POR "RESPETO INSTITUCIONAL"

El Gobierno nombra a Santamaría consejera electiva de Estado y cobrará 974,16 € al mes

La exvicepresidenta fue llamada por Sánchez. El Ejecutivo aprueba este viernes los nombramientos de los nuevos consejeros de Estado, entre los que figuran la expresidenta del TC Mª Emilia Casas

Foto: Pedro Sánchez y Soraya Sáenz de Santamaría, durante el acto conmemorativo de la fiesta del 2 de Mayo. (EFE)
Pedro Sánchez y Soraya Sáenz de Santamaría, durante el acto conmemorativo de la fiesta del 2 de Mayo. (EFE)

Un nombramiento totalmente sorpresa. Y de profunda carga política. Es el de Soraya Sáenz de Santamaría como consejera electiva de Estado, para un periodo de cuatro años. Una designación decidida por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez y que este viernes aprueba el Consejo de Ministras y Ministros.

El Ejecutivo relanza así a la que fuera todopoderosa vicepresidenta de Mariano Rajoy en La Moncloa, derrotada en la competición interna contra Pablo Casado en el congreso extraordinario del PP del pasado julio. Santamaría abandonó en septiembre la política y su escaño en el Congreso. Ahora se sentará en el supremo órgano consultivo del Estado, pero su nuevo puesto no exige dedicación plena, ya que solo podrá cobrar un máximo mensual de 974,16 euros por asistencia a plenos, que no se perciben si no hay convocada sesión plenaria o si no se acude. La exvicepresidenta fue contactada directamente por Sánchez, que le agradeció "los servicios prestados al país", según confirmaron fuentes del entorno de este a El Confidencial. Ella pidió unos días para pensárselo, "un fin de semana", y "dijo que sí después". El Gabinete socialista quiere demostrar su sentido "institucional", más allá de la pugna partidaria.

El de Santamaría (Valladolid, 1971) no es el único nombramiento que saldrá este viernes del Consejo de Ministros. Como informaron desde La Moncloa, el Gobierno designa a ocho de los 10 consejeros electivos de Estado [aquí en PDF], que lo son por un mandato de cuatro años, aunque renovable. A la institución se incorporan, a partir de ahora, la expresidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, el exsenador de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) Jordi Guillot —una de las figuras más señeras del partido ecosocialista, hoy integrado en los comunes— y la exmagistrada del TC Elisa Pérez Vera, que fue la primera ponente del borrador de sentencia del recurso que presentó el PP contra el Estatut de Cataluña. A ella la sucedió precisamente en esa tarea, para sacar adelante la resolución, Casas.

También se incorporan el exsenador de ICV Jordi Guillot y la exmagistrada del TC Elisa Pérez Vera. Siguen Michavila, Valcárcel, Laborda y Ambrona


Solo cuatro de los ocho puestos electivos son nuevos (Santamaría, Casas, Guillot y Pérez Vera). El Gobierno también decide que sigan en el Consejo de Estado Juan José Laborda —expresidente del Senado y exdirigente socialista—, José María Michavila —ministro de Justicia de José María Aznar—, Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona —ministro de los gobiernos de Adolfo Suárez, por UCD— y Amelia Valcárcel Bernaldo de Quiróscatedrática de Filosofía Moral y Política, exconsejera asturiana e histórica referente del feminismo en el PSOE—. Dejan el órgano las exministras del PP Ana Palacio e Isabel Tocino, la exdefensora del Pueblo María Luisa Cava de Llano y el exdiputado de CiU Manuel José Silva Sánchez.

Diferencias de estatus

La ley que regula la institución estipula, en su artículo 9, que los consejeros electivos de Estado, en número de diez, son nombrados por un periodo de cuatro años entre quienes hayan desempeñado cualquiera de estos cargos: diputado o senador de las Cortes Generales, magistrado del Tribunal Constitucional (o juez o abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea), defensor del Pueblo, presidente o vocal del Consejo General del Poder Judicial, ministro o secretario de Estado —es el caso de Sánez de Santamaría—, presidente del Tribunal de Cuentas, jefe del Estado Mayor de la Defensa, presidente de una comunidad autónoma, embajador procedente de la carrera diplomática, alcalde de capital de provincia (o presidente de diputación provincial) y rector de universidad. La ley establece que de los diez electivos dos han de ser expresidentes autonómicos, y su mandato es de ocho años. Ahora mismo, quien se sienta en el órgano con esa condición es el exjefe de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra, nombrado por el Gobierno de Zapatero en 2011.

