El Ejecutivo niega "imposición" a la Abogacía, cambios de criterio y gestos al separatismo

Ni se ha impuesto 'manu militari' a la Abogacía General del Estado que no acuse por rebelión a los dirigentes independentistas encausados por el 'procés', ni se ha pretendido lanzar "gestos" al separatismo para poder pactar los Presupuestos de 2019 y ni tan siquiera ha habido una modificación de la postura de los servicios jurídicos porque esta es la primera vez que presentaba sus conclusiones provisionales. Es lo que defiende el Gobierno después de que las partes presentaran este viernes sus escritos de calificación en el proceso que se sigue en el Tribunal Supremo y se evidenciara el cisma entre la opinión de la Fiscalía, que tiene estatutariamente reconocida su autonomía de funcionamiento, y la Abogacía del Estado, que depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia, cuya titular es Dolores Delgado.

Ella, Delgado, explicó la posición de la defensa del Estado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras y Ministros de este viernes, en la que estuvo acompañada por la vicepresidenta, Carmen Calvo. "La Abogacía del Estado", dijo, ha actuado bajo "criterios de profesionalidad", basándose en "parámetros técnicos y jurídicos", y por tanto "no es una cuestión de gestos" al independentismo. ¿Ayudará la rebaja de la acusación, el paso de la rebelión a la sedición, a negociar con ERC y PDeCAT, los Presupuestos del próximo año? "Que sirva o no sirva, no tengo ni idea. La Abogacía ha hecho esta valoración de qué ocurrió en Cataluña en los momentos previos y posteriores al pretendido referéndum del 1 de octubre" de 2017.

Este viernes las partes entregaron al Supremo los escritos de calificaciones provisionales, y las fisuras en el seno de la acusación del Estado son más que evidentes. La Fiscalía pide 25 años de prisión y otros 25 de inhabilitación absoluta para ejercer cargo público para el 'exvicepresident' Oriol Junqueras por un delito de rebelión. La pena que solicita la Abogacía es la mitad, 12 años de cárcel y otros 12 de inhabilitación, por sedición (agravada por malversación), un tipo un peldaño por debajo. El Gobierno, lo diga o no públicamente, ha hecho un guiño al soberanismo, haciendo ver que no cree que concurra el delito de rebelión y plasmándolo en un escrito del órgano que directamente depende de él, la Abogacía del Estado. Presionar a la Fiscalía, que funciona de manera autónoma, habría sido contraproducente, además de inviable para La Moncloa.

Delgado sostiene que la discrepancia entre Fiscalía y Abogacía "no socava" la posición de nadie porque ambas posturas "son defendibles"

Delgado señaló que lo que ha ocurrido entre la Fiscalía y la defensa del Estado es que se ha "trasladado" el mismo debate ya existente —las dudas entre calificar lo ocurrido en Cataluña como rebelión o sedición están presentes desde el arranque de la instrucción— a los operadores jurídicos que ahora presentan sus escritos. La ministra negó que con estas divergencias se debilite la acusación del Estado. "No se socava la posición de nadie ni se afecta la posición de nadie", esgrimió. "Son dos posiciones perfectamente defendibles de unos y otros".

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Por qué Consuelo Castro

La ministra recordó que a comienzos de año la Abogacía, cuyo criterio estaba marcado entonces por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, pidió personarse por malversación en la causa del 'procés'. En agosto, ya con Sánchez en el poder —pero antes de su viraje respecto a la concepción de rebelión—, y cuando el juez Pablo Llarena había dado por concluida la instrucción, la Abogacía no puso pegas a que los dirigentes separatistas fueran juzgados por rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos. Delgado explicó que en ese momento, agosto de 2018, la Abogacía simplemente manifiesta su conformidad con el auto del magistrado, "en la medida en que concluye la investigación". Pero fue este viernes, incidió, cuando por primera vez la defensa del Estado presentó su escrito de conclusiones. Hasta ahora no se había pronunciado "formalmente" porque no se había llegado a este punto procesal.

La número dos remarca que Sánchez "nunca" ha calificado los hechos de rebelión, porque cuando lo hizo no era aún presidente del Gobierno

Lo cierto es que el escrito lo firma la abogada general, Consuelo Castro, nombrada por el actual Ejecutivo, y no los letrados que han seguido este procedimiento. Delgado justificó que lo rubrica Castro porque esta es una causa de "relevancia extraordinaria" y es ella quien asume el escrito.

En ese sentido, Delgado negó que hubiera una "imposición de criterio" a la Abogacía por parte del Ejecutivo. Insistió en que Castro ha "analizado los hechos", las pruebas practicadas en la instrucción y finalmente ha elaborado su escrito de conclusiones.

Era imposible olvidar las palabras de Pedro Sánchez en mayo, cuando afirmó, en una entrevista en Antena 3, que "lógicamente" hubo rebelión, "clarísimamente". Fue preguntada entonces la vicepresidenta por ese cambio de criterio. Calvo sorprendió entonces con su respuesta: "El presidente del Gobierno nunca ha dicho que ha visto un delito de rebelión en Cataluña. El presidente del Gobierno no lo ha dicho eso nunca". Estupor en la sala. Los informadores repreguntaron.

Calvo. Es que usted me ha preguntado por el presidente del Gobierno, "pasado mayo".

