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Sánchez anuncia una reforma exprés de la Constitución para suprimir los aforamientos
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ACTO EN LA CASA DE AMÉRICA DE MADRID

Sánchez anuncia una reforma exprés de la Constitución para suprimir los aforamientos

El presidente anuncia que el Consejo de Ministros aprobará próximamente la propuesta de modificación de la Carta Magna, que podría estar resuelta en apenas sesenta días

Foto: Pedro Sánchez, durante su acto en la Casa de América de Madrid, este 17 de septiembre. (Reuters)
Pedro Sánchez, durante su acto en la Casa de América de Madrid, este 17 de septiembre. (Reuters)

Una reforma constitucional exprés para suprimir los aforamientos. Es la siguiente gran propuesta que planteará el Gobierno, y que de hecho llevará Pedro Sánchez al Consejo de Ministros en breve, en principio este viernes, con vistas a que pueda estar aprobada por las Cortes Generales en apenas 60 días. Siempre y cuando, claro, se consiga ahormar una mayoría cualificada en las Cámaras, y eso exige que esté el PP, a cuyo líder, Pablo Casado, podría pillar a contrapié esta iniciativa, pues podría ser imputado por el Tribunal Supremo por su caso del máster.

Foto: Los presidentes de ACS, Florentino Pérez; Iberia, Luis Gallego; Aena, Maurici Lucena; Telefónica, José María Álvarez-Pallete, e Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, este lunes. (EFE)

Ya desde por la mañana el equipo del presidente en La Moncloa había ido calentando motores, advirtiendo de que habría un gran anuncio durante la mañana. Y es que el de este lunes, en la Casa de América de Madrid, era el gran acto programado por el Gobierno para recobrar el impulso político después de la semana más convulsa desde que aterrizó en el poder, acto llamado no por casualidad #Avanzamos. Sánchez convocó a empresarios, intelectuales, periodistas... —la "sociedad civil"— para su primer discurso de peso desde la moción de censura. Sánchez, en efecto, lanzó un gran anuncio muy vistoso, y lo envolvió dentro de una alocución que, sin embargo, revestía menos novedades, y que pretendía sentar las bases de su proyecto con miras a 2030.

El presidente no dio demasiados detalles durante el acto. Simplemente adelantó que propondrá al Parlamento una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos de los cargos públicos. Una modificación que podría estar lista en solo 60 días desde que las Cámaras arranquen su tramitación. Por ello pidió a los grupos "altura de miras" para apoyar su propuesta, que supondría "seguir avanzando" en la senda de "ejemplaridad" que demandan los españoles. "Ejemplaridad", insistió, que es la nota característica de su Ejecutivo —han dimitido dos ministros en 100 días— y la que ya planteó durante la moción de censura que tumbó a Mariano Rajoy.

La idea del Ejecutivo es que la reforma afecte primero a los políticos: quitarles la protección para delitos no conectados con el ejercicio de su cargo


Fuentes del Gobierno concretaron algo más el anuncio del presidente, aunque aún hay bastantes dudas sobre la mesa. La supresión de los aforamientos afectaría, básicamente, a los cargos públicos —los que regula la Constitución son diputados, senadores, miembros del Gobierno—, y significaría que dejarían de tener protección para aquellos delitos que se les imputen que no estén conectados "estrictamente" con el ejercicio de sus funciones. Es decir, que si un parlamentario, por ejemplo, es cazado ebrio al volante, tendría que dar cuentas ante un juzgado ordinario, y no ante el Supremo, como ocurre hasta ahora. La filosofía es que no se quiebre la "igualdad" entre ciudadanos, y estos vean que sus representantes públicos no cuentan con un escudo más poderoso.

Foto: El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, interviene en la sesión de control al Gobierno hoy en el Congreso. (EFE)

¿Qué pasa con los delitos de corrupción?

