El Gobierno encarga al Consejo de Estado la reforma para eliminar los aforamientos

El Gobierno no redactará su propuesta de reforma de la Constitución para reducir el alcance de los aforamientos políticos. La hará el Consejo de Estado. El Consejo de Ministras y Ministros le encarga la tarea, para que le dé forma jurídica a su propósito político y para intentar que así sea más fácil conseguir un consenso con las demás formaciones políticas que, hoy por hoy, se antoja político. Lo que sí tiene claro de entrada el Ejecutivo es que quiere sacar del fuero los delitos ligados con la corrupción —es decir, los cargos públicos investigados por estos ilícitos penales no tendrán privilegios y serán juzgados por tribunales ordinarios— y que no tocará la inviolabilidad del Rey, como le reclama Unidos Podemos, porque considera que es "importante" que el jefe del Estado siga blindado.

El propio presidente, Pedro Sánchez, confirmó el miércoles pasado en el Congreso, tras la sesión de control, que del Consejo de Ministros de este viernes saldría una iniciativa de reforma constitucional. Pero no ha sido así exactamente. El Gobierno decidió "encomendar la elaboración de la propuesta" al Consejo de Estado. Es decir, que le pide al máximo órgano consultivo que redacten la modificación de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución, para suprimir el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno salvo para el "estricto ejercico de las funciones del cargo público".

El Ejecutivo, por tanto, demanda el informe al Consejo de Estado con carácter previo, no posterior. En vez de redactar él la propuesta y mandársela al máximo órgano consultivo del Estado para que emita su dictamen y haga sus observaciones, lo que el Gobierno hace es endosarle la elaboración de la iniciativa, para que el Consejo "desde el inicio pueda contribuir a la calidad normativa del texto". El órgano que dirige la exvicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega tiene una comisión de estudio específica que es la que se encargará de hilar fino. La duda es cuánto tiempo se tomará, porque aquí sí que no hay plazos ni se ha demandado que se haga por un procedimiento de urgencia.

Celaá argumenta que se pide el informe con carácter previo para que el Consejo ayude a la "calidad" del texto y facilite el consenso político

Una vez que el Consejo de Estado remita su propuesta al Gobierno, este lo rebotará a las Cortes Generales para que tramiten la reforma constitucional —la tercera desde 1978, tras las restringidas de 1992 y 2011—, que podría culminarse, como era intención de Sánchez, en apenas 60 días "si hay voluntad de acuerdo". Desde La Moncloa no creen que los tiempos tengan por qué alargarse, pese a este cambio de guion con el que no se contaba el lunes.

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El problema de hilar fino

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, argumentó que el Gabinete tenía que pedir forzosamente informe al Consejo de Estado, porque es preceptivo, aunque no vinculante. Y aunque el Gobierno "no abdica de la propuesta que realizó esta semana", y que anunció Sánchez el lunes, sí entiende que es mejor requerir ese dictamen al órgano consultivo con carácter previo para que "acote" la reforma jurídicamente, para que establezca exactamente qué cuestiones han de ser "visadas, moduladas" y que ese trabajo jurídico sirva para "acomodar" el acuerdo en la Cámara. Dicho de otro modo, espera que la redacción que prepare un órgano prestigioso como el Consejo de Estado, célebre por la calidad técnica de sus informes, pueda convencer a los grupos parlamentarios más refractarios. Porque sí hay un consenso generalizado en que hay que eliminar los aforamientos —el martes se aprobó en el Congreso una moción de Ciudadanos en esa línea—, pero los problemas comienzan con la letra pequeña, a la hora de descender a los detalles.

El Gobierno tiene la "confianza" en que la reforma saldrá adelante, pese a las dificultades, y saca pecho de hacer política "genuina", no "maquillaje"

Pese a que el camino se presenta empedrado, el Ejecutivo, dijo Celaá, cuando actúa "con decisión" para "hacer política", lo hace con el "convencimiento" de que sacará adelante su reforma, porque hace "política genuina, no de ficción o de maquillaje". El Gobierno palpa que hay una "gran demanda social" para suprimir lo que es considerado como "privilegios" de los políticos, y sí existe un "acuerdo genérico" para ellos. Así que La Moncloa tiene "confianza" en que el consenso cuajará, porque no entiende que las fuerzas impongan "un veto" a esta medida.

