EL PRIMER BORRADOR DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL, ESTE VIERNES

Moncloa estudia en la ley de otros países cómo dejar la corrupción sin aforamiento

El Ejecutivo analiza el derecho comparado para que los investigados por estos ilícitos no cuenten con escudo. En el Gobierno reconocen que hay una fina raya en cuestiones como la prevaricación

Foto: Pedro Sánchez visita la ampliación del Museo del Prado, con los arquitectos Norman Foster (i) y Carlos Rubio, este 19 de septiembre. (EFE)
Pedro Sánchez visita la ampliación del Museo del Prado, con los arquitectos Norman Foster (i) y Carlos Rubio, este 19 de septiembre. (EFE)

La reforma constitucional que este viernes aprobará el Consejo de Ministros estará bastante "abrochada". Es lo que dicen en el Grupo Socialista y lo que confirman en el Gobierno. Precisión que es relevante en un aspecto nada menor: los delitos de corrupción no estarán protegidos por el aforamiento. Eso pretende Moncloa. Quiere que aquellos políticos que sean investigados por este tipo de ilícitos penales no cuenten con ningún privilegio procesal. Serían juzgados por tribunales ordinarios, y no por el Supremo.

Fuentes gubernamentales confirmaron este miércoles a este diario que ese es el objetivo que persigue el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Y es clave para atraerse el apoyo de otros grupos a su revisión de la Carta Magna. Ciudadanos, quizá el partido que más ha hecho bandera de la supresión de los aforamientos, ya advirtió de que le parecía "una broma" que el PSOE dejara fuera de su reforma los delitos vinculados con la corrupción. No será así. La redacción de la propuesta, no obstante, está ultimándose.

Tras la sesión de control en el Congreso, el propio presidente confirmó a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja que la iniciativa de modificación de la Constitución para la limitación de los aforamientos se aprobaría este mismo viernes en el Consejo de Ministras y Ministros. El mismo lunes, cuando anunció de forma sorpresiva su medida, en un acto ante 300 representantes de la sociedad civil, desde su equipo trasladaban que trabajaban con la idea de que la presentación del primer borrador llegaría en apenas unos días. La decisión ya está tomada.

También ya están más claros los perfiles de la reforma. Cosa que no ocurría hace unos días. Entonces, el Ejecutivo señalaba que su planteamiento era suprimir la protección de los cargos públicos —miembros del Gobierno, 350 diputados, 266 senadores—, "salvo en el ejercicio estricto de sus funciones y durante la duración del cargo". Era evidente, por tanto, que si un parlamentario es cazado borracho, no le podría juzgar ya el Supremo. Pero ¿los delitos de corrupción se entienden como inherentes al cargo? Desde el Gobierno se prefería no avanzar más, a la espera de que se trabajase en la redacción.

En Moncloa queda por pulir hasta el Consejo qué entra dentro del ejercicio estricto del cargo y qué está protegido, por tanto, por el fuero


La propuesta ya está más acabada. El "objetivo", por tanto, es encontrar los mecanismos para que todos los delitos conectados con la corrupción política no gocen de fuero alguno. Fuentes del Ejecutivo señalaban este miércoles, no obstante, que el reto es hallar una redacción que ampare todos los supuestos sin que sea prolija, puesto que se trata de un texto constitucional (y no una ley), que por definición no puede hilar demasiado fino. Añadían que es más fácil dejar fuera delitos como el cohecho (soborno) o la malversación, pero en cambio trazar la raya con la prevaricación administrativa —dictar una resolución injusta a sabiendas— es "más complicado". Queda por pulir, en consecuencia, qué entra dentro del ejercicio estricto del cargo y qué está protegido, por tanto, por el fuero.

A tono con la "ejemplaridad" demandada

Por eso el Gobierno está analizando otras constituciones del Viejo Continente para comprobar cómo están regulados estos supuestos. Fuentes de Vicepresidencia indican que los mejores ejemplos los proporcionan los textos fundamentales de los países del centro y norte de Europa.

