INFORME SOLICITADO CON URGENCIA

El Gobierno recurrirá al TC para defender al Rey pero quiere oír al Consejo de Estado

La portavoz da a entender que habrá impugnación sea cual sea el dictamen del órgano consultivo, pero no lo garantiza. El Ejecutivo rechaza que un Parlamento autonómico cuestione al monarca

Foto: Los reyes Felipe y Letizia llegan a la recepción por los Premios Princesa de Asturias, este 19 de octubre en Oviedo. (Reuters)
Los reyes Felipe y Letizia llegan a la recepción por los Premios Princesa de Asturias, este 19 de octubre en Oviedo. (Reuters)

El Gobierno lleva varios días defendiendo que irá al Tribunal Constitucional para impugnar la resolución que el Parlament de Catalunya aprobó el pasado 11 de octubre contra el Rey, a propuesta de los comunes y apoyada por JxCAT y ERC. Y el mensaje sigue siendo el mismo, aunque ahora queda algo matizado. Primero quiere ver qué dice el Consejo de Estado. Salvo sorpresa, salvo que este manifieste una opinión claramente contraria, la impugnación se elevará al TC la próxima semana.

El Consejo de Ministras y Ministros de este viernes aprobó solicitar al máximo órgano consultivo, que preside María Teresa Fernández de la Vega, que emita con urgencia el preceptivo dictamen para impugnar esa moción de la Cámara catalana, aquella que condenaba y reprobaba la actitud de Felipe VI en el conflicto soberanista y su "justificación de la violencia" policial empleada en el referéndum del 1-O y que demandaba la abolición de la monarquía por ser una institución "caduca y antidemocrática". El Consejo de Estado deberá enviar ese informe antes del 25 de octubre. Dictamen que es, por tanto, preceptivo pero no vinculante para el Ejecutivo. Dicho de otro modo: el Gabinete ha de requerir ese texto, pero puede hacer caso o no a sus recomendaciones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz, Isabel Celaá, dio primero a entender que el Gobierno seguirá adelante con el recurso al Constitucional, diga lo que diga el supremo órgano consultivo del Estado. La ministra subrayó que "desde el primer momento" el Gabinete socialista consideró "políticamente inaceptable " la resolución del Parlament, porque una Cámara autonómica "no es competente para diseñar la forma de Estado de un país". Y por eso ahora solicita el dictamen preceptivo. "Si el Consejo de Estado actúa de otra manera, será responsabilidad de esa otra institución, no del Gobierno, que cumple con sus obligaciones".

Si el Consejo de Estado actúa de otra manera, será responsabilidad suya, no del Gobierno, que cumple con sus obligaciones

¿Qué pasa si el dictamen es contrario a recurrir la resolución ante el TC? No es lo habitual que el Consejo de Estado no dé la razón al Gobierno, pero sí ha ocurrido. En enero, el órgano, entonces presidido por José Manuel Romay Beccaría, le dijo al Ejecutivo del PP que no respaldaba las "impugnaciones preventivas o hipotéticas" ante el Constitucional. En aquel momento, Mariano Rajoy quería recurrir la investidura a distancia de Carles Puigdemont, y acudió al TC pese a que tenía un dictamen en contra del Consejo de Estado.

Diferencias con una "crítica legítima"

Celaá, en las repreguntas de los periodistas, fue menos taxativa que en su primera respuesta. Insistió en que el informe es obligatorio, "que no vinculante". "No voy a improvisar. Confiamos en que el Consejo de Estado emita el dictamen preceptivo" y, "en función del contenido, veremos si es vinculante o no es vinculante", añadió.

El Ejecutivo impugnará salvo que el Consejo dijera que es "un disparate" hacerlo. "Pero ya veremos. Tenemos que estudiar, leer y luego decidir"

Fuentes del Ejecutivo consultadas por El Confidencial aclararon posteriormente que habrá recurso, salvo si el dictamen del Consejo de Estado "fuera muy contundente y dijera que es un disparate impugnar" ante el TC, hipótesis que no obstante no se prevé en La Moncloa. "Habrá que ver qué dicen. Aunque tampoco haremos necesariamente lo que diga el Consejo de Estado. Pero ya veremos. Tenemos que leer, estudiar y luego decidir", abundan estas fuentes.

Más allá de la acción posterior a ese informe, el Gobierno sí tiene claro su parecer respecto a la resolución del Parlament. "Rechaza absolutamente" que la figura del Rey sea "cuestionada en debates políticos". La también ministra de Educación no especificó qué artículos de la Constitución podría violar, pero insistió en que el Ejecutivo considera "inaceptable" que una Cámara autonómica entre a discutir "la posición del jefe del Estado". La reprobación del monarca "queda fuera de las funciones atribuidas a un Parlamento autonómico".

El Gobierno recurrirá al TC para defender al Rey pero quiere oír al Consejo de Estado

Celaá insistió en diferenciar entre "la crítica legítima" a una persona y la falta de competencias de una institución para opinar sobre la forma del Estado. El Rey, pues, "está fuera del debate partidario y político" dentro de una Cámara de una comunidad autónoma.

La "lealtad" de los nuevos consejeros

La ministra, en su exposición inicial, también hizo referencia a la aprobación este viernes, por parte del Gobierno, de ocho nuevos consejeros electivos de Estado, que desempeñarán su cargo para un mandato de cuatro años. Entre ellos se encuentra la exvicepresidenta del Ejecutivo Soraya Sáenz de Santamaría, a quien Pedro Sánchez telefoneó directamente para ofrecerle el puesto y que ella aceptó. Su nueva responsabilidad está remunerada con dietas (no es un salario), hasta un máximo de 974,16 euros al mes.

La portavoz destaca la alta cualificación de los nuevos miembros del Consejo de Estado, entre los que figura Soraya Sáenz de Santamaría

Celaá valoró la alta cualificación y la "lealtad" de los nuevos miembros del supremo órgano consultivo. Estos nombramientos, apuntó, evidencian el "máximo respeto institucional" del Ejecutivo hacia la institución centenaria, y también el compromiso con una entidad encargada de auxiliar y asesorar al Gabinete. La portavoz, pues, destacó de ellos su alta preparación jurídica y política. "Nos parece que los nombramientos van a aportar conocimiento y lealtad a ese Consejo de Estado", remachó.

El Gobierno recurrirá al TC para defender al Rey pero quiere oír al Consejo de Estado

Junto a Santamaría, se incorporan el exsenador de ICV Jordi Guillot, la expresidenta del Constitucional María Emilia Casas y la exmagistrada de este alto tribunal Elisa Pérez Vera. Continúan como consejeros electivos el expresidente del Senado Juan José Laborda, la catedrática de Filosofía Amelia Valcárcel, el exministro de UCD Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona y el extitular de Justicia del PP José María Michavila.

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