COMPARECENCIA TRAS EL CONSEJO DE MINISTROS

Sánchez dejará fuera de la negociación de los Presupuestos el referéndum y los presos

El Ejecutivo incide en que está dispuesto al diálogo con el resto de grupos, asumiendo que todos tendrán que "renunciar", pero las cuentas no han de "cruzarse" con cuestiones judiciales

Foto: La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá (d), con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este 11 de octubre. (EFE)
La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá (d), con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este 11 de octubre. (EFE)

El trabajo no está ni mucho menos hecho. El Gobierno ya tiene amarrados 151 apoyos en el Congreso a sus Presupuestos Generales del Estado de 2019. Los 84 del PSOE y los 67 de Unidos Podemos. Le quedan aún 25 escaños por atraer. Algunos más sencillos de conseguir, como los cuatro de Compromís —partido con el que los socialistas cogobiernan en la Comunidad Valenciana y que concurrió con los morados en las generales—, o el de Nueva Canarias —aliado electoral de 2015 y 2016—, pero otros mucho más complicados de cuadrar. Mucho más. Los de las formaciones nacionalistas (PNV) e independentistas (ERC, PDeCAT). El Ejecutivo admite que su pacto con Unidos Podemos está abierto al "diálogo" y al "consenso" con el resto de fuerzas, pero también subraya que en las conversaciones con ellas hablará de los números, de las cuentas del año próximo, y no deben "cruzarse" cuestiones ajenas a ellas, como los presos del 'procés' o el referéndum de autodeterminación, como los soberanistas catalanes reclaman con insistencia.

[Consulte aquí en PDF el documento acordado por Gobierno y Unidos Podemos para los PGE de 2019]

Como reconoció la portavoz del Gabinete, Isabel Celaá, tras la reunión del Consejo de Ministras y Ministros de este jueves que dio el visto bueno al acuerdo alcanzado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, solo se ha hecho "el principio del trabajo", solo se han recorrido los primeros metros de los nuevos PGE. Pero ahora hay que "seguir sumando apoyos". De ahí que ya en su primera intervención la ministra insistiera en el mensaje de que hay que continuar con la senda de la "normalización" política trazada con la Generalitat y en que la receta por tanto sigue siendo la del diálogo con el respeto a la ley y la "firmeza" para mantener esa postura pese a las dificultades. Esa petición de continuar avanzando "se hace extensiva", dijo, al proyecto de Presupuestos, puesto que el pacto trenzado con Unidos Podemos es "muy beneficioso para el conjunto de la sociedad" y también para los catalanes. Todos los pasos que se caminan con Cataluña hay que "dotarlos del soporte económico que necesitan". La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó que sin los PGE la comunidad no podría percibir unos 2.200 millones de euros.

Celaá: "Es hora de que desbloquee las instituciones catalanas. Hacemos extensiva la petición a los PGE, beneficiosos para Cataluña": se juegan 2.200 M €


Así que el Ejecutivo demanda por tanto que se "desbloquee la vida política en Cataluña y puedan funcionar todas sus instituciones" y que se respalden unos PGE preparados para "hacer avanzar" al país en su conjunto y a aquella comunidad en particular.

"Somos optimistas"

También la titular de Hacienda, María Jesús Montero, solicitó el "respaldo parlamentario de la mayoría de los grupos". Les pidió su apoyo a unos GE "comprometidos con los ciudadanos" y que cumplen con los objetivos de consolidación fiscal demandados por Bruselas. "Parece bastante lógico que cualquier Gobierno que tenga como centro a las personas apoye estos PGE", sostuvo, dirigiéndose a la Generalitat.

"La Fiscalía es independiente, y no se deben mezclar, ni para Cataluña ni para ningún otro lugar, las soluciones políticas y las judiciales", dice Celaá

El Ejecutivo mantiene que el trayecto será difícil, pero es posible. "Confiamos en que el resto de formaciones, salvo las autoexcluidas [PP y Ciudadanos], puedan establecer un diálogo y una suerte de negociación que permita que apoyen cuantas más fuerzas políticas estos PGE para conseguir que la recuperación se perciba por las familias. Somos optimistas", insistió Montero.

Sánchez dejará fuera de la negociación de los Presupuestos el referéndum y los presos

No es 'esto es lo que hay'

Dado que ahora la negociación entra en un segundo estadio, habrá que "renunciar" a todas aquellas cuestiones que "no se consideren básicas". "Todos tenemos que estar dispuestos a renunciar a todas las cuestiones que no consideramos clave", señaló la titular de Hacienda, quien insistió en su "afán" por sentarse a hablar con el PNV y con el resto de formaciones. "Cuando uno se sienta en una mesa de diálogo tiene que estar en condiciones de ceder para conseguir el acuerdo. No es 'esto es lo que hay'", abundó, emplazando a los grupos interpelados a que analicen este acuerdo de PSOE y Unidos Podemos para, a partir de su análisis, entrar en la negociación, y eso es un "entrenamiento clave" no solo de este Ejecutivo, sino de los que vendrán, apuntó, dada la fragmentación del Congreso que las encuestas dibujan de cara al futuro.

