El Gobierno defiende frente a Cs y PP la euroorden y Schengen en el caso Puigdemont

El Gobierno ni cuestiona la euroorden ni cuestiona el espacio Schengen. No habrá replanteamiento de ambos mecanismos de cooperación después de que la Justicia alemana se negase a extraditar al 'expresident' Carles Puigdemont por rebelión y propinase un fuerte varapalo al instructor del Supremo Pablo Llarena. Es la respuesta que el Gabinete socialista da a un PP que ha atacado duramente el espacio de libre circulación y el funcionamiento de la orden de detención y entrega (OEDE). Ciudadanos también se ha quejado, pero sus reservas se limitan a este último instrumento.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, fue este viernes contundente en ese punto. "El Gobierno no comparte la duda de la eficacia de las euroórdenes", dijo primero, en respuesta a los periodistas tras la reunión semanal del Consejo de Ministros.

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El Gabinete de Pedro Sánchez rebate así las durísimas invectivas dirigidas por dirigentes populares como Pablo Casado y Esteban González Pons y por el presidente de Cs, Albert Rivera. El primero, candidato al liderazgo de su partido, sostuvo ayer jueves, tras conocerse la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein, que todos los países de la UE, incluida Alemania, han de respetar la "soberanía jurisdiccional del Reino de España". Rechazó así que "un país ajeno venga a enmendar la plana ni más ni menos que al Tribunal Supremo", y añadió que si él encabeza su partido no se tolerarán "este tipo de humillaciones" que hacen que los independentistas se sientan "refrendados por un entorno internacional".

Poner en cuestión Schengen es alinearse con posiciones europeas que no compartimos de ninguna de las formas

González Pons, portavoz del PP en la Eurocámara, pidió a Sánchez que dé un "zapatazo sobre la mesa" y defienda "la dignidad de España".Los dos dirigentes populares cuestionaron el espacio Schengen, y su propuesta, esgrimió Pons, no es "radical" sino algo "habitual" en países de la UE, como lo probaría que "al menos seis países tienen suspendido" el acuerdo de libre circulación de personas, "por ejemplo Alemania en la frontera con Austria, por la cuestión de los inmigrantes". Para Rivera, la extradición por malversación pone de manifiesto que la euroorden es "contradictoria", porque demuestra que quienes huyen de la Justicia española tienen premio y que los que cumplen en cambio son castigados. Los naranjas, en definitiva, defienden que a nivel europeo haya más cooperación y confianza mutua entre los socios. Pero, como precisaban desde el partido, Rivera no demanda, en absoluto, cambios con Schengen, como sí hace el PP, mucho más implacable en este punto.

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"Nosotros defendemos Schengen en todos los sentidos. Europa se fundamenta en la libre circulación de bienes, servicios y personas. Y poner en cuestión Schengen es alinearse con posiciones europeas que no compartimos de ninguna de las formas", defendió Celaá durante su comparecencia en La Moncloa, deslizando así que ambas formaciones, PP y Cs, estaban alineándose con los partidos eurófobos europeos.

El Ejecutivo manifiesta su "respeto más absoluto" a las decisiones judiciales. Celaá no reproduce las palabras de Sánchez de ayer jueves en Bruselas

Respecto a la decisión de la Justicia alemana, el Gobierno fue este viernes menos elocuente. Ayer, desde Bruselas, al término de la cumbre de la OTAN, Sánchez no quiso calificar la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein de extraditar a Puigdemont solo por malversación de caudales públicos, y no por rebelión, pero sí añadió que "lo importante en términos de la Justicia española" es que "las personas involucradas en los hechos que ocurrieron en el último semestre del año 2017", en alusión a la escalada independentista en Cataluña, tienen que ser juzgadas por parte de los tribunales españoles, y "esto va a ocurrir". En la misma línea, la vicepresidenta, Carmen Calvo, aseguraba ayer que confía en que la Justicia española pueda "trabajar con el Derecho interno de nuestro país, en la situación más normal posible, para sacar adelante" la causa, que "es parte del trabajo de la Justicia española".

Sin embargo, no está claro que el magistrado instructor, Pablo Llarena, acepte la extradición solo por malversación. El juez podría no aceptar la entrega y dejar a Puigdemont en un limbo legal fuera de España y podría recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Fuentes del Ejecutivo no precisaron si Llarena contaría o no con el respaldo del Gobierno en caso de que no aceptase la extradición o la impugnase. De las palabras de Sánchez y de Calvo se desprendía que La Moncloa se sentía más cómoda con un sí a la entrega, pero este viernes el Gabinete no quiso llegar tan lejos. El Gobierno manifiesta "su respeto más absoluto a las decisiones judiciales", expresó Celaá. Y no se salió de ese guión.

Sánchez propuso, antes de llegar al poder, la reforma del delito de rebelión para hacer frente al desafío secenista, para actualizar el tipo penal a las circunstancias actuales, y quedara claro que no solo ha de acudir a él en caso de pronunciamientos militares. "Ese asunto no se ha tratado en el Consejo de Ministros", despachó Celaá sin más rodeos cuando se le preguntó.

El Consejo de Ministros acuerda la presentación del recurso contra la moción separatista, tras recibir el dictamen del Consejo de Estado

Lo que sí aprobó el