POR LA DIFICULTAD TÉCNICA DE LA INICIATIVA

Moncloa aplaza hasta mitad de noviembre la reforma constitucional de los aforamientos

El Consejo de Estado pidió al Gobierno hace unos días más margen, hasta el 15 del próximo mes, para elaborar su propuesta. El Ejecutivo aceptó, aunque supondrá que no se culmine antes de 2018

Foto: La vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, saludan a los Reyes en la recepción del 12-O en el Palacio Real. (EFE)
La vicepresidenta, Carmen Calvo, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, saludan a los Reyes en la recepción del 12-O en el Palacio Real. (EFE)

La propuesta de reforma constitucional para limitar los aforamientos de los políticos tendrá que esperar. Un poco más. Hasta por lo menos mediados de noviembre. El Consejo de Estado, el órgano al que el Gobierno encargó que redactara la modificación de dos artículos de la Carta Magna a partir de unas pautas que le suministró, ha pedido una pequeña prórroga, ya que el requerimiento del Ejecutivo socialista tiene dificultad jurídica. Y La Moncloa ha accedido, lo que significa que difícilmente la tramitación parlamentaria de la iniciativa podrá estar culminada antes de final de año. No obstante, pese a asumir ese pequeño retraso, la reforma sigue adelante y Pedro Sánchez no renuncia a ella.

El presidente anunció su propósito de cambiar de manera muy limitada la Constitución para restringir los aforamientos de los políticos el pasado 17 de septiembre, en un acto solemne en la Casa de América en el que quería hacer balance de sus poco más de cien días en el poder y recuperar oxígeno después de una semana aciaga por la dimisión de la titular de Sanidad, Carmen Montón, y por la eclosión de la polémica de su tesis doctoral. Cinco días más tarde, llevó su idea al Consejo de Ministras y Ministros. Sin embargo, el Gobierno no aprobó en ese momento, 21 de septiembre, un borrador de propuesta, sino que delegó en el Consejo de Estado, institución centenaria que ahora preside la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, su redacción, a partir de unas guías.

En concreto, el Ejecutivo encomendó al Consejo de Estado que elaborase la modificación de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, para suprimir el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno salvo para el "estricto ejercico de las funciones del cargo público". El Gobierno pretendía que el máximo órgano consultivo del Estado, con un prestigio jurídico indiscutible, pudiera "contribuir desde el inicio a la calidad normativa del texto".

El Gobierno tenía dos caminos: o elaboraba la propuesta y la remitía al Consejo de Estado o le pedía a este que lo redactase. Esta última fue la vía


Y es que el Gabinete tenía dos opciones, según lo que dispone la ley. Una, redactar él mismo la propuesta de reforma constitucional para luego enviársela al Consejo y que este emitiese el dictamen preceptivo, aunque no vinculante, y otra, delegar la responsabilidad de la elaboración en la institución, a fin de que luego el Gobierno la asumiese como propia —introduciendo, si lo cree pertinente, sus propias aportaciones— y la rebotase a las Cortes Generales para su tramitación parlamentaria. Sánchez eligió la primera vía, también para así allanar el camino de la negociación con los grupos, pues estos tendrían más fácil aceptar —entiende La Moncloa— un documento elevado por el Consejo de Estado. También fue esta la senda elegida por José Luis Rodríguez Zapatero cuando quiso impulsar un cambio de la Carta Magna mucho más ambicioso. El dictamen llegó en 2006.

"Breve prórroga"

El Gobierno concedió a la institución que preside De la Vega un mes para elaborar su informe, plazo que vence el próximo 25 de octubre. Sin embargo, tal y como adelantaron a este periódico fuentes del Consejo y confirmaron posteriormente desde La Moncloa, ese tiempo no se cumplirá. El órgano consultivo pidió "hace unos días" una prórroga al Ejecutivo, alegando que se trata de una materia compleja y que ese periodo de un mes es "insuficiente". Fernández de la Vega reclamó de margen hasta el 15 de noviembre. Un plazo que pretende cumplir y que permitiría que el Consejo de Ministros estudiase la propuesta al día siguiente, viernes 16, y de ahí se pudiese remitir a las Cortes. Fuentes gubernamentales, sin embargo, consideran que probablemente haya que esperar unos días más para mandar el borrador al Congreso, para poder analizar a fondo el texto que rebote el supremo órgano consultivo.