Desde La Moncloa se afirmó por la mañana que la eliminación del fuero no afectaría, sin embargo, a policías o a jueces. Que Lo mantendrían. Pero por la tarde se añadió que "también será necesario modificar otras leyes (como la Ley Orgánica del Poder Judicial) para precisar el alcance del aforamiento de los titulares de otros cargos y funciones públicas como jueces, fiscales, Defensor del Pueblo o Tribunal de Cuentas".Y hay otro aspecto importante: los delitos de corrupción, que se cometen precisamente por razón del cargo público, ¿seguirían o no siendo conocidos por un tribunal superior, y no ordinario —en el caso de parlamentarios nacionales o de miembros del Ejecutivo, el Supremo—? Pablo Casado podría verse afectado por esta reforma, en caso de que viera la luz. Sería así si para cuando se aprobase este cambio el TS no se hubiera pronunciado sobre su máster y hubiera una disposición transitoria que especificara que sí tocará de lleno a los casos en curso. De cualquier modo, desde el entorno más directo de Sánchez se pidió "prudencia", pues todavía no se han facilitado todos los detalles y a fin de cuentas el Parlamento tendrá la última palabra. En La Moncloa entienden que, al revisar la Constitución, automáticamente decaerían los aforamientos de los cargos autonómicos.

La modificación requiere sí o sí del concurso del PP, pues se precisa de tres quintos de las dos Cámaras o al menos mayoría absoluta del Senado

La idea del Ejecutivo es que este mismo viernes el Consejo de Ministras y Ministros apruebe una primera propuesta de reforma de la Carta Magna, que tendría que recibir a continuación los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Después, el Gobierno aprobaría el texto definitivo que enviaría a las Cortes para su tramitación. Según el artículo 167 de la Constitución, las reformas del texto de 1978 deben ser aprobadas por una mayoría de tres quintos en cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, "se intentará obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado". Y si no se logra por este último mecanismo, y "siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma".

Pedro Sánchez anuncia una propuesta al Congreso para suprimir los aforamientos

Es decir, que en cualquier caso el PSOE necesita al PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta y, por tanto, podría llegar a vetar el cambio constitucional. Pero si no prosperase, el Gobierno contaría con un arma arrojadiza contra los populares:podría afearles su negativa a despojar a los cargos públicos de sus privilegios. El artículo 167 de la Carta Magna también señala que aprobada la reforma por las Cortes, será sometida a referéndum para su ratificación si lo solicitan, en un plazo de 15 días, una décima parte de los miembros de cualquiera de las dos Cámaras. Es decir, bastaría con que Unidos Podemos reclamase el plebiscito, y este debería convocarse. Los morados siempre han anticipado que pedirán consulta popular con cualquier retoque que se haga de la Ley Fundamental y este lunes insistieron en esa misma idea.

Foto: Pedro Sánchez entra al hemiciclo del Congreso el pasado 12 de septiembre. (EFE)

Qué pasa con el Rey emérito

El Gobierno, para sacar adelante su propósito, debería reformar los artículos 71.3 ("en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo") y 102.1 ("la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del TS"). Además, el Ejecutivo, según fuentes de La Moncloa, tiene pretensión de modificar la redacción del artículo 49, el que habla de "disminuidos físicos, sensoriales o psíquicos". Esta es una vieja demanda de los colectivos de discapacitados, que desean eliminar términos vejatorios o discriminatorios contra ellos, asumida desde hace años por el PSOE.

El Gobierno quiere cambiar asimismo el artículo 49, el que habla de "disminuidos", para que se hable de personas con discapacidad

De cualquier modo, se trataría de una reforma no agravada de la Constitución —la que exige la disolución inmediata de las Cortes y la convocatoria de un referéndum forzoso—, puesto que el Gobierno no habla de revisar por completo el texto de 1978 o un cambio parcial que afecta al corazón del mismo: la parte de derechos fundamentales o el Título II, el que afecta a la Corona. Por cierto que el Ejecutivo no ha precisado si también prevé despojar del aforamiento al Rey emérito, blindaje que se introdujo en 2014, tras su abdicación. No solo está aforado don Juan Carlos: lo están asimismo las reinas Letizia y Sofía y la princesa de Asturias, Leonor. La figura del monarca es, según indica la Constitución, inviolable.

