PRESENTACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO

El Gobierno apela a ERC y PDeCAT: "Saben bien" que no puede presionar a la Fiscalía

Insiste en que ha de respetarse la separación de poderes y apunta que los separatistas habrán de "sopesar" si les conviene beneficiar a "millones de personas" o mirar por los presos del 'procés'

Foto: Isabel Celaá, junto con las ministras María Jesús Montero y Nadia Calviño, este 15 de octubre en La Moncloa. (EFE)
Isabel Celaá, junto con las ministras María Jesús Montero y Nadia Calviño, este 15 de octubre en La Moncloa. (EFE)

De momento, prudencia y nada de alarmismo. Ni pesimismo. ERC y PDeCAT, grupos fundamentales para que Pedro Sánchez pueda sacar sus Presupuestos Generales del Estado, mantienen su negativa a apoyar las cuentas del próximo año si no hay gestos hacia los dirigentes independentistas presos. Pero el Ejecutivo les insiste en que ambas formaciones "saben muy bien" que no es posible que presione a la Fiscalía para que no les acuse de rebelión. Y por tanto, deberán "sopesar" si les conviene o no anteponer los intereses del conjunto de los ciudadanos sobre los de la "población reclusa".

El Consejo de Ministras y Ministros de este lunes aprobó el plan presupuestario para su remisión a Bruselas, y ofreció los detalles del cuadro macroeconómico [aquí en PDF] con el que se elaborará el proyecto de ley que el Gobierno enviará a las Cortes en la fecha comprometida, entre finales de noviembre y principios de diciembre. Las cuentas tienen el apoyo de partida de Unidos Podemos después del acuerdo de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias, sellado el pasado jueves. Pero ese respaldo no es suficiente y, en los últimos días, tanto ERC como el PDeCAT han dado muestras de frialdad. Más aún después de que trascendieran los planes de la Fiscalía del Supremo, que tendrá que hacer público su escrito de acusación una vez que el alto tribunal dicte la apertura de juicio oral: se mantendrá fiel al criterio defendido en los últimos meses y acusará por rebelión a los cabecillas del 'procés', solicitando penas elevadas para el 'exvicepresident' Oriol Junqueras y otros de los políticos en prisión provisional.

El Ejecutivo no puede actuar y ellos lo saben muy bien y la Fiscalía se debe a su autonomía e imparcialidad y lo saben


Los planes (previsibles, por otro lado) del ministerio público han endurecido los discursos del Govern y de las dos formaciones que lo sustentan. El vicepresidente de la Generalitat y adjunto a la presidencia de ERC, Pere Aragonès, en línea con lo advertido ayer domingo por el portavoz de su partido en el Congreso, Joan Tardà, lanzó un duro aviso a Sánchez: si "mantiene la represión contra el independentismo" y no hay gestos con los presos ni con la cuestión de la autodeterminación, ERC "no negociará" los Presupuestos. "El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene que demostrar que es diferente a [Mariano] Rajoy también en esta cuestión", señaló, informa EFE.

Palabras duras de PDeCAT y ERC

Carles Campuzano, portavoz del PDeCat en el Congreso, no cree que exista relación entre el apoyo a Sánchez del juicio a los secesionistas. En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Campuzano aseguró que no se puede "exigir" al Gobierno y que "no se debe poner una condición de este tipo", Sin embargo, recalcó que la "decisión final" será de "la dirección del partido".

El resto de líderes políticos se han movido en la línea opuesta. Si "mantiene la línea represiva a través de la Fiscalía o de la Abogacía del Estado, y si cree que los líderes independentistas en general y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en concreto, tienen que estar en prisión por rebelión, no tiene sentido pedirnos apoyo a los Presupuestos ni garantizar la estabilidad de su Gobierno", abundó Aragonès. El presidente del PDeCAT, David Bonvehí, calificó de "gravísimo" que la Fiscalía pueda pedir rebelión para los líderes del 'procés' y una prueba de que el Ejecutivo "no está haciendo gestos" ni cambios respecto a la Administración anterior. Ayer domingo, su número dos, la diputada en el Congreso Míriam Nogueras, insistía en que su formación votaría no a los PGE si no hay "movimientos".

