El Gobierno hace equilibrios: firmeza con el recurso al TC y guiños al independentismo

Era y es, ante todo, un mensaje "político". Solo bajo ese marco se entiende lo que ha pasado en las últimas semanas con la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la moción de reprobación al Rey que el Parlament de Catalunya aprobó el pasado 11 de octubre. El Gobierno estaba decidido a presentar el recurso, como una señal de "firmeza" ante los independentistas —y, de rondón, aunque siempre se olvida, ante los comunes, que fuenes quienes firmaron la propuesta—, y todos sus pasos conducían al mismo sitio. El escrito se elevará al TC aun con la opinión en contra del Consejo de Estado, con la que dice que ya se contaba, para que sirva de advertencia. Aviso que se combina, sin embargo, con guiños también nítidos hacia los separatistas: el diálogo con la Generalitat sigue adelante, se desliza que el Ejecutivo no comparte la acusación por rebelión de los líderes del 'procés' y se prepara el camino por si la Abogacía del Estado, que depende jerárquicamente del Ministerio de Justicia, finalmente, como todo apunta, rebaja su escrito de acusación contra ellos.

El Gobierno de Pedro Sánchez nada constantemente entre difíciles equilibrios. Palo y zanahoria, una y otra vez. Ayer tocó palo, acompañado de una cierta sobreactuación, para armar y revestir un recurso, el que se dirige contra la resolución del Parlament, de cuya base jurídica duda no solo el Consejo de Estado, sino también algunos miembros del Gabinete. Pero el propósito último es lanzar ese mensaje político al independentismo, y de paso a una oposición implacable y cada vez más dura que no para de repetir que Sánchez es presa del "pago" a los separatistas.

Sánchez tenía muy claro desde el principio que no pasaría por alto la resolución del Parlament del 11 de octubre, planteada por los comunes y apoyada por JxCAT y ERC, que condena y reprueba al rey Felipe VI por su posicionamiento en el conflicto catalán y por haber "justificado la violencia" policial el 1-O, la jornada del referéndum ilegal, y que además aboga por la caída de la monarquía por ser una institución "caduca" y "antidemocrática". Apenas unas horas después de que la Cámara catalana le diese luz verde, el Ejecutivo anunció que adoptaría "medidas legales". Al día siguiente, 12 de octubre, Fiesta Nacional, y durante la recepción presidida por el Rey en el Palacio Real —el contexto también empujaba hacia la acción de defensa del monarca—, tanto Sánchez como su número dos, Carmen Calvo, avanzaron que se barajaba acudir al TC porque se buscaba, también, lanzar un mensaje contundente y de naturaleza "política".

Miembros del Gobierno señalan que el Consejo sí había trasladado que no iba a respaldar el recurso, pero la decisión de ir al TC ya era firme

El viernes 19, el Consejo de Ministras y Ministros solicitó al Consejo de Estado, con carácter de urgencia, su dictamen preceptivo, aunque no vinculante, antes de acudir al TC. Para entonces, y como ya publicó este diario, La Moncloa ya tenía claro que presentaría el recurso salvo que el supremo órgano consultivo devolviera un informe demoledor. Sabía que no iba a ser así. En realidad, como confesaban este viernes distintos altos cargos del Gabinete, el Gobierno conocía el parecer de la institución que preside María Teresa Fernández de la Vega. Esta le había adelantado que no veía base jurídica suficiente para impugnar ante el TC una moción puramente declarativa, que es reprochable por cuanto manifiesta su "deslealtad" institucional, pero que "no produce efectos jurídicos".

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Debate ya sustanciado

Cuando el dictamen del Consejo, de 21 páginas, llegó a La Moncloa hacia la primera hora de la tarde, "a nadie cogió por sorpresa". Se esperaba. Pero la decisión estaba ya tomada. Ni un paso atrás. El recurso ante el TC, aun sin el apoyo del máximo órgano consultivo, se presentaría "en breve plazo". De hecho, este viernes 26 de octubre, en la reunión del Consejo de Ministras y Ministros que se celebró en Sevilla, "nadie dijo nada ni nadie cuestionó nada". La deliberación en el seno del Gabinete se había sustanciado la semana previa, cuando se elevó la consulta al Consejo de Estado, según señalaban a este diario fuentes del Gobierno.