Se tocarán los artículos 71 y 102 de la Constitución, y también el 49, para eliminar las referencias a los "disminuidos". No se sumará el lenguaje inclusivo

Que los políticos acusados de corrupción no dispongan de escudo (o privilegio procesal) —el aforamiento implica que quien es competente para imputarles y juzgarles es un tribunal superior, y no uno ordinario— es una cuestión relevante que acerca a Cs a la reforma y que permite al Ejecutivo vender su mensaje de que trabaja por la "regeneración democrática" y la "ejemplaridad" que demanda la ciudadanía, y de que tiene mano dura contra la corrupción, la misma que se llevó por delante a Mariano Rajoy en la moción de censura.

La propuesta que presentará el viernes el Consejo de Ministros supondrá la revisión de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución con el fin de suprimir el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno, "salvo en el ejercicio estricto de sus funciones, estricto, y durante la duración del cargo", remarcaba este martes en el Congreso el diputado socialista Gregorio Cámara, durante el debate de la moción de Cs en el mismo sentido y que contó con el voto favorable de naranjas, socialistas y populares y la abstención de los demás grupos. El PSOE defiende que la idea de la limitación de los fueros no es ajena a su cultura ni extemporánea, puesto que la asumió en sus programas electorales de 2015 y 2016, la incluyó en su pacto frustrado con Albert Rivera y la incorporó a su resolución del 39º Congreso Federal del partido, el año pasado. Y lo prueba, dijo Cámara, el impulso del PSOE a la supresión de estas prerrogativas en Murcia, Cantabria y Canarias.

Moncloa estudia en la ley de otros países cómo dejar la corrupción sin aforamiento

Además, la iniciativa que visará el Gobierno el viernes incluirá la revisión del artículo 49 de la Constitución, para eliminar las referencias a los "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos", que los colectivos de personas con discapacidad vienen criticando, por denigrantes.

No habrá reforma agravada

Lo que no incorporará la reforma es un lenguaje inclusivo, como promovió la vicepresidenta, ministra de la Presidencia y Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo. Ella pidió a la Real Academia Española un informe para eliminar el sexismo en la Carta Magna —una petición a la que precisamente la institución no era demasiado receptiva—, dictamen que aún no está listo pero que en cualquier caso no se sumará ahora al texto de 1978. Fuentes del Gobierno explicaban a este diario que hacer esa revisión del lenguaje de la Constitución, para que no esté escrita "en masculino", llevaría necesariamente a una reforma agravada, mucho más complicada.

El Ejecutivo no quiere revisar la inviolabilidad del Rey ni tampoco despojar al resto de la familia real del escudo que se introdujo por ley en 2014

El Ejecutivo y el Grupo Socialista insisten en que persiguen una modificación simple de la Ley Fundamental. La que describe el artículo 167 de la misma: aprobación de la propuesta por tres quintos de cada Cámara (o bien mayoría absoluta del Senado y dos tercios en el Congreso) y, si lo fuerza una décima parte de los parlamentarios —y lo hará Unidos Podemos—, referéndum. Sin embargo, cuando se propone una revisión total de la Constitución o una parcial que afecta a los pasajes medulares del Título preliminar —el que establece los derechos y deberes fundamentales de los españoles— o al Título II (el que habla de la Corona), se requiere una aprobación de la propuesta por dos tercios en cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes y nuevas elecciones, ratificación del nuevo Parlamento elegido por dos tercios y referéndum final para la aprobación definitiva. Es el camino que detalla el artículo 168.

