El Gobierno estudia ahora acusar solo por sedición y descartar rebelión en el 'procés'

La Abogacía del Estado, la pata del Gobierno en el juicio del 'procés', es la baza de Pedro Sánchez en la negociación con los independentistas catalanes para aprobar los Presupuestos. La representación del Ministerio de Justicia ultima su escrito, en el que estudia descartar la rebelión. Aunque inicialmente se debatía la conveniencia de ponerse de perfil y acusar solo por malversación —con el argumento jurídicamente válido de que está solo en representación de la Agencia Tributaria—, ahora estudia acusar por sedición, menos grave que rebelión. La decisión del Ministerio de Justicia no está cerrada. Fuentes próximas a ERC explican que pese a que eso supondría elevar la acusación, tendría el valor simbólico de que al entrar en el fondo del asunto no se vería rebelión, con todo el valor simbólico que supone un gesto en el que se descarta la existencia de violencia en los hechos de hace un año.

El Gobierno ha repetido una y otra vez que no puede influir en el criterio de la Fiscalía. Los fiscales del Tribunal Supremo están decididos a acusar por rebelión, un delito penado con hasta 30 años de cárcel en los casos más graves. Las defensas de Oriol Junqueras y compañía intentan a toda costa tumbar esa acusación. El Ejecutivo nombra a la fiscal general del Estado pero defiende su autonomía e independencia, que la propia María José Segarra ha demostrado en varias ocasiones. Así que el gesto en el juicio que reclaman los partidos independentistas solo puede venir de la Abogacía del Estado, un cuerpo jerárquicamente dependiente de Justicia.

El Ejecutivo considera que la acusación la lidera la Fiscalía y ha defendido que el papel de la Abogacía en los procedimientos penales es secundario

La Abogacía se personó en nombre de la Agencia Tributaria en febrero cuando aparecieron indicios de malversación de caudales públicos. Así que en su acusación podría evitar meterse en más disquisiciones y limitarse a acusar solo por ese delito, castigado con hasta 12 años. Jurídicamente, esa acusación sería perfectamente defendible, porque en otros grandes casos la Abogacía a veces limita su acusación a recuperar el dinero que haya podido perder el Gobierno —los delitos fiscales en algunos casos de corrupción, por ejemplo— sin acusar por todos los delitos.

En ese sentido, el Ejecutivo considera que la acusación la lidera la Fiscalía y ha defendido que el papel de la Abogacía en las causas penales es secundario. Eso daría aire a los acusados, aunque igualmente podrían ser condenados por rebelión, porque así lo van a pedir la Fiscalía y la acusación particular que ejerce Vox. Pero al menos el Ejecutivo podría esgrimir que su abogado en el proceso, sujeto a dependencia jeráquica de la abogada general del Estado, solo acusa por malversación.

Pero últimamente ha surgido otro escenario. Que la Abogacía sí entre en el fondo del referéndum del 1-O y la posterior declaración de independencia. En ese caso, existe la posibilidad de que solo acuse por sedición, un escalón por debajo de la rebelión. El Código Penal contempla entre 10 y 15 años para "los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes", siempre que sean personas "constituidas en autoridad".

Muchos juristas han criticado el uso de la rebelión porque exige "un alzamiento público y violento" y en el mundo judicial existe el temor a que los tribunales europeos abunden una eventual condena por rebelión. Paradójicamente, en la suma de penas, la acusación por sedición podría ser contraproducente para los acusados, porque la malversación se sumaría a la sedición y no como agravante. Sirven este argumento y el contrario: si la interpretación se realiza en el rango inferior de las penas, estas pueden reducirse.

Políticamente, tanto ERC como PDeCAT han insistido en que el Gobierno tenga "un gesto" con los presos del 'procés'. Aunque oficialmente piden al Gobierno que "inste" a la Fiscalía a rebajar o retirar su acusación, en privado también señalan la importancia de la Abogacía del Estado. Negar la rebelión para apoyar la sedición es un indudable acto simbólico de peso. Fuentes de JxCAT apuntan que el gesto puede ser apreciado por los republicanos, proclives a pactar los Presupuestos del Estado, pero no por la formación de Carles Puigdemont que, como mínimo, aspira a lograr ya, antes del juicio, la libertad provisional o un arresto domiciliario. Algo impensable en la actual situación.

El criterio del Gobierno que defendería su abogado de no incluir rebelión choca con el de la Fiscalía del Supremo que, frente a las voces que reclaman desde el entorno independentista y partidos de la izquierda una rebaja en el rigor de las penas e incluso la retirada de la acusación, prevé esgrimir en las próximas semanas el delito de rebelión contra las figuras más icónicas de la causa del 'procés' y considerar a Oriol Junqueras "jefe" de la revuelta secesionista.

El auto de apertura de juicio oral es inminente y luego llegan las acusaciones de Fiscalía y Abogacía

Los acontecimientos se precipitarán en breve, ya que el auto de apertura de juicio oral, que abre el plazo para que tanto el Ministerio Público como la Abogacía presenten sus escritos de acusación, está casi a punto y se notificará esta misma semana. A partir de ahí, se abre un plazo de cinco días para que todas las partes presenten sus escritos. El Ministerio Público tiene previsto entregarlo al Supremo la próxima semana, antes del puente de Todos los Santos.

Las penas que maneja el equipo de cuatro fiscales del alto tribunal no son leves. Con la malversación de caudales públicos como agravante, el 'exvicepresident' se arriesga a una solicitud de condena superior a los 20 años, mientras que el resto de políticos en prisión preventiva, entre ellos varios 'exconsellers', superará los 15 años.

Este escrito es, en cualquier caso, provisional, y no será hasta el final del juicio cuando la Fiscalía eleve a definitiva su solicitud de condenas por los hechos que considere acreditados. En ese momento, que no llegará hasta el mes de abril, según los cálculos del calendario que se maneja, pueden introducirse cambios en la calificación. Existe, por tanto, la posibilidad de que también el Ministerio Público abandone la polémica rebelión para sumarse a esta otra tesis.