El Gabinete aduce que la resolución es un "nuevo intento" del Parlament de iniciar un "proceso unilateral" que desemboque en la república

El Ejecutivo aprobó ayer, pues, la impugnación de la resolución del 11 de octubre por "inconstitucional", porque supone "un nuevo intento, como otros anteriores, del Parlament de Catalunya de iniciar un proceso unilateral que desemboque en la proclamación de una hipotética república, lo que vulnera claramente la Constitución y contraviene la última doctrina emanada por el Tribunal Constitucional", según justificó la portavoz, Isabel Celaá. El Gobierno tampoco cree "admisible" el "intento de abolición de la monarquía y un ataque injustificado a la figura del Rey", que supone "una extralimitación en las funciones de la Cámara autonómica". Sánchez presenta su recurso, en fin, "por sentido de Estado".

El texto que se llevará al TC aún no está redactado, pero se basará en la argumentación que el Consejo de Ministros elevó al órgano que preside De la Vega. El Gobierno entiende que el Consejo de Estado se remite a jurisprudencia "más antigua" del TC, cuando para La Moncloa es clave el "cambio" en la doctrina que el propio tribunal introdujo a partir de 2014, después de que Mariano Rajoy recurriera la resolución del Parlament que reivindicaba la soberanía del pueblo catalán y el derecho a decidir. "Lo jurídico no se agota en lo vinculante", alegaba aquella sentencia 42/2014. Venía a expresar que resoluciones puramente políticas sí podían llegar a "producir efectos jurídicos" y por tanto podían ser impugnadas. El Gobierno se apoya en aquel fallo, también en el 259/2015, y en otros posteriores que el TC ha ido dictando al calor de la evolución del 'procés'.

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"Ley y diálogo"

Precisamente entiende, aducen desde el Ejecutivo, que "no es posible escindir esta resolución contra el Rey del propio 'procés". De ahí ese argumento con tanta carga —y potencialmente controvertido— de que el Parlament podría pretender reiniciar el camino hacia la secesión, que sin embargo algunos integrantes del Consejo de Ministros no acaban de ver del todo por el peligro de que pueda dar munición al PP al insinuar que el separatismo busca en realidad repetir la quiebra de la ley. Volver a las andadas. Algo que casa mal con su planteamiento de que la situación en Cataluña está mucho mejor que hace un año gracias, en parte, a su estrategia de deshielo. Cuando se preguntó a Celaá en varias ocasiones por qué colegía que el Parlament deseaba recorrer de nuevo la senda de la desobediencia, la portavoz se limitó a releer el papel que llevaba escrito y que reproducía el argumentario oficial. Era una línea de defensa, pues, bien medida y pensada.

También ha operado la voluntad de proteger al Rey. El Gabinete reivindica que aplica 'finezza' y no brocha gorda, que "combina mensajes"

Ahora Sánchez asume un alto riesgo político, porque el TC puede no aceptar el recurso del Gobierno. Sería la segunda bofetada, tras el puntapié propinado por el Consejo de Estado. Pero el presidente quiere proyectar una imagen de firmeza. Desde Sevilla, además. Nada casual, ahora que queda un mes para las andaluzas y que su compañera Susana Díaz necesita vender a su parroquia electoral que el Ejecutivo central, pese a lo que afirman machaconamente PP y Ciudadanos, no es condescendiente con los separatistas.

Todas las fuentes consultadas insisten en que el Gobierno busca lanzar un mensaje "político". Nítido. "Ley y diálogo", "Constitución y diálogo", repite desde hace meses el equipo de Sánchez. Mano tendida pero observancia de la legalidad. "No hay que confundir diálogo con el incumplimiento de la ley. Diálogo no significa mirar para otro lado. Pero sin hacer aspavientos, no sobreactuando", razonaban este viernes desde el Ejecutivo. No obstante, como indicaban varios altos cargos del Gabinete consultados, también ha operado la voluntad firme de proteger la figura del Rey y evitar que pudiera sentirse desamparado frente a los ataques del soberanismo. Celaá reiteró que jefe del Estado ha de quedar fuera de la "disputa partidaria" porque es "inviolable".