El Gobierno defiente estos PGE "con determinación, convicción y pasión", porque cree que "cambian el paso" y ponen al país "en otro escenario"

"Ya sabemos que las autoridades catalanas demandan medidas con la población reclusa", reconoció de entrada la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este lunes. "Las autoridades legítimas de Cataluña lo son porque representa al Estado de derecho, y el Estado de derecho es separación de poderes. El Ejecutivo no puede actuar, y lo saben muy bien", sostuvo la ministra, de manera totalmente coincidente con lo que lleva manifestando el Gobierno desde hace meses: que no puede instar al ministerio público a que cambie de criterio en la causa del 'procés'.

La Fiscalía, insistió, se debe a su "autonomía e imparcialidad", "y lo saben". Esta misma mañana, la titular de Justicia, Dolores Delgado, insistía en que "no se va a dar instrucciones a nadie", porque el Gabinete mantiene "absoluto" respeto a la independencia y autonomía del Poder Judicial.

El Gobierno apela a ERC y PDeCAT: "Saben bien" que no puede presionar a la Fiscalía

Y como las fuerzas secesionistas lo saben, siguió Celaá, corresponde a las formaciones soberanistas "sopesar, equilibrar" entre esa "separación de poderes y lo que consagra el Estado de derecho", y lo que el Gobierno pone encima de la mesa con sus PGE de 2019, que traen "beneficios para millones de personas" en términos de dependencia, educación, pensiones...

[Consulte aquí en PDF el cuadro macroeconómico y los nuevos objetivos de estabilidad]

"Todo eso les corresponde evaluar a las autoridades catalanas", apremió Celaá. La ministra recordó la contradicción en la que está atrapado el separatismo catalán: este mismo 15 de octubre, mientras el Govern mantiene su discurso inflamado, se sienta con el Ejecutivo en la comisión de infraestructuras, que llevaba años sin reunirse. "Pesa mucho más la Cataluña dentro de España, la histórica, inteligente, cultivada, cosmopolita, que las declaraciones retóricas que se están haciendo en los últimos días", subrayó.

El Gobierno apela a ERC y PDeCAT: "Saben bien" que no puede presionar a la Fiscalía

El número de beneficiarios

El Gobierno, pues, está "convencido de que el Presupuesto tiene fuerza intrínseca suficiente como para salir adelante". Y defiende estas cuentas "con determinación, convicción y pasión", porque considera que "cambian el paso" y ponen al país en otro escenario "demandado durante tantísimo tiempo" por los ciudadanos, con "beneficios para millones de personas".

Montero comenzará las negociaciones con el PNV, e insiste en que "apoyar estos PGE no es apoyar al Gobierno", sino a mejorar la vida de los españoles

En la presentación del plan presupuestario, de hecho, tanto Celáa como las ministras de Hacienda y Economía, María Jesús Montero y Nadia Calviño, hicieron hincapié en que los PGE de 2019 suponen el fin de la austeridad y repercutirán en la calidad de vida de muchísimos ciudadanos, haciendo que la recuperación llegue al conjunto de los españoles. Y puso "humanidad" a esas cifras pactadas con Podemos. Así, la actualización de las pensiones conforme al IPC real beneficiarán a 8,7 millones de personas; a 2,3 afectada la subida de las mínimas y no contributivas; 6,8 millones sentirán la supresión del copago farmacéutico, y un millón el aumento de la prestación por hijo de las familias más vulnerables. 114.000 serán las beneficiarias de la recuperación del subsidio por desempleo para maores de 52 años y 190.000 podrán acogerse al aumento de cinco a ocho semanas del permiso de paternidad.

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El presidente aseguró el pasado viernes, en la recepción de la Fiesta Nacional ofrecida por los Reyes en el Palacio Real, que la negociación con las fuerzas parlamentarias arrancaría una vez se lleven los PGE al Congreso, a finales del mes próximo o principios del que viene. Montero, no obstante, quiere empezar a hablar ya con los grupos, según fuentes muy próximas. En la rueda de prensa, la ministra sí afirmó que la ronda comenzará "probablemente con el PNV", el partido que más ha manifestado su voluntad de sintonizar con el Ejecutivo. La titular de Hacienda insistió en que le "cuesta pensar" que quien ponga en el centro a los ciudadanos no respalde estas cuentas. "Apoyar estos PGE no es apoyar al Gobierno", sino que supone mejorar "la calidad de vida de nuestros ciudadanos, la dignidad del empleo y el cumplimiento con las obligaciones fiscales" exigidas por Bruselas.