El supremo órgano consultivo tenía un mes para hacer su informe. Ahora tendrá algo más de margen para ultimarlo y convocar el pleno

La petición del Ejecutivo de momento sigue analizándose en el seno de la comisión de estudios del Consejo de Estado, que es el foro que se creó a partir de la modificación legislativa impulsada por Zapatero en 2004 para que se pudiera canalizar a través de él la elaboración de informes. La comisión está presidida por De la Vega y la integran, entre otros, el expresidente del Congreso por UCD Landelino Lavilla, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñónuno de los tres padres de la Carta Magna que aún sigue vivo—, el exministro de Justicia socialista Fernando Ledesma, o Yolanda Gómez, nueva directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Moncloa aplaza hasta mitad de noviembre la reforma constitucional de los aforamientos

Una vez que está listo el informe, pasa por el pleno del Consejo de Estado, que debería tener lugar antes del señalado 15 de noviembre. No obstante, fuentes de la institución ponen "todas las cautelas", porque esos son 'a priori' los tiempos propuestos. La petición de un mayor margen fue cursada al Gobierno y este dio su conformidad, como suele suceder en estos casos. Para el Ejecutivo, se trata de una "breve prórroga" sin mayores consecuencias, aunque ya será difícil que los cambios se materialicen antes de que concluya 2018, por los pocos plenos que quedan hasta fin de año, menos aún con el parón de los puentes y de la Navidad de por medio. Y enero es mes de vacaciones parlamentarias, salvo que lo habiliten las Cámaras.

La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, el pasado 17 de julio, cuando mantuvo una audiencia con el Rey en la Zarzuela. (EFE)
La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, el pasado 17 de julio, cuando mantuvo una audiencia con el Rey en la Zarzuela. (EFE)

La elaboración de la propuesta reviste una mayor complejidad porque una de las condiciones que puso el Consejo de Ministros es que se dejasen al margen del aforamiento los delitos por corrupción. Dicho de otro modo, que aquellos políticos que sean acusados de este tipo de ilícitos penales no disfruten de privilegios procesales y por tanto sean juzgados por un tribunal ordinario, y no uno especial —hasta ahora, los parlamentarios y los miembros del Ejecutivo solo deben responder ante el Supremo—. Sin embargo, la redacción es delicada técnicamente porque un texto constitucional no puede bajar demasiado al detalle. Además, como ya analizaba La Moncloa hace un mes, es más fácil dejar fuera delitos como la malversación o el cohecho que otros como la prevaricación administrativa —dictar una resolución injusta a sabiendas—.

Cambio no agravado

Sánchez, cuando anunció la reforma exprés para limitar los aforamientos, indicó que podría estar culminada en apenas dos meses desde su envío al Congreso. Pero el Gobierno no controla los tiempos de las Cámaras, y sabe que tiene enfrente distintos criterios de los grupos, pese a que el sustrato común sea el cierto acuerdo existente para restringir este privilegio procesal. Esas diferencias afloraron el mes pasado en el hemiciclo cuando se debatió una propuesta, en ese mismo sentido, firmada por Ciudadanos. Los socios de la moción de censura de Sánchez exigen ir más allá y despojar de su inviolabilidad al Rey y privar del aforamiento al resto de su familia.

Además, el Gobierno quiere tramitar con celeridad la reforma del artículo 49 para sustituir el término "disminuidos", y ahí sí que hay total consenso

El Ejecutivo, sin embargo, no quiere abrir ese melón bajo ningún concepto. Insiste en que solo busca una reforma simple de la Carta Magna —tocar la Corona implicaría la disolución de las Cortes, convocatoria de elecciones y referéndum—, aunque Unidos Podemos ya ha advertido de que forzará un plebiscito, sea cual sea la modificación que se opere, y puede hacerlo porque tiene más de 35 diputados en su grupo.