Sánchez apela a la sociedad civil para "ganar una década perdida"

Sánchez argumentó durante su discurso que la razón por la que había querido contar con empresarios, intelectuales, periodistas, activistas o miembros del tercer sector es que a todos les une el "mismo anhelo", que es "ganar una década tras haberla perdido" por la crisis y por la gestión que de ella hizo el PP en el poder. El presidente quería implicarles a todos ellos en sus propuestas de reforma. Les agrupa, añadió, su deseo por "construir un país comprometido con la justicia social y la convivencia". Porque "mucho de lo bueno que le ha pasado" a España es debido al pulso de su sociedad civil, porque "la mejor España se construye desde la suma de voluntades".

placeholder Pedro Sánchez conversa con los directores de cine Javier Ambrossi y Javier Calvo, 'los Javis', este 17 de septiembre. (EFE)
Pedro Sánchez conversa con los directores de cine Javier Ambrossi y Javier Calvo, 'los Javis', este 17 de septiembre. (EFE)

El jefe del Ejecutivo se proclamó consciente de los "desafíos y las circunstancias" en las que desarrolla su labor, pero gobernar "requiere dosis de ambición y de extremado realismo", y por eso no se va a "rendir" para que España siga avanzando, tras años de "parálisis" con Mariano Rajoy como capitán del país. "No me voy a rendir, seguiré apelando al acuerdo necesario para hacer avanzar a nuestro país en un proyecto a medio plazo, que no se quede en la coyuntura", subrayó. Su Ejecutivo, dijo, se compromete a seguir avanzando en la conquista de derechos —eutanasia, derogación de la ley mordaza y de los aspectos más dañinos de la reforma laboral—, en la transición ecológica de la economía, en justicia fiscal de la mano de Europa y en educación, haciendo hincapié en una mejora de la formación profesional.

Caras muy conocidas para la puesta de largo del presidente

El acto en el auditorio de la Casa de América de Madrid, en plena plaza de Cibeles, contó con importantes rostros del país, de distintos ámbitos. Entre los empresarios, el presidente del Real Madrid y del grupo ACS, Florentino Pérez; el de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán; el de Telefónica, José María Álvarez Pallete; el de Acciona, José Manuel Entrecanales; el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar; el presidente de Iberia, Luis Gallego, y el presidente ejecutivo de Indra, Fernando Abril-Martorell, informa EFE.

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También se encontraban en la platea la actriz Concha Velasco -una cara habitual en los actos del PSOE-, el escritor Lorenzo Silva, los 'Javis' (Javier Ambrossi y Javier Calvo); el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; y varios directores de medios de comunicación. Entre los asistentes, la administradora provisional de RTVE, Rosa María Mateo

El Gobierno estaba presente casi en pleno, encabezado por la vicepresidenta, Carmen Calvo. Al acto acudió igualmente, como estaba previsto, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, investigada por una cita con el comisario retirado José Manuel Villarejo cuando era fiscal, como desvelaba este lunes El Confidencial. 

Una reforma constitucional exprés para suprimir los aforamientos. Es la siguiente gran propuesta que planteará el Gobierno, y que de hecho llevará Pedro Sánchez al Consejo de Ministros en breve, en principio este viernes, con vistas a que pueda estar aprobada por las Cortes Generales en apenas 60 días. Siempre y cuando, claro, se consiga ahormar una mayoría cualificada en las Cámaras, y eso exige que esté el PP, a cuyo líder, Pablo Casado, podría pillar a contrapié esta iniciativa, pues podría ser imputado por el Tribunal Supremo por su caso del máster.

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