarán controles fijos con dinámicos; se incrementarán las patrullas; y se dará cobertura a los municipios. Desde esta semana, son obligatorias las mascarillas por la calle, pero hay Ayuntamientos que no tienen policía local por lo que esa vigilancia la harán los Mossos”.

Buch subrayó también que estas medidas no anulan las de la semana pasada de toda la comarca, que implantaban los controles perimetrales de la comarca. “Lo que pasa es que ahora afecta a solo ocho municipios de la comarca. Es una restricción más severa porque los datos son más negativos”. Y, de igual manera que su compañera de Salud, insistió en seguir las recomendaciones: “Si no seguimos las recomendaciones sanitarias, no servirá de nada. Los protagonistas son los ciudadanos y si no se siguen las medidas, tenemos la batalla perdida. La batalla la ganamos cuando seamos conscientes de que debemos mantener la distancia social, llevar mascarilla o lavarnos las manos. Si nos relajamos y vamos perdiendo el respeto y el miedo a la pandemia, perdemos la batalla. No bajemos la guardia, por favor. De nada sirve dejarnos la piel aplaudiendo a los sanitarios si al día siguiente vamos sin mascarilla”.

La jueza tumba el plan de Torra para confinar a 159.000 personas en Lleida por el covid

Cataluña, no obstante, tiene otros focos sobre los que el Govern ha puesto la lupa: Hospitalet de Llobregat y Barcelona ciudad son dos puntos negros que no quiere perder de vista, aunque los indicadores no han hecho saltar las alarmas todavía. Vergés justificó que las medidas más restrictivas se aplican en algunos pueblos de Lleida por los datos adversos. “Activamos las medidas en los lugares donde lo requiere la situación epidemiológica. Nuestra prioridad es proteger la salud de nuestra ciudadanía, pero también la situación social y económica. La situación en el Segrià es compleja, pero cuando situación epidemiológica lo requiera, actuaremos también en otras partes”. Y zanjó el tema con una afirmación contundente: “Que los territorios esperen medidas dependiendo de la situación epidemiológica de cada lugar, no por su ubicación”.

En Hospitalet, se cerraron este domingo varias instalaciones deportivas al aire libre por el aumento de casos: de 31 hace una semana, se ha pasado a 107. En una sola residencia de ancianos se detectaron 10 casos, todos en personas asintomáticas. La propia alcaldesa, Núria Marín, llamó a seguir las indicaciones sanitarias para evitar contagios, aunque la alta masificación de esta ciudad hace más difícil el control.

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