CONSEJO DE MINISTROS EXTRAORDINARIO EN SEVILLA

El Gobierno recurrirá al TC la reprobación al Rey sin el respaldo del Consejo de Estado

El Ejecutivo mantiene sus planes y lanza un mensaje de firmeza pese a que el órgano consultivo lo desaconsejaba. Entiende que la resolución abre un nuevo intento de proceso unilateral separatista

Foto: Pedro Sánchez posa con sus ministros en la plaza de España de Sevilla, antes de la reunión del Consejo, este 26 de octubre. (EFE)
Pedro Sánchez posa con sus ministros en la plaza de España de Sevilla, antes de la reunión del Consejo, este 26 de octubre. (EFE)

Pedro Sánchez llevará finalmente al Tribunal Constitucional la reprobación al Rey que validó el Parlament de Catalunya, según confirmaron fuentes del Gobierno a este diario. Lo hace pese a que el Consejo de Estado recomienda no hacerlo. Y lo hace, según explicó después en rueda de prensa la portavoz del Gabinete, Isabel Celaá, por "sentido de Estado" y porque entiende que la resolución supone "un nuevo intento" de las instituciones catalanas para "iniciar un proceso unilateral" que desemboque en la proclamación de la república. El Ejecutivo lanza así un mensaje de total contundencia al soberanismo.

El Gobierno tenía una difícil papeleta este viernes, el día en que Pedro Sánchez reunía de manera extraordinaria a su Consejo de Ministras y Ministros en Sevilla, en plena precampaña de las elecciones andaluzas. Ayer jueves le llegó, como había pedido, el dictamen del Consejo de Estado, preceptivo, aunque no vinculante, antes de recurrir al Tribunal Constitucional la moción de reprobación al Rey que el Parlament de Catalunya aprobó el pasado 11 de octubre. Pero ese informe del máximo órgano consultivo del Estado, que lidera la exvicepresidenta del Ejecutivo María Teresa Fernández de la Vega, era contrario a la pretensión de Sánchez. El texto, como adelantó 'La Vanguardia', entiende que la resolución de la Cámara catalana es censurable, pero no hay base legal, señala, para acudir al TC.

El propio presidente había defendido que su Gobierno quería impugnar la moción "por pura convicción y por puro convencimiento", no porque hubiera recibido indicaciones de la Casa del Rey. Sánchez, el pasado martes en el Senado, acusó a los soberanistas de crear "debates artificiales" que cuestionan "de manera indirecta el orden constitucional".

El Consejo de Estado señalaba que aunque la moción es un "grave atentado al principio de lealtad institucional", es un texto sin "efectos jurídicos"


La moción del Parlament condenaba y reprobaba la actitud del rey Felipe VI en el conflicto catalán y su "justificación de la violencia" policial el 1-O, el día del referéndum ilegal, y también abogaba por la abolición de la monarquía. El Consejo de Estado, relató Celaá, entiende que ese texto es un "grave atentado al principio de lealtad institucional" y una manifestación política que "degrada" la forma de Estado, y comporta una "falta de respeto a la más alta magistratura" del país. El órgano que dirige De la Vega, no obstante, entiende que este tipo de mociones parlamentarias tienen una naturaleza "netamente política y no jurídica", porque no se integran en el ordenamiento legal y "no producen efectos jurídicos".

"Ataque injustificado" al monarca

El Gobierno, sin embargo, no comparte el criterio del Consejo. Entiende que la resolución es "inconstitucional" porque supone "un nuevo intento, como otros anteriores, del Parlament de Cataluña, de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república, lo que vulnera claramente la Constitución y contraviene la última doctrina emanada por el Tribunal Constitucional". Además, el intento de "abolición de la monarquía" es un "ataque injustificado a la figura del Rey" y una "extralimitación de las funciones" de la Cámara autonómica, y eso, a juicio del Ejecutivo, es "inadmisible" y vulnera la Carta Magna y el Estatuto. Por todo ello, el Gabinete de Sánchez interpondrá en los próximos días el recurso contra la moción del Parlament, añadió Celaá, "por sentido de Estado", mostrando su "respeto institucional al dictamen" del supremo órgano consultivo, que "en este caso" no comparte.

El Gobierno considera que la Corona no puede ser objeto de debate, que el Parlament se extralimitó en sus funciones y que la figura del Rey es "inviolable"

Sin embargo, la ministra no supo explicar, pese a que se le preguntó en varias ocasiones, por qué el Gobierno colige que la resolución de la Cámara catalana, que fue propuesta por los comunes y apoyada por ERC y Junts per Catalunya (JxCAT), puede abrir un nuevo "proceso unilateral" separatista que lleve a la proclamación de la república. "El Gobierno considera que no es objeto de debate lo que concierne a la Corona, a la modificación de la forma de Estado". Por eso impugna el Ejecutivo ante el TC, "no porque imagine nada que esté encima de la mesa", reflexionó, entrando en contradicción con sus palabras, sino porque "la figura" del monarca "es inviolable y no debe ser objeto de disputa partidaria". Celaá traía la argumentación escrita, y no se quiso salir de ese guion, por mucho que se le inquirió.

No es la primera vez que el Gobierno de España acude al TC desoyendo la recomendación del Consejo de Estado. Ya ocurrió en enero: Mariano Rajoy era el presidente y decidió impugnar la previsión de investidura telemática de Carles Puigdemont.

