La Abogacía pidió abrir juicio por rebelión en agosto antes del viraje de Sánchez

Si en el 'procés' hubo rebelión o no forma parte de un intenso debate jurídico desde hace tiempo. El tipo penal exige que haya violencia y hay juristas que consideran que eso no se dio el otoño pasado en Cataluña y que, por lo tanto, no se debe acusar a los políticos presos por ese delito. Consideran que sería más apropiado hacerlo por sedición, un peldaño por debajo. Pero el Gobierno no había participado en ese debate. Al menos hasta el momento. Al igual que la Fiscalía, la Abogacía del Estado, que depende de Justicia, siempre ha apoyado la imputación por rebelión. El pasado 6 de agosto pidió juzgarlos por rebelión aunque ahora, coincidiendo con las dudas expresadas por Pedro Sánchez en sede parlamentaria y la necesidad de votos de los independentistas para sacar los presupuestos, planea acusar por sedición o solo por malversación.

El cambio afecta al criterio jurídico de la representación legal del Estado pero también es estético. Antes de llegar a la Moncloa, Sánchez fue muy duro con los independentistas catalanes. Después de apoyar el 155, llamó xenófobo a Quim Torra y dijo de él que era "el Le Pen español". No dudó en declarar que en Cataluña había un golpe de Estado y propuso endurecer el Código Penal para que no hubiera duda de que lo que había ocurrido allí era rebelión.

En mayo se mostró claramente a favor de esta tipificación. Lo hizo en Antena 3. "Si no hay altercados públicos eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión como si que se produjo". "Hay que reflexionar: ¿lo que se produjo el pasado seis y siete de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es". "Clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que deberían ser extraditados esos responsables políticos a España".

En aquel momento la Abogacía del Estado, el brazo jurídico del Ministerio de Justicia, del que tiene dependencia jerárquica, ya estaba personada en la causa. Lo había hecho en febrero de 2018 cuando el juez le ofreció acciones al ver indicios de delito de malversación en el uso de fondos públicos para organizar el referéndum ilegal del 1-O. La Abogacía acusa cuando hay un perjuicio al Estado —en otras causas penales, cuando decide que no hay caso, ejerce la defensa de los funcionarios acusados—.

En julio, Sánchez fue preguntado en eldiario.es sobre si iba a dar instrucciones a la Abogacía del Estado. "Creo que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado tienen que basarse en fundamentos jurídicos para fijar la posición del Estado. Yo voy a respetar las decisiones que tomen".

El seis de agosto, cuando el juez Llarena dio por terminada la instrucción, la Abogacía no puso ninguna pega a que fueran juzgados por rebelión. Y lo hizo "mostrando su conformidad con el auto de conclusión del sumario de fecha nueve de julio de 2018, e interesando la apertura de juicio oral por la presunta comisión de los delitos de rebelión [...], desobediencia [...] y delito de malversación de caudales públicos". Sánchez ya se encontraba por entonces en Moncloa. El escrito, de un folio, es casi de trámite, pero refleja que no estaba en el debate.

Tras la moción de censura, en las declaraciones de Sánchez asoma un viraje sobre si hubo rebelión o no. En septiembre, en La Sexta declaró que él no podía pronunciarse sobre un caso abierto cuando le preguntaron si creía que Oriol Junqueras y compañía debían seguir en la cárcel hasta el juicio: "Tengo una opinión, pero yo soy presidente del Gobierno y no puedo hacer una afirmación sobre esa cuestión. Me lo he autoimpuesto porque siempre he querido respetar y mucho la autonomía del poder judicial", afirmó antes de asegurar: "Yo voy a defender siempre a los jueces". Lo hizo después de que Josep Borrell, Meritxell Batet y otros altos cargos socialistas se mostrasen a favor de que los políticos presos salieran de la prisión provisional en la que están a la espera de juicio desde hace un año.

El pasado 11 de octubre, el Gobierno y Unidos Podemos alcanzaron un pacto presupuestario —con hechuras de pacto de Gobierno— que después necesita el voto de ERC —y quizá la abstención de PDeCAT— para salir adelante. Los republicanos han insistido en pedir "un gesto" al Gobierno con los presos. Aunque oficialmente la petición era que el Ejecutivo instara a la Fiscalía a no acusar —o no hacerlo por rebelión—, como viene contando El Confidencial desde el pasado 4 de septiembre el punto clave estaba en la Abogacía del Estado.

Sánchez en septiembre: "Siempre he querido respetar y mucho la autonomía del poder judicial. Yo voy a defender siempre a los jueces"

El Gobierno ha trasladado a las formaciones independentistas que no puede influir en la Fiscalía, que esta no va a rebajar su acusación y que sería contraproducente intentarlo. Por eso sus gestos solo pueden ser políticos y a través de la Abogacía, con dependencia jerárquica de Justicia. Pese a ser secundaria en el proceso penal y estar personada inicialmente por malversación. Así que los últimos planes pasan por acusar por malversación o incluir sedición. Fuentes jurídicas destacan la legitimidad del Gobierno para ordenar una acusación ya que es el dueño de la acción, igual que un cliente manda sobre su abogado.

En el primero de los casos sería como ponerse de perfil y no entrar a valorar el fondo del asunto. En el segundo, aunque la petición de pena sería mayor, podría ayudar a los presos al explicitar que Justicia no ve rebelión. Los presos esperan que la postura de la Abogacía sirva para ayudar a arrastrar durante la vista a la fiscalía a posiciones más suaves. Que si bien empiece acusando por rebelión tras la vista ofrezca, por ejemplo, la sedición al menos como alternativa. Oficialmente, el Gobierno sostiene que aún no hay decisión sobre la acusación de la Abogacía.

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Rafael Méndez Beatriz Parera

El mismo día que El Confidencial adelantó que esas eran las opciones que manejaba el Gobierno, Sánchez consumó el viraje desde la tribuna del Congreso de los Diputados. En respuesta al PNV, Sánchez dio el paso y, aunque no lo dijo abiertamente, dejó implícito que no ve aplicable la rebelión más que a revueltas armadas: "En 1994 —muchos de los que están aquí presentes no lo sabrán, me lo recordaba la vicepresidenta del Gobierno— el señor [Federico] Trillo, entonces diputado del Grupo Parlamentario Popular, hizo una propuesta de modificación, una enmienda de modificación, en la que decía que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares. Señor Esteban, hay proyectos políticos que evolucionan y otros que involucionan. El del señor Casado hasta incluso pasa por la derecha a un señor como el señor Trillo". Los independentistas saludaron las palabras de Sánchez.

La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, defendió el viernes tras el Consejo de Ministros que la abogacía del Estado está trabajando únicamente con "criterios técnicos y jurídicos, con imparcialidad". Añadió que no existe ningún plan para cambiar la calificación del escrito de la Abogacía.