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El viernes echará a andar la reforma constitucional simple y limitada de la Carta Magna. El Gobierno demandará los informes del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial y, cuando los reciba, en dos semanas, enviará la propuesta a las Cortes. Sánchez ya calculó que la tramitación podría culminarse en apenas 60 días, a los que habría que añadir el paso del referéndum pedido por Unidos Podemos. Sin embargo, el Ejecutivo tendrá que librar una batalla con sus socios de la moción, que piden ir más allá de lo anunciado: bien acabando con todos los aforamientos, no solo los de los políticos, liquidar la inviolabilidad del Rey —que llevaría aparejada una reforma agravada de la Carta Magna—, o eliminar el fuero que se aprobó en 2014 para el monarca emérito, las reinas Sofía y Letizia y la princesa de Asturias.

Los socialistas admiten que el melón del debate puede abrirse, pero no quieren ir más allá. Y, desde luego, no prevén tocar nada relativo a la Corona. Ni despojarán a Felipe VI de su carácter inviolable —ello permite que no pueda ser ni investigado ni juzgado por ningún tribunal—, ni quitarán el aforamiento al resto de la familia real.

Se calcula que en España hay unos 250.000 aforados, de los que solo 2.000 son políticos. El resto son jueces y fiscales (unos 15.000) y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las policías autonómicas (232.000). Los socialistas pretenden tocar únicamente, por ahora, el fuero de los cargos públicos, y no todos, porque los que aparecen en la Constitución son los diputados, los senadores y los miembros del Ejecutivo central. Los integrantes de los legislativos y ejecutivos autonómicos están regidos por sus respectivos estatutos, y para despojarles de su escudo haría falta reformarlos uno a uno, como de hecho ya están haciendo algunas comunidades.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompaña a un grupo de visitantes en el Complejo de La Moncloa, dentro de la iniciativa Moncloa abierta, este 19 de septiembre. (Pool Moncloa)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompaña a un grupo de visitantes en el Complejo de La Moncloa, dentro de la iniciativa Moncloa abierta, este 19 de septiembre. (Pool Moncloa)

Calvo, preguntada este miércoles, recordó que el aforamiento de policías —el grueso de los protegidos en todo el país— es solo para el ejercicio del cargo. "Quienes estaban aforados más del ejercicio del cargo son los cargos públicos y es lo que este Gobierno quiere que termine", subrayó, en declaraciones a los medios en su visita a las obras de ampliación del Museo del Prado, informa EFE. La vicepresidenta llamó a que los políticos "no tengan ningún tipo de trato diferente del resto de los ciudadanos cuando rinden cuentas de las acciones de su vida". "Y el resto del aforamiento se queda sólo para las funciones del cargo que es lo que resulta imprescindible y lógico para el trabajo", abundó.

Sánchez ejerce de anfitrión en La Moncloa

Pedro Sánchez hizo las veces este miércoles de anfitrión en el complejo de la Moncloa. Recibió a los primeros visitantes del programa Moncloa Abierta, iniciativa que ha tenido, dicen en el Gobierno, "una gran acogida entre los ciudadanos, que agotaron las mil plazas convocadas en una tarde". 

25 personas fueron las primeras que pudieron acceder al complejo presidencial. El presidente las acompañó por algunas partes de los jardines del recinto, cuyos orígenes se remontan al último tercio del siglo XVII, aunque su configuración actual es de principios del siglo XIX. Todos ellos se hicieron una foto de familia en la escalinata del edificio del Consejo de Ministros, construido en 1989, en tiempos de Felipe González, con motivo de la primera presidencia española del Consejo de la Unión Europea. 

 

En el interior, quien hizo de guía fue Félix Bolaños, secretario general de la Presidencia del Gobierno y responsable del programa. El alto cargo enseñó a los visitantes la sala del Consejo de Ministros. Los ciudadanos también accedieron a las dependencias del edificio de la Secretaría de Estado de Comunicación, donde cada viernes se celebra la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Con ellos estuvo precisamente su responsable, Miguel Ángel Oliver

 

La semana próxima, coincidiendo con el viaje del presidente a Montréal, Nueva York y Los Ángeles, habrá nuevas visitas al complejo. Se prevé que antes de fin de año puedan pasar por el recinto los mil solicitantes inscritos a través de la web. Después, se convocarán nuevas plazas

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