No hay "presiones" a jueces y fiscales

La otra gran materia que centró la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de Sevilla fue la causa del 'procés'. Ayer jueves el Supremo dictó la apertura de juicio oral y emplazó a las acusaciones a presentar sus calificaciones en cinco días. La portavoz insistió en que el Ejecutivo no da ningún tipo de instrucciones ni a la Fiscalía ni a la Abogacía General del Estado, pese a que esta depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia y podría estar estudiando una rebaja de las acusaciones, aparcando el delito de rebelión. No hay "presiones" de ningún tipo, remarcó.

El Gobierno se declara "imparcial" en el 'procés' y no ordena "para nada" a la Fiscalía, que es autónoma, y a la Abogacía, que trabaja con criterios jurídicos

"El Gobierno no entra para nada en el Poder Judicial, ni en la Fiscalía, para nada. Está a la espera de conocer, como el resto de ciudadanos, las calificaciones de la Fiscalía y de la Abogacía. La Fiscalía no recibe instrucciones del Gobierno, actúa en defensa del interés general, siendo autónoma e imparcial en sus decisiones. La Abogacía trabaja para llegar al 2 de noviembre —la fecha que la vicepresidenta, Carmen Calvo, avanzó ayer jueves en Onda Cero— con sus calificaciones y con criterios exclusivamente jurídicos".

El Gobierno recurrirá al TC la reprobación al Rey sin el respaldo del Consejo de Estado

"El Gobierno se mantiene absolutamente imparcial en relación al 'procés", "no marca el paso" a los tribunales y, como son independientes, no tienen por qué ver alterado su ritmo, insistió Celaá.

El presidente, el pasado miércoles en el pleno del Congreso, deslizó que no comparte la acusación por rebelión de los cabecillas del 'procés' encarcelados, y se remitió a una enmienda del popular Federico Trillo al Código Penal, en la que vinculaba este delito al uso de las armas. Unas horas más tarde, Calvo circundaba la misma idea, dando a entender que el Ejecutivo cree que no encaja la rebelión en lo ocurrido hace un año en Cataluña. Una reflexión que se interpretó como un guiño a las formaciones independentistas de las que Sánchez necesita su voto para sacar adelante sus Presupuestos de 2019.

Sin embargo, el Ejecutivo desanduvo sus últimos pasos. Celaá subrayó que el Gobierno no tiene "ningún plan" para modificar el delito de rebelión en el Código Penal, ni pretendía "orientar" al Poder Judicial "hacia ninguna parte". "Era una comparecencia [en el Congreso] y para nada se refirió al Poder Judicial. Todo el mundo es libre para expresar sus sentimientos y expresarlos, pero no hay presión al Poder Judicial", defendió, para negar así que las palabras de Sánchez y Calvo puedan ser entendidas como un toque de atención o 'consejo' a jueces y fiscales.

El Gobierno recurrirá al TC la reprobación al Rey sin el respaldo del Consejo de Estado

Sánchez y Díaz siguen su 'idilio' de cara al 2-D

Pedro Sánchez y Susana Díaz tienen mucho interés en mostrar total sintonía y cerrar las viejas heridas del pasado, causadas por una guerra a muerte entre ambos en primarias. Más ahora que las andaluzas están prácticamente a la vuelta de la esquina. El presidente acompañó a la jefa de la Junta el pasado sábado en su proclamación como candidata para las autonómicas del 2 de diciembre por el comité director. Y este viernes acudió al sevillano palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno regional, para reunirse con la baronesa andaluza. Ella lo recibió calurosamente en los jardines del céntrico palacio. Los dos no pararon de mostrarse afecto. 

Ninguno de los dos compareció después de la entrevista de dos horas, aunque la Junta sí emitió un comunicado posterior en el que el Ejecutivo autonómico se felicitaba de los "avances en proyectos muy importantes" para la comunidad que demuestran, "una vez más, con hechos, el firme compromiso del Gobierno de España con esta tierra". Así, Sánchez reiteró que los próximos Presupuestos Generales del Estado contemplarán un plan especial de empleo para Andalucía, tal como y lleva reclamando años la Junta para afrontar su abultado índice de paro. 

También el presidente insistió en que se cumplirá la disposición adicional tercera del Estatuto que obliga al Estado a destinar a Andalucía una financiación proporcional a su población. 

 

Los dos presidentes socialistas abordaron asimismo la cooperación entre comunidades para la acogida de los menores inmigrantes (los llamados MENA) y la prohibición de las 'narcolanchas', cuya prohibición aprobó este viernes el Consejo de Ministros por real decreto ley. Asimismo, trataron la posibilidad de nueva carga de trabajo para la factoría de Navantia en Puerto Real (Cádiz) y el aprovechamiento de la plataforma de alta velocidad ferroviaria entre Marchena (Sevilla) y Antequera (Málaga) como alternativa tras los daños ocasionados por las lluvias torrenciales de los últimos días en las conexiones por tren entre las dos provincias. 

Díaz calificó la reunión en San Telmo como "muy satisfactoria". La baronesa coincidirá de nuevo con Sánchez en el comité federal del PSOE previsto para el próximo 10 de noviembre. 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Celaá no quiso hacer referencia a ningún tipo de inversión para Andalucía para no entrar en conflicto con la Ley Electoral, que impide a los poderes públicos hacer nada que se pueda entender como campaña institucional desde la misma convocatoria de los comicios. Cualquier desliz habría podido dar aliento a la oposición para llevarlo ante la Junta Electoral. 

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