Sánchez anuncia medidas legales contra el Parlament por la reprobación del Rey

En apenas unas horas, en muy poco tiempo, el Gobierno ha reaccionado. Pedro Sánchez adoptará "las medidas legales" a su alcance contra el Parlament por haber aprobado este jueves por la tarde una resolución en la que reprueba al Rey y pide la abolición de la monarquía por la república.

Una moción que considera "inadmisible", porque para el Ejecutivo la posición constitucional del jefe del Estado "debería quedar siempre al margen de su utilización en el debate partidista". El texto es "políticamente inaceptable" para el Gobierno.

La Moncloa no repara en adjetivos y en contundencia. No solo palpable por el tuit de Sánchez, sino por el durísimo comunicado que emitió la Secretaría de Estado de Comunicación [aquí en PDF] poco tiempo después de que la Cámara catalana aprobara la resolución con la que reprueba y condena el posicionamiento de Felipe VI en el "conflicto catalán", así como su "justificación de la violencia" policial el 1-O, y defiende la caída de la Corona, una institución "caduca y antidemocrática". El texto fue presentado por Catalunya en Comú-Podem y gozó del respaldo de Junts per Catalunya (JxCAT) y ERC. La CUP se abstuvo y Ciudadanos, PSC y PP votaron en contra.

El Gobierno condena la "deriva" de los separatistas, con el concurso de los comunes, y su actitud "irresponsable" al "alentar el conflicto"

El Ejecutivo socialista considera que la moción es "producto de la deriva de los grupos independentistas que, inexplicablemente, ha contado con el apoyo de otro grupo parlamentario", el de los comunes, "en su irresponsabilidad de utilizar las instituciones catalanas para alentar el conflicto y no para servir a los intereses generales de todos los catalanes". Sin embargo, la propuesta era de los comunes, que apoyaron las formaciones separatistas. El partido de Ada Colau forma parte del grupo de Unidos Podemos en el Congreso, con el que Sánchez firmó el acuerdo de Presupuestos este mismo jueves.

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EC/Agencias

"Una extravagancia jurídica"

El comunicado de La Moncloa llega a catalogar de "extravagancia jurídica" el "intento de condena y rechazo de Su Majestad el Rey Felipe VI". Y aunque ese texto "carece de todo fundamento legal y constitucional", "no resta gravedad a la actuación protagonizada esta tarde [de jueves] por los citados grupos".

El Gobierno adoptará las medidas legales a su alcance para impedir las actuaciones que socaven la posición de todas las instituciones del Estado

Por todo ello, y "en defensa de la legalidad y de la Constitución", el Gobierno ya anticipa que "adoptará las medidas legales a su alcance para impedir siempre aquellas actuaciones que socaven la posición constitucional de todas y cada una de las instituciones del Estado".

Anterior recurso ante el TC

La rápida respuesta de La Moncloa, expresada en términos tan duros (y, por cierto, a las puertas de la Fiesta Nacional del 12-O), revela que el Ejecutivo no dejará pasar ni media a los independentistas. Que actuará si hay quiebra de la legalidad, por mucho que predique y practique la estrategia de la distensión y el diálogo. Como subrayaban a este diario fuentes del equipo del presidente, se trata de "dejar claro que el Gobierno no está para bromas, y está bien decirlo, repetir que hay límites".

Se trata de "dejar claro que el Gobierno no está para bromas, y está bien decirlo, repetir que hay límites", aseveran fuentes del Ejecutivo

La Moncloa no dio detalles de qué tipo de medidas legales podrán emprenderse, pero todo apunta a que podría ser recurrida la resolución ante el Tribunal Constitucional. Ya en julio pasado, el Gobierno llevó al TC la moción aprobada en el Parlament que reafirmaba los objetivos políticos de la propuesta del 9 de noviembre de 2015, que a su vez pedía avanzar hacia la independencia de Cataluña.

El tono tan expedito llega además el día en que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sellaron su acuerdo presupuestario para 2019, que ahora necesitará el apoyo de los grupos nacionalistas e independentistas (entre ellos, PDeCAT y ERC) para salir adelante. Cosa nada sencilla para el presidente, puesto que las formaciones separatistas catalanas piden una propuesta de autodeterminación y gestos hacia los presos del 'procés', requerimientos que el Ejecutivo no está dispuesto a aceptar.