Solo los consejeros permanentes o los expresidentes del Gobierno, que tienen carácter vitalicio, cobran una retribución anual fija

Los consejeros natos —los que lo son por razón del cargo, como el director de la Real Academia Española, la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales o el gobernador del Banco de España— y los electivos cobran por acudir a los plenos, hasta un máximo mensual de 974,16 euros, "que no se percibe si no hay sesión plenaria o si no se asiste", según especifica la web de la institución y dispone un real decreto de 2002.

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, el pasado 4 de octubre. (EFE)
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, con la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, el pasado 4 de octubre. (EFE)

Es decir, los consejeros electivos no tienen un sueldo asignado. Solo dietas. En cambio, quien preside el Consejo de Estado —cargo que desde julio ocupa la exvicepresidenta del Gobierno socialista María Teresa Fernández de la Vega— tiene un salario anual, en 12 pagas y sin extraordinaria, de 80.563,68 euros. Los consejeros permanentes —los que son nombrados de por vida y no son removidos— y los consejeros natos de carácter vitalicio —los expresidentes del Gobierno, aunque ahora mismo ninguno se sienta en la institución— tienen una retribución de 103.204,32 euros al año.

Renunció a la cesantía

Fuentes del Gobierno señalaban que el nombramiento de Santamaría ha sido decidido por el Ejecutivo, aunque "sí consultado previamente con ella", como ha ocurrido con el resto de los casos. En su caso, quien la telefoneó fue Sánchez, y ella aceptó tras pensárselo "un fin de semana". La exvicepresidenta renunció al cobro de la indemnización por cese a la que tenía derecho como ex alto cargo para continuar con su escaño de diputada en el Congreso, pero al abandonar su acta ya no podía solicitar la percepción de esa cesantía, informa Ángel Collado. La ex número dos de Rajoy tenía muy difícil la incorporación a la empresa privada por las incompatibilidades severas que impone la Ley del Ejercicio del Alto Cargo de 2015.

También ingresó este mes, para cubrir la vacante de De la Vega, la catedrática de Ética Victoria Camps, nueva presidenta de la sección séptima

Desde el Ejecutivo resaltaban que ya con el nombramiento de Fernández de la Vega, que desde 2010 era consejera permanente de Estado, se buscaba prestigiar la institución y ponerla al día —ella es la primera mujer al frente del Consejo—, y la elección de Santamaría camina en esa línea, pues además la exvicepresidenta tiene "capacitación" más que sobrada para incorporarse al órgano. Ahora, formarán parte de él dos de las mujeres que más han poder han tenido en la historia de España. Es claro que el Gobierno socialista quiere evidenciar su "respeto institucional" más allá de las ideologías, trascender la disputa partidista para colocar a una mujer que conoce como pocas los resortes del Estado. "Respeto institucional. Como es el presidente. Con sentido de Estado. Así somos", remachan en el círculo directo de Sánchez.

El exsenador de ICV Jordi Guillot, en septiembre de 2010, en la Cámara Alta. (EFE)
El exsenador de ICV Jordi Guillot, en septiembre de 2010, en la Cámara Alta. (EFE)

A la institución también ingresó este mes, el pasado día 5, Victoria Camps, como consejera permanente de Estado y presidenta de la sección séptima, la que tuvo que dejar De la Vega para asumir la presidencia. Camps (Barcelona, 1941) es catedrática de Ética y de Filosofía del Derecho Moral y Político.

Pese a lo vistoso del nombramiento, Santamaría no formará parte de la comisión permanente, el núcleo de poder del Consejo de Estado. Esta la integran la presidenta, los ocho consejeros permanentes —que lo son de forma vitalicia, y cada uno de los cuales preside cada una de las ocho secciones— y el secretario general (ahora, secretaria general). Ellos son los que despachan los asuntos más importantes, como los dictámenes que el Ejecutivo pide para acudir al Tribunal Constitucional, por ejemplo. El pleno es el máximo órgano de debate, pero no se reúne con demasiada frecuencia.

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