De esta forma, Sánchez desea cambiar los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución para limitar los aforamientos, pero también el artículo 49. Este no se ha incluido en la petición enviada al Consejo de Estado porque retocarlo no es complejo. Lo que busca el Gobierno es que desaparezca de la Ley Fundamental la expresión "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos", para referirse a ellos como personas con discapacidad, una decisión que cuenta con el consenso de la Cámara y que se solemnizó el pasado martes, durante una reunión informal entre los grupos y la vicepresidenta, Carmen Calvo.

Moncloa aplaza hasta mitad de noviembre la reforma constitucional de los aforamientos

Los portavoces parlamentarios de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, órgano que preside Jordi Xuclà (PDeCAT) acordaron que la reforma del artículo 49 se aborde de forma separada y aislada de cualquier otro debate de modificación de la Carta Magna. El cambio en ese precepto, abundó Calvo, se hará "con el consenso absoluto" de los partidos que, 40 años después, dan respuesta a las demandas de las personas con discapacidad y tendrán en la Ley Fundamental una "redacción distinta, mucho más respetuosa y digna". "Nos ponemos a trabajar de la manera más eficiente posible", sostuvo, subrayando que la reforma del 49 es prioritaria para el Ejecutivo.

El rey Felipe saluda a una mujer durante el recorrido en metro entre las estaciones de Sol y Chamartín, en el acto conmemorativo del centenario de la puesta en funcionamiento de la primera línea de metro de Madrid, este 17 de octubre. (EFE)
El rey Felipe saluda a una mujer durante el recorrido en metro entre las estaciones de Sol y Chamartín, en el acto conmemorativo del centenario de la puesta en funcionamiento de la primera línea de metro de Madrid, este 17 de octubre. (EFE)

Cuando se culminen los cambios en la Carta Magna, se habrán materializado tres modificaciones desde 1978. En 1992 se cambió el artículo 13 —para extender el sufragio activo y pasivo en las municipales a los ciudadanos europeos—, y en 2011, el 135, para introducir el principio de estabilidad presupuestaria. Ambas reformas, a iniciativa del Gobierno socialista. Como sucederá en este caso. Si es que no hay más demoras con los plazos.

Dictamen al Consejo antes de recurrir al TC para defender al Rey

El Consejo de Ministros de este viernes sí reclamará al Consejo de Estado que le envíe, de manera urgente y antes del 25 de octubre, un dictamen sobre la resolución que aprobó el pasado día 11 el Parlament de Catalunya y que reprobaba al Rey. Una vez recibido el informe, el Gobierno podrá interponer el recurso ante el Tribunal Constitucional. La impugnación llegará el próximo viernes, cuando el Consejo de Ministros se reúna en Sevilla. 

La Cámara catalana respaldó hace una semana una resolución a propuesta de los comunes y apoyada por JxCAT y ERC, con dos puntos conflictivos. Uno, la condena al jefe del Estado por su posicionamiento en el conflicto catalán y su "justificación de la violencia" policial el 1 de octubre de 2017, cuando se celebró el referéndum ilegal. El otro punto pide la abolición de la monarquía por ser una institución "caduca y antidemocrática". 

El Ejecutivo respondió de forma fulminante el mismo 11 de octubre, pero este martes fue cuando, a través de la vicepresidenta, Carmen Calvo, anunció que llevaría el asunto al Consejo de Ministros de hoy. El primer paso para interponer el recurso es la petición de dictamen al Consejo de Estado. Calvo señaló que un Parlamento autonómico no puede "intentar trazar la forma de Estado de este país", y aunque la moción "no tiene ningún sentido jurídico, sí tiene que tener una respuesta política". 

Además, según adelantaron fuentes de La Moncloa, el Consejo de Ministros aprobará dos anteproyectos de ley: uno sobre servicios digitales y otro sobre lucha contra el fraude fiscal. Ambos, para reforzar también de cara a la Comisión Europea que la previsión de ingresos del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 no es irreal. 

España

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
4 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios