Los presos del 'procés' confían en que la rebaja de la Abogacía arrastre a la Fiscalía

Los partidos independentistas confían en que la rebaja en la acusación de la Abogacía del Estado —que estudia descartar rebelión para acusar por malversación o como mucho por sedición— sirva de arrastre durante el juicio para que la Fiscalía acabe rebajando su calificación. Fuentes parlamentarias señalan que, como adelantó este diario el 4 de septiembre, la Abogacía del Estado ha sido la baza en la negociación, ya que influir en la Fiscalía se veía como imposible y contraproducente. Pedro Sánchez ya ha apuntado que no ve rebelión, un delito penado con 20 años de cárcel y para el que hace falta un alzamiento violento.

Conforme se acerca la hora clave de las acusaciones en el juicio del 'procés', se aclaran las posturas. Los partidos independentistas han exigido para apoyar los Presupuestos "un gesto" hacia los presos como Oriol Junqueras. Aunque en público la petición siempre ha sido a la Fiscalía —así lo ha afirmado Joan Tardà en innumerables ocasiones—, bajo cuerda el tema era la acusación de la Abogacía del Estado, como viene contando El Confidencial.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno estudia ahora acusar solo por sedición y descartar rebelión en el 'procés'

Marcos Lamelas

Los fiscales del Supremo se niegan a rebajar su acusación por rebelión y el Gobierno ha desistido de intentar influir. Ya con el PP en el Gobierno, la Fiscalía ejerció su autonomía y el fiscal Maza mantuvo posiciones más duras que las del Ejecutivo de Rajoy. Así que lo que queda es la Abogacía del Estado, con dependencia jerárquica del Ministerio de Justicia y que se personó en nombre de la Agencia Tributaria por el delito de malversación.

Moncloa siempre ha rebajado el papel de la Abogacía del Estado en causas penales. El Gobierno ha deslizado que, como su papel es secundario, solo acusaría por malversación, el delito por el que se personó el pasado mes de febrero, y que el peso de la acusación es de la Fiscalía. La Abogacía estudia acusar solo por malversación —el equivalente a ponerse de perfil y no entrar a valorar el 1-O— o bien acusar por malversación y añadirle sedición. Eso supone penas más altas pero a la vez se podría interpretar como un gesto hacia el independentismo. Significaría que Justicia no ve rebelión incluso entrando al fondo del asunto.

La Fiscalía se ha mostrado refractaria a las influencias del Gobierno desde los tiempos de Rajoy

Los independentistas esperan que a lo largo del juicio esta posición de la Abogacía del Estado sirva para rebajar la postura de la Fiscalía. Aunque la Abogacía no lleva la voz cantante en las acusaciones en procesos penales, tiene una enorme autoridad en el mundo judicial. Además, fuentes jurídicas temen que una eventual condena por rebelión acabe suponiendo un varapalo a España en la Justicia europea y consideran que conviene.

Que la Abogacía no acuse por rebelión no implica que no puedan ser condenados por ese grave delito. Incluso si la Abogacía y la Fiscalía rebajan esa calificación, quedaría la de Vox, pero fuentes jurídicas destacan la dificultad de que el Supremo encaje la rebelión solo con la acusación del partido de Santiago Abascal.

Que la Abogacía no vea rebelión en su acusación tiene efectos, por la enorme autoridad de los abogados del Estado en el mundo judicial

El miércoles, en su réplica al PNV, Pedro Sánchez ya sugirió en el pleno del Congreso que el delito de rebelión no es aplicable al 'procés'. Aludía al debate para la reforma del Código Penal aprobado en 1995. "En 1994, el señor Trillo, diputado del PP, decía que la rebelión se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares", afirmó.

Los socios de Sánchez en la moción de censura se han mostrado partidarios de que la Abogacía incluso se retire de la acusación o de que el Ejecutivo inste a la Fiscalía. Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, ya pidió el 31 de agosto que la Abogacía retirase la acusación. La semana pasada en RNE insistió en que el Gobierno puede influir en el proceso.

El pasado mes de julio, en una entrevista con 'eldiario.es', Sánchez negó que fuese a dar instrucciones a la Abogacía en este juicio: "Creo que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado tienen que basarse en fundamentos jurídicos para fijar la posición del Estado. Yo voy a respetar las decisiones que tomen".