Moncloa impone a la Abogacía del Estado acusar a la baja por sedición en el 'procés'

La acusación de la Abogacía del Estado en el 'procés' tiene una firma destacada. Consuelo Castro, abogada general del Estado nombrada al llegar Sánchez a Moncloa, ha impuesto su jerarquía, y firmará el escrito de acusación que excluye que hubiera rebelión y que rebaja a la mitad las penas que pide la fiscalía, según fuentes próximas al caso. La Abogacía, dependiente de Justicia, acusa por malversación y sedición, como adelantó este diario que estaba planteando. Lo ha hecho después del extendido malestar en la Abogacía del Estado. No solo porque el Gobierno haya rebajado su intención inicial de acusar por todo, sino porque públicamente el Ejecutivo se ha empeñado en mantener que no daba instrucciones.

La acusación de la Abogacía del Estado, dependiente jerárquicamente de Justicia, era la baza de Sánchez para negociar con el independentismo. Como adelantó El Confidencial, era "el gesto" que pedían ERC y PDeCAT para negociar los presupuestos. Pese a que durante la instrucción la Abogacía no ha planteado dudas a la imputación por rebelión, los independentistas confían en que su rebaja acabe arrastrando al a fiscalía en el juicio para rebajar el delito de rebelión. La Abogacía no acusa solo por malversación -lo que habría supuesto ponerse de perfil- sino que entra a valorar el fondo del asunto y concluye, al contrario que la fiscalía, que no hubo rebelión sino sedición, un escalón por debajo. La rebelión es un tipo que discuten muchos juristas porque exige violencia en el alzamiento. El Gobierno español se alinea así con los tribunales de Alemania y otros países que descartaron que hubiera rebelión. Oficialmente, Justicia afirma que no hará comentarios hasta que se presente el escrito.

Consuelo Castro, abogada general del Estado, pedirá la mitad de penas que la fiscalía

A finales de junio, y con cierto retraso, Justicia designó a Consuelo Castro como abogada general del Estado. El puesto carece de visibilidad destacada pero es muy relevante. La Abogacía no solo tiene un servicio consultivo para el Gobierno fundamental en cuestiones como la exhumación de Franco sino que defiende los intereses del Gobierno en los tribunales. Castro, abogada del Estado en el caso del Prestige, fue elegida antes que otros candidatos entre los que curiosamente se encontraba Edmundo Bal, jefe del departamento penal y que había llevado el caso del 'procés'. Bal, un abogado del Estado progresista, había acusado, por ejemplo, a todos los futbolistas que han sido condenados por fraude fiscal.

En agosto, y con motivo de la intención inicial de Dolores Delgado de que el juez Llarena se pagara su propia defensa en Bélgica tras una demanda de Puigdemont, saltaron chispas con la Abogacía, que se mostró partidaria de defender a Llarena. La ministra lanzó una caza de brujas en la Abogacía. Al final el escrito lo firma Castro, algo sin precedentes desde los escritos en los que se pedía la ilegalización de partidos políticos en el País Vasco.

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En paralelo, el Gobierno de Sánchez iba virando sobre la posible existencia de rebelión en el procés. El tipo penal ha sido discutido por juristas porque necesita que haya "un alzamiento violento" y hay quien considera que no se llegó a tanto hace un año en Cataluña. En mayo, Sánchez se mostró claramente a favor de esta tipificación. Lo hizo en Antena 3. "Si no hay altercados públicos eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión como sí que se produjo". "Hay que reflexionar: ¿lo que se produjo el pasado seis y siete de septiembre en el Parlamento de Cataluña se puede entender como un delito de rebelión? Yo creo que lógicamente lo es". "Clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España y que deberían ser extraditados esos responsables políticos a España".

La Abogacía está personada en la causa desde febrero en nombre de Hacienda cuando aparecieron indicios de malversación pero una vez en la causa puede acusar por todo. Aunque su papel en el proceso penal es secundario, menor que el de la Fiscalía, Bal sí tuvo un papel destacado en el juicio de la Gürtel. En enero de este año, con Rajoy en el Gobierno, año fue a una pregunta suya cuando Correa señaló al PP por la financiación ilegal.

A principios de agosto, la Abogacía del Estado apoyó abrir juicio oral por rebelión. Es un documento casi de trámite pero que confirma lo visto durante toda la instrucción, que la Abogacía no había puesto pegas a la imputación por el delito de rebelión. Entonces llegó la negociación de los Presupuestos y eso acabó afectando a la acusación. Aunque en público se hablaba mucho de la fiscalía, esta institución es independiente y el Ejecutivo vio que iba a ser contraproducente intentarlo, que los fiscales del Supremo no iban a rebajar la acusación. La fiscalía va a pedir más de 20 años de cárcel.

Pero la Abogacía tiene dependencia jerárquica de Justicia, cumple órdenes. El Gobierno comenzó entonces a hacer llegar bajo cuerda al independentismo que podía actuar con la Abogacía. Había dos opciones si descartaba la rebelión. La primera es que acusara solo por malversación, que era el equivalente a ponerse de perfil, alegando que solo estaba allí por la defensa del dinero público, algo perfectamente defendible desde el punto de vista jurídico. Otra era acusar además por sedición, una tipo penal por debajo de la rebelión. Eso se podría interpretar como que el brazo jurídico del Gobierno entraba en el fondo del asunto y descartaba la rebelión. Aunque elevaba la petición de penas daba más argumentos en el juicio a las defensas. Aun así podrán ser condenados por rebelión si el tribunal lo decide porque la fiscalía mantiene ese cargo y también lo hará Vox.

El Gobierno se alinea así con los tribunales de Alemania y otros países que descartaron la rebelión

Eso coincidiría con lo que declaró Pedro Sánchez en el pleno del Congreso, cuando dejó implícito que no ve aplicable la rebelión más que a revueltas armadas: "En 1994 —muchos de los que están aquí presentes no lo sabrán, me lo recordaba la vicepresidenta del Gobierno— el señor [Federico] Trillo, entonces diputado del Grupo Parlamentario Popular, hizo una propuesta de modificación, una enmienda de modificación, en la que decía que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares. Señor Esteban, hay proyectos políticos que evolucionan y otros que involucionan. El del señor Casado hasta incluso pasa por la derecha a un señor como el señor Trillo".

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A pesar del cambio de criterio, el Gobierno negó que eso fuera a influir sobre la Abogacía -aunque esta depende de Justicia y no es una intromisión que Justicia dé órdenes a sus funcionarios-. En julio, Sánchez fue preguntado en eldiario.es sobre si iba a dar instrucciones a la Abogacía del Estado. "Creo que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado tienen que basarse en fundamentos jurídicos para fijar la posición del Estado. Yo voy a respetar las decisiones que tomen". Hace una semana, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, insistió en que la abogacía del Estado está trabajando únicamente con "criterios técnicos y jurídicos, con imparcialidad". Añadió que no existía ningún plan para cambiar la calificación del escrito de la Abogacía.