El Supremo ultima el auto clave y calienta el 'procés' en plenos Presupuestos

El Tribunal Supremo continúa su avance en la causa por el 'procés' independentista de Cataluña y, tras acabar con la fase en la que la veintena de políticos contra los que se dirige la instrucción han podido presentar sus alegaciones, se dispone a dictar la apertura del juicio oral. Las previsiones colocan la notificación de este auto clave —que señala ya el camino para la celebración de la vista oral en la que se sentarán 18 procesados— a finales de esta misma semana o principios de la próxima, informan a El Confidencial fuentes jurídicas. En pleno inicio de la negociación de los Presupuestos pactados por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Después de una instrucción marcada por los delitos de rebelión y malversación, tras este trámite llegará el momento de que la Fiscalía lance su escrito de acusación provisional, en el que prevé mantener la rebelión y solicitar penas elevadas para el 'exvicepresident' Oriol Junqueras y otros de los políticos en prisión provisional. Es decir, el Ministerio Público debe ya inclinarse por una calificación de los hechos y su valoración, eso sí, provisional y que por tanto puede modificarse al término de la vista oral, que caerá como un torpedo en plena negociación del Ejecutivo para sacar adelante las cuentas para el ejercicio 2019.

TE PUEDE INTERESAR

La Fiscalía apuesta por la rebelión y baraja más de 20 años para Junqueras

Beatriz Parera

Los cuatro fiscales del alto tribunal se mantendrán fieles a lo que ya han defendido en los pasados meses y apostarán por acusar por rebelión. El término se ha convertido en una palabra casi maldita para el PDeCAT y ERC que han hecho de la causa su bestia negra del último año y han lanzado númerosos mensajes en los que reclaman, sin reparo, que se ordene a la Fiscalía la rebaja a un delito menor y la puesta en libertad inmediata de los nueve políticos en prisión preventiva.

Sánchez necesita de las dos formaciones independentistas si quiere que el proyecto en el que ha trabajado con Podemos y que establece medidas como elevar el salario mínimo interprofesional a los 900 euros sea aprobado en el Congreso. Con los votos negativos del PP y Ciudadanos, el apoyo del PNV y ERC resulta esencial, mientras que la formación de Carles Puigdemont debe, al menos, abstenerse para conseguir más apoyos que rechazos en segunda votación.

La acogida del proyecto desde las dos formaciones soberanistas ha sido dispar. Las primeras voces se alzaron inmediatamente después de que se conociera el contenido el acuerdo, ligeramente más favorables desde Esquerra y mucho menos desde los antiguos convergentes. La vicepresidenta del PDeCAT y diputada en el Congreso, Míriam Nogueras, lo dejó bastante claro este mismo domingo a través de un mensaje en Twitter. Votarán no salvo que se observen "movimientos" por parte del Gobierno del PSOE para solucionar la situación de "los presos políticos". La otra reivindicación básica para ese apoyo es la existencia de gestos que sienten un camino hacia la autodeterminación. Si bien el ultimátum lanzado por Quim Torra hace unos días se vio desinflado por la falta de apoyos, ese tope para que se le ofreciera desde Moncloa la promesa de un futuro referéndum puede revivir ahora.

ERC es harina de otro costal. La operación de seducción se inició hace semanas y los de la izquierda catalana parecían más permeables a dar su sí a las cuentas, que coinciden, además, con sus postulados con su enorme carga social. Reuniones en prisión con el apoyo de UGT incluidas pueden acabar en agua de borrajas después de que se conozca una petición de penas que será más rigurosa con su líder, Junqueras, que con ningún otro. Para muestra, Rufián. El portavoz adjunto de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, aseguró tras su entusiamo inicial que le costaría "votar en contra de algunas de las medidas sociales" contempladas en el pacto pero que preferiría hacerlo antes que apoyar las cuentas "de un Gobierno de carceleros".

Desde las filas de la izquierda catalana, arrecian las opiniones contra un apoyo. Será no sin una promesa desde el Ejecutivo para que se fuerce al Ministerio Público a un cambio de criterio. El portavoz de ERC, Joan Tardà, se ha pronunciado también tras las informaciones sobre los planes de la Fiscalía y ha avisado de que ni siquiera se sentarán a negociar si no se retiran las acusaciones. "Absolución o nada", es el mensaje.

Las presiones no parecen haber hecho mella en el equipo de los cuatro fiscales que se ocupan de la causa sobre el 'procés' en el Tribunal Supremo. Ni las últimas indirectas lanzadas desde el Ejecutivo sobre la conveniencia de una excarcelación antes del juicio ni las anteriores, que partieron ya del Gobierno de Mariano Rajoy, que hubiera preferido acciones más benévolas en muchas ocasiones, surtieron efecto. Se abren ahora dos meses de un tira y afloja en los que el alto tribunal se convertirá, inevitablemente, en una piedra en el zapato del Ejecutivo.