Montero subraya que el presidente se implicará personalmente en la consecución de los apoyos de sus Presupuestos, como ha hecho con Iglesias

Eso sí, la "renuncia" de ciertos aspectos no significa que el Gobierno esté dispuesto a abordar cuestiones sensibles y en las que ya ha adelantado su rechazo en diversas ocasiones. Una es el referéndum de autodeterminación, que el Ejecutivo ni contempla y que descartó por completo (una vez más) la semana pasada, cuando Quim Torra hizo aquel amago de ultimátum a Pedro Sánchez. Y otra es la situación de los encausados del 'procés'. Los soberanistas quieren que el Gabinete inste al Ministerio Público a que no les acuse de rebelión.

Sánchez dejará fuera de la negociación de los Presupuestos el referéndum y los presos

"Este es un Estado de derecho y la columna vertebral de un Estado de derecho es la separación del Poder Judicial. La Fiscalía es independiente, y no se deben mezclar, ni para Cataluña ni para ningún otro lugar, las soluciones políticas y las judiciales. No deben cruzarse nunca. Estos son unos Presupuestos muy importantes también para la sociedad catalana", subrayó Celaá durante la rueda de prensa.

En cualquier caso, el propio Sánchez estará muy pendiente del devenir de las negociaciones que faltan. "El presidente se implica en primera persona", dijo Montero, en cuestiones políticas "de especial relevancia" para "mejorar la vida de los ciudadanos". Pero el ruego sigue siendo el mismo, que las formaciones políticas pongan "por delante" los intereses de los ciudadanos a los suyos.

El acuerdo con Podemos, dice el Gobierno, señala que es la "agenda social la que prima", la reversión de los recortes del PP y la devolución de derechos

Para seguir engrasando las relaciones, el Ejecutivo no perdió el tiempo. Este mismo viernes, la vicepresidenta, Carmen Calvo, se vio con la 'consellera' de Presidencia del Govern, Elsa Artadi, en la estación de Sants, poco antes de que cogiera el AVE de vuelta desde Barcelona. La número dos contó luego desde Córdoba que la cita había ido bien, y que se enmarca en los contactos habituales que tiene con otros miembros del Gabinete de Torra, y de hecho este miércoles se vio con su homólogo, el republicano Pere Aragonès.

Los independentistas, no obstante, no retroceden en sus posiciones. Tanto PDeCAT como ERC demandaron este jueves que el Ejecutivo mueva ficha tanto para aliviar la situación de los presos como para avanzar en la autodeterminación. Eso sí, ambas formaciones se abren a hablar con Hacienda.

Sánchez dejará fuera de la negociación de los Presupuestos el referéndum y los presos

El acuerdo alcanzado este jueves supone, para el Ejecutivo, la señal de que "es la agenda social la que prima", el blindaje del Estado del bienestar, la garantía de unas pensiones dignas, el fortalecimiento de la función social de la vivienda, la consecución de un empleo y salario dignos, el camino hacia una sociedad más feminista o el combate a la pobreza. El documento posibilita, añadió Montero, unas "cuentas públicas valientes y sostenibles", que "cumplen" con los compromisos con los ciudadanos y también con los socios europeos, que suponen la reversión de los recortes y la devolución de los derechos "escamoteados con la excusa de la crisis". "Hemos puesto todo nuestro empeño en que esta propuesta sea un punto de inflexión, un cambio de tendencia". Ahora bien, agregó la titular de Hacienda, tampoco se podrá "recuperar en un año todo el daño hecho a la sociedad" por los ajustes del Ejecutivo anterior.

Un Consejo extraordinario para aprobar el plan presupuestario para Bruselas

En la reunión de este jueves no se aprobó el plan presupuestario que el Gobierno enviará a Bruselas. Eso llegará el lunes 15 de octubre, en una cita extraordinaria del Consejo de Ministras y Ministros. Será entonces cuando se apruebe el borrador de los PGE que se remitirá ese mismo día a la Comisión. 

Lo confirmaron en rueda de prensa las ministras Isabel Celaá y María Jesús Montero. La titular de Hacienda explicó que el trámite no es necesario, porque lo podría rebotar su departamento sin más, pero así quiere que se envíe un mensaje de compromiso con la estabilidad presupuestaria a las instituciones europeas. No será, pues, un "acto protocolario" más. 

"Queremos darle una especial significación y que Bruselas sepa que estamos comprometidos con la consolidación fiscal", insistió Montero, quien añadió que los PGE "saldrán de fábrica" cumpliendo con el objetivo de déficit y a la vez haciendo realidad la agenda social del Ejecutivo. 

El lunes también se verá cuál es el cuadro macroeconómico que maneja el Gabinete, y qué senda de déficit es la que se sigue. Montero no precisó si el plan presupuestario incluye el 1,3% de desvío que aprobó el Gabinete de Mariano Rajoy o el 1,8% que arrancó Pedro Sánchez a Bruselas, pero insistió en que en todo caso el techo de gasto será "prácticamente" el mismo que el aprobado en julio, porque la afectación, para la Administración General del Estado, era mínima, dado que de las cinco décimas de margen extra autorizadas por Bruselas solo una (en torno 1.200 millones) se la quedaba el Ejecutivo central. Otras dos iban para la Seguridad Social y las dos últimas para las comunidades autónomas. 

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