La Abogacía del Estado en el 'procés', la baza que guarda Sánchez en el deshielo con Torra

Los partidos independentistas catalanes mantienen un objetivo en su negociación con Pedro Sánchez para sacar adelante los Presupuestos: la acusación de la Abogacía del Estado en el juicio del procés, que, al contrario que la Fiscalía, sí depende directamente del Ministerio de Justicia. La dificultad de influir en el criterio de la Fiscalía para que retire la acusación por rebelión les ha llevado a plantear que al menos decaiga la calificación de la Abogacía del Estado, con una dependencia jerárquica de Justicia. Fuentes independentistas señalan que eso "sigue sobre la mesa". El ministerio se plantea pedir a su representación que solo acuse por malversación, ya que es el delito que los llevó a personarse en nombre de Hacienda. Un portavoz de Moncloa recordó el martes que es ese el delito por el que la Abogacía está personada.

El primero en decirlo públicamente fue Pere Aragonès, vicepresidente de la Generalitat, que en una entrevista en 'El País' pidió al Gobierno que "oriente" a la Fiscalía si quiere el apoyo de ERC a los Presupuestos. "No les estoy pidiendo nada a los jueces, sino al Gobierno, que es una de las partes. La Abogacía del Estado y la Fiscalía General siguen su orientación".

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Preguntado en la Cadena SER sobre si influiría en la Fiscalía, Pedro Sánchez replicó que respeta la independencia del Ministerio Público: "El Gobierno de España va a respetar la autonomía del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado que está recogida en la Constitución". Aunque es el Gobierno el que nombró a la fiscal general, una vez puesta en el cargo no tiene dependencia jerárquica de Justicia. En muchas ocasiones, ha habido influencias del Ejecutivo en la Fiscalía, pero en el caso del 'procés', la postura de los fiscales del Supremo ha sido muy clara a favor de acusar por rebelión, un delito penado con hasta 20 años, y que supone la principal amenaza a Oriol Junqueras y demás responsables del 1-O encarcelados.

Hace unos meses, el equipo de la Fiscalía en el Supremo evidenció serias discrepancias con el criterio del entonces fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar. Los fiscales pidieron la libertad bajo fianza de 100.000 euros del exconsejero de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, pero lo hicieron destacando que lo formulaban por imperativo legal en aplicación del artículo de su estatuto que establece que "el fiscal general del Estado podrá impartir a sus subordinados las órdenes e instrucciones convenientes al servicio y al ejercicio de las funciones".

Fuentes jurídicas ven muy improbable que vayan a cambiar ese criterio que, además, ya han reflejado por escrito bajo la dirección de la fiscal general de la etapa socialista, María José Segarra. En su último informe sobre las recusaciones formuladas por los acusados de los magistrados del tribunal que debe juzgarlos, afirmaban que los acontecimientos de septiembre y octubre de 2017 constituyeron una insurrección violenta.

El estatuto del Ministerio Fiscal establece que "tiene por misión promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales, y procurar ante estos la satisfacción del interés social". En ningún momento habla de subordinación al Ejecutivo.

Que la puerta de la Fiscalía esté cerrada —al menos oficialmente— no implica que el Gobierno no vaya a tener un pie en el juicio. Fuentes independentistas señalan que "sigue sobre la mesa" la acusación de la Abogacía del Estado. Esta se personó en la causa cuando aparecieron indicios de malversación por el uso de dinero público para la consulta ilegal del 1-O. La Abogacía acusa en casos en los que el Estado puede ser perjudicado, desde delitos fiscales a las tramas Nóos y Gürtel o el desfalco de fondos públicos en las obras del Puerto del Musel (Gijón).

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Para influir sobre el escrito de la Abogacía del Estado, Justicia no tiene que "orientar" indirectamente, sino dar una orden. El abogado del Estado representa a Justicia y obedece directrices. La cúpula del servicio jurídico siempre lo ocupa un abogado del Estado, pero es un cargo nombrado por el Gobierno. La Abogacía no ha presentado su escrito de acusación y una calificación que no incluya el delito de rebelión sería una baza para el independentismo en la sala.

Aun así, podrían ser condenados por rebelión, porque la Fiscalía planea acusar por ese delito o al menos por incitación para esta o sedición. La rebelión exige violencia y estos delitos están castigados con años de cárcel, pero menos que el de rebelión. También lo hará previsiblemente Vox, que ejerce la acusación popular. Además, el Ejecutivo de Sánchez podría argumentar que hizo lo que estaba en su mano para evitar una eventual condena por rebelión. Se daría así el caso de que las dos acusaciones públicas diferirían notablemente en su acusación.

Un portavoz de Justicia no contestó a las preguntas de este diario sobre si van a dar instrucciones a la Abogacía. Uno de Moncloa señaló el martes: "La Abogacía representa a Hacienda por un presunto delito de malversación". El pasado mes de julio, en una entrevista con 'eldiario.es', Sánchez negó que fuese a dar instrucciones a la Abogacía en este juicio: "Creo que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado tienen que basarse en fundamentos jurídicos para fijar la posición del Estado. Yo voy a respetar las decisiones que tomen".

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Pero el Ejecutivo está inmerso en su particular Vietnam en el Congreso para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, claves para alargar la legislatura. Necesita no solo el apoyo de Unidos Podemos, algo que puede ser factible, sino de los partidos independentistas. Y conseguirlo en pleno otoño caliente del independentismo y con el juicio en el Supremo, previsto para noviembre. El juicio es clave en la estrategia política de los partidos independentistas catalanes, y en especial del presidente catalán, Quim Torra. El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, admitió el lunes que "tener políticos presos no ayuda" en la negociación de las cuentas públicas.

No es solo Aragonès quien ha pedido que la Abogacía levante el pie del acelerador. ​Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida, pidió el viernes en RNE que el Gobierno "destense" la relación con Cataluña y que para ello la Abogacía se olvide del delito de rebelión.

Las relaciones entre la Abogacía y el ministerio no pasan por su mejor momento después del caso sobre la defensa de Llarena. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, desató una caza de brujas después de que varios medios publicasen los informes de la Abogacía a favor de que el Estado defendiese a Llarena de la demanda de Puigdemont en Bélgica. Finalmente, el asunto se saldó sin destituciones. Queda además la cuestión técnica que implica defender una malversación sin vincularla con un fin delictivo, sea este rebelión u otro delito.