Periodista. Bueno, pero es la misma persona, ¿no?

Calvo. [Risas] No, es que, perdóneme que le diga, nosotros somos Gobierno ahora, respondemos por la posición del Gobierno.

Es decir, que Sánchez se expresó en aquel momento, en mayo, simplemente como secretario general del PSOE, porque ni siquiera había llegado al poder. Dos semanas después lograría sentarse en La Moncloa gracias a una moción de censura. Después, venía a decir, "nunca" habló de cómo debía ser calificado penalmente lo ocurrido el año pasado en Cataluña. "Como Gobierno vamos a respetar el punto en el que entra el proceso" y la independencia judicial, y por tanto hay que esperar a la sentencia del Supremo, cuando llegue, alegó. Sin embargo, fue el propio Sánchez, ya como presidente, quien desde la tribuna del Congreso deslizaba, hace poco más de una semana, que no estaba de acuerdo con la catalogación de rebelión, porque no había habido un uso de las armas. Apreciación que la propia Calvo remachó al día siguiente en una entrevista en Onda Cero.

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Rivera "sobreactúa"

En cualquier caso, la vicepresidenta apeló a mantener un "escrupuloso respeto" al juicio que queda por delante y la sentencia que llegará tras la vista. Criticó incluso a PP y Cs por "calificar delitos" antes de tiempo, lo que también puede leerse como presiones a la Justicia.

Calvo no habla de indultos y advierte a Ciudadanos de que la medida de gracia está en la Carta Magna y requiere de un debate serio y profundo

Calvo fue preguntada por la proposición no de ley presentada este viernes por Ciudadanos para que no puedan ser indultados los condenados por el 'procés'. Ella no adelantó la posición del Ejecutivo —ya Sánchez fue interpelado por Albert Rivera el pasado miércoles en la sesión de control en el Congreso, sin éxito—, aunque sí recordó que esta medida de gracia está recogida de la Constitución y que por tanto si los naranjas quieren modificarla deberá hacerse un debate serio, que va mucho más allá que el de una simple moción parlamentaria.

En efecto, la Carta Magna se refiere a esta institución en varios puntos: en el artículo 62.1, para prohibir los indultos generales; en el 87.3, para impedir que la iniciativa legislativa popular se encargue de este asunto, y en el 102.3, para excluir la prerrogativa de gracia a los miembros del Gobierno. Por tanto, Rivera, en opinión de Calvo, "sobreactúa". La número dos advirtió además que ella, en esta semana, solo se ha referido a una reforma del Código Penal para hacer imprescriptibles los delitos de abusos a menores, tal y como se lo trasladó al número dos del Vaticano, Pietro Parolin. Pero la semana pasada sí habló de "adecuar" la legislación para ajustar mejor delitos como el de rebelión.

Por último, Calvo lamentó la "tremenda herencia" que le dejó el Ejecutivo del PP, que se limitaba a intentar resolver el conflicto soberanista únicamente acudiendo a los tribunales, sin acudir a la política y a la estrategia de distensión por la que el actual Gobierno sí apuesta.

Moncloa recurre finalmente la moción de reprobación al Rey del Parlament

Lo anunció hace una semana y lo materializó este viernes. El Gobierno recurre la moción de reprobación al Rey aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado 11 de octubre. Lo hace pese a que cuenta con el dictamen en contra del Consejo de Estado. 

Carmen Calvo argumentó que "no es suficiente el reproche político" que el Ejecutivo hizo desde el primer minuto contra la resolución de la Cámara autonómica. Considera que es "oportuno" que el Tribunal Constitucional se pronuncie. El Gobierno insiste en que un Parlamento regional no puede "invadir competencias que no tiene", ni tomar posición sobre la forma de Estado, ni promover una "politización de la figura del Rey".

La moción del Parlament condenaba la actitud de Felipe VI en el conflicto catalán y su "justificación de la violencia" policial y abogaba por la abolición de la monarquía por se una institución "caduca" y "antidemocrática". 

El Ejecutivo, explicó Calvo, no puede recurrir la resolución semejante que aprobó hace una semana el Ayuntamiento de Barcelona. No puede hacerlo porque los parlamentos autonómicos "tienen capacidad normativa", y por tanto el Gobierno central sí puede impugnar sus actos ante el TC, pero las corporaciones locales no tienen esa potestad. No obstante, el Ejecutivo extiende su "reproche político" a todos los órganos y administraciones que reprueben al Rey. 

El Gobierno aprueba en el #CMin el recurso ante el Tribunal Constitucional por las resoluciones del Parlament de Cataluña contra el Rey pic.twitter.com/Ja4KXIWh83

 

Se le preguntó a Calvo si se está poniendo en cuestión en España el sistema de monarquía parlamentaria. "El Gobierno no piensa que la Jefatura del Estado esté en ningún tipo de debate", respondió, al margen que que haya partidos que "activen" sus posiciones. Lo decía en referencia a formaciones como Podemos o IU. 

Pero por eso mismo, abundó, el Ejecutivo acude al TC. Para que "quede absolutamente clara" su posición política y de "defensa de la constitucionalidad" sobre un asunto, la Corona, que solo puede discutirse cuando se abra el procedimiento de reforma de la Carta Magna en las Cortes y lo decidan el conjunto de los españoles.