El Gobierno trata de "combinar mensajes", "aplicar 'finezza'" y no brocha gorda, como a su juicio hacía el PP. Actuar con "total dureza" contra los independentistas cuando toca pero sin hacer volar los puentes de interlocución y lanzando guiños de conciliación. En este último cajón entran los gestos de las últimas semanas y de los últimos meses: la reapertura de las comisiones bilaterales, el acercamiento de los presos del 'procés' a las cárceles catalanas, el desbloqueo de materias pendientes con la Generalitat, la promesa de más inversiones... Y dos cuestiones no menores: la reflexión, verbalizada por Sánchez y Calvo, de que quizá el delito de rebelión no es el que encaja mejor en la causa del 'procés'.

¿Habrá reunión con Torra?

"Lo que podemos llamar golpe de Estado requiere unos instrumentos de fuerza que en cualquier legislación se conectan con las armas", afirmó la vicepresidenta el jueves en la radio. Ella misma adelantaba que la Abogacía del Estado presentaría su escrito de acusación el 2 de noviembre. Tanto el jefe del Ejecutivo como su número dos se expresaban sobre una materia muy sensible muy pocas horas antes de que trascendiera el auto de apertura de juicio oral contra los 18 dirigentes separatistas encausados.

Celaá subraya que no da instrucciones ni a la Fiscalía ni a la Abogacía del Estado, "no marca el paso a nadie", y sigue "imparcial" en el 'procés'

Ese guiño indirecto hacia los soberanistas, de cuyo voto depende que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019, fue a su vez contrarrestado este viernes con el mensaje de "absoluta imparcialidad" del Gobierno respecto al 'procés', en palabras de Celaá. La ministra, a preguntas de los informadores, negó que las palabras de Sánchez o Calvo supongan un intento de presión a la Justicia. De hecho, repitió que el Ejecutivo no da instrucciones ni a la Fiscalía, ni a la Abogacía del Estado.

"El Gobierno no marca el paso a nadie. El Gobierno es el Gobierno, y los tribunales, como son independientes, no tienen por qué alterar su paso", abundó Celaá, quien añadió que las declaraciones del presidente o de la número dos no son "ningún gesto", porque los soberanistas "saben que el Gobierno no entra a determinar, ni a incidir, ni a impactar en decisiones que pueda tomar el Poder Judicial".

Sánchez sigue manteniendo en pie su propósito de celebrar un segundo Consejo de Ministros fuera de Madrid antes de que acabe el año. El próximo será en Barcelona, pero Celaá no pudo asegurar que, como ocurrió este viernes con su reunión con Díaz, vaya a despachar con Quim Torra. No será fácil cuadrar fechas, por la completa agenda internacional del presidente de aquí hasta finales de 2018.

Nuevo encuentro con Díaz el 10-N

Pedro Sánchez y Susana Díaz celebraron este viernes su segundo encuentro en Sevilla desde que se convocaron las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Ayer ambos se encontraron en el palacio de San Telmo tras la reunión del Consejo de Ministros. El presidente fue recibido en los jardines de la sede de la Junta por la dirigente andaluza de manera afectuosa. El sábado pasado el jefe del Ejecutivo acudió a la proclamación de Díaz como candidata socialista el 2-D en el comité director del PSOE-A. Ahora los dos se prodigan cariños constantemente, pese a que ambos fueron a la guerra casi desde 2014 y con el estallido final de las primarias de 2017, que ella perdió. 

Este sábado, 27 de octubre, el máximo órgano de los socialistas andaluces volverá a reunirse para proclamar las listas provinciales para estos comicios, que han sellado el pacto entre Ferraz y San Vicente, la sede regional. Por la tarde, se reúne la comisión federal de listas para dar el visto bueno definitivo a las candidaturas. 

La cúpula tiene previsto convocar para el 10 de noviembre una reunión del comité federal, la primera desde que Sánchez llegó a La Moncloa. Se pretende convalidar los estatutos de algunas federaciones regionales que quedaban pendientes, los reglamentos para los municipios de menos de 20.000 habitantes y dar un espaldarazo definitivo del PSOE a Susana Díaz. Por eso mismo se prevé que el comité federal se celebre esta vez en Granada.