La "voluntad política del Gobierno", y así se lo manifiesta al Consejo de Estado, es "sacar" los delitos relacionados con la corrupción del aforamiento, en palabras de Celaá. "Desde el Gobierno no renunciamos. Sí consideramos que efectivamente los ministros, diputados y senadores deben tener un aforamiento restringido a las funciones de su cargo durante el tiempo de su mandato, y sí, obviamente hemos de sacar los delitos de corrupción". La ministra confirmaba así la información de hace dos días de este diario.

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Sin mayores argumentos

El Ejecutivo no tocará, como también estaba cantado, el artículo 56.3 de la Constitución para despojar al Rey de su inviolabilidad. No le quitará el escudo que impide que cualquier juez le investigue durante el tiempo de su reinado. Unidos Podemos, PNV, ERC y PDeCAT, socios de Sánchez en la moción de censura, sí reclaman que se suprima este blindaje al jefe del Estado.

No se tocará la inviolabilidad del Rey: el Ejecutivo considera "importante" que se mantenga su blindaje y no quiere una reforma agravada de la Constitución

Pero ese momento no llegará. "Es importante que el Rey mantenga su inviolabilidad y, además, su modificación en la Constitución requiere un procedimiento agravado. Por lo tanto, no entra en absoluto en este paquete de ninguna de las maneras", subrayó Celaá. El Ejecutivo piensa en todo momento en una reforma simple de la Carta Magna, la que solo precisa del apoyo de tres quintos en Congreso y Senado y después, si lo solicita un diez por ciento de los diputados o senadores —Podemos cumple ese requisito y lo forzará—, un referéndum.

La inviolabilidad del monarca, que implica que este no está sujeto a ningún tipo de responsabilidad judicial, está recogida en el Título II de la Ley Fundamental, que está especialmente protegida, como el capítulo de derechos y libertades. Eso significa que revisarla supone disolución de las Cortes, convocatoria de nuevas elecciones, aprobación de la propuesta por dos tercios y referéndum.

¿Pero por qué es "importante" que el rey Felipe VI siga blindado? Celaá no dio mayores argumentos: "Porque es el jefe del Estado y porque está en el artículo de la Corona que es la parte de la Constitución que requiere un procedimiento agravado para su modificación".

Seguirán los aforamientos a la familia real

Tampoco entra en este paquete de reforma la supresión de los aforamientos para el Rey emérito, las reinas Sofía y Letizia y la princesa de Asturias, fuero que se introdujo como reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en 2014, tras la abdicación de don Juan Carlos.

La Moncloa no incluye en este primer trámite de petición de informe al Consejo de Estado la eliminación del término "disminuidos" (art. 49 CE)

Y no se ha incluido finalmente una modificación del artículo 49 de la Carta Magna, para que se borre las referencias a los "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos" y se hable de personas con discapacidad, una petición muy demandada por estos colectivos, y muy sensible, y que de hecho desde el Gobierno, hasta mediados de semana, se daba por hecho que se incorporaría. Al final ese cambio se ha caído, al menos en este primer paso de consulta al Consejo de Estado. El Ejecutivo, aunque tiene "voluntad" de modificar ese artículo, no lo incorpora "en este trámite" porque solo quiere proceder, en esta revisión medida de la Carta Magna, a la restricción de los aforamientos.

Fuentes del Ejecutivo señalaban que no está aún decidido si la propuesta de modificación del artículo 49 se añadirá cuando se envíe el texto a las Cortes o bien durante el trámite parlamentario, si genera un gran consenso. El Gobierno está dispuesto a abrir debates y a añadir más cambios que generen acuerdo, pero no a a "abrir cinco melones" a la vez.

No a ningún sindicato de prostitutas

Isabel Celaá se encontró durante su rueda de prensa (compartida con el ministro Pedro Duque, aunque él no fue interrogado por los periodistas) con una pregunta inesperada. La de un informador de la televisión holandesa. Quería saber por qué el Gobierno no legaliza la prostitución, como ocurre en su país, o no permite un sindicato de trabajadoras del sexo. 

La portavoz defendió que el de Pedro Sánchez es un Ejecutivo "feminista", pero está "en contra de legalizar el trabajo del sexo". No quiere por tanto aprobar ningún sindicato de prostitutas, como hizo por error en agosto, decisión que se buscó revertir y que se cobró la cabeza de la directora general de Trabajo. "Cada país tiene su independencia, autonomía y forma de mirar las cosas", indicó Celaá, para subrayar que España no tiene por qué imitar a Holanda en esta materia.