Montero, para tranquilizar a Podemos, que pide que no haya modificaciones en el acuerdo firmado la semana pasada por Sánchez e Iglesias, sí sostuvo que si a lo largo de las conversaciones con el resto de grupos surgiera "cualquier cuestión que afectara al acuerdo previo" con los morados, se abordaría "en coordinación" con ellos, y obviamente contando con su "visto bueno".

La ministra adelantó que el proyecto de ley que se lleve a las Cortes recogerá la senda de déficit que esté vigente en ese momento, que será previsiblemente la del PP (más restrictiva, del -1,3% frente al -1,8% pactado con Bruselas), pero ello no afectará al techo de gasto (una subida del 4,4%, hasta los 125.064 millones de euros). No obstante, como coincidirán en el tiempo la tramitación de los PGE con la reforma de la Ley de Estabilidad —para privar al Senado de su poder de veto de los objetivos de estabilidad—, el Ejecutivo podrá modificar el proyecto y acoplarlo a una senda más flexible (el -1,8%).

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Tras la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, llegó el turno del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que este lunes se reunió con Sánchez en La Moncloa. El dirigente socialista lanzó un aviso a los independentistas: que no se atrevan a probar la fortaleza del jefe del Ejecutivo, porque saldrán escaldados. Lo decía por experiencia propia, porque él fue uno de los barones que se alineó con Susana Díaz en las primarias. Sánchz se sobrepuso a su defenestración, se rehízo y venció, y un año después asumía el Gobierno.

Page: "Yo no recomendaría a los independentistas, que se atrevieran a probar la fuerza de Sánchez". "No cambiará soberanía por apoyo parlamentario"

"Si alguien pensaba que Pedro Sánchez era débil, en el PSOE salimos de eso ya bastante escarmentados. Creo que cuando ha tenido que demostrar fuerza, se lo digo en primera persona, ha demostrado que la tiene, de manera que yo no recomendaría, tampoco a los independentistas, que se atrevieran a probar la fuerza de Pedro Sánchez", aseguró. No le faltaba razón.

El Gobierno apela a ERC y PDeCAT: "Saben bien" que no puede presionar a la Fiscalía

Page también remarcó que el presidente no va a cuestionar la soberanía nacional a cambio del respaldo de las formaciones soberanistas: "Tengo muy claro, y el presidente Sánchez sabe que tenemos muy claro en el partido muchos, independientemente de las primarias y de nuestra posición en el PSOE, que el presidente del Gobierno no va a cambiar soberanía por apoyo parlamentario, ni se plantea bajo ningún concepto poner en juego las reglas del Estado de derecho y la independencia judicial a cambio de prebendas presupuestarias", remachó.

Sánchez no fue informado de la reunión de Zapatero con Otegi "ni antes ni después"

El Gobierno no tenía información de la reunión que el pasado 8 de septiembre mantuvo el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, en Elgoibar (Gipuzkoa). Ya lo afirmaron fuentes del entorno de Pedro Sánchez el pasado sábado, cuando el diario vasco 'El Correo' publicó la noticia, y lo ratificó, con extraordinaria claridad, la portavoz este lunes. 

"El presidente del Gobierno no ha tenido información ni antes de la reunión ni después de la reunión", dio por toda respuesta Isabel Celaá

Después de la comparecencia, fuentes del Ejecutivo se negaron a ir más allá o hacer alguna valoración de las actividades del expresidente, que las hace como "ciudadano Zapatero", y de las que no tiene por qué dar cuenta a Sánchez. Este asunto genera cierta incomodidad al Gobierno. 

Celaá también fue preguntada por los abucheos del pasado viernes al jefe del Ejecutivo en el desfile del 12 de octubre. El Gabinete entiende que esos gritos contra Sánchez forman parte del ejercicio de la "libertad de expresión", si bien los "insultos deberían estar fuera de toda crítica política". Ahora bien, el Gobierno se malicia que esos pitidos fueron coordinados de alguna manera, o jaleados por la derecha: "Somos conscientes de que los abucheos no son muy espontáneos, por decirlo de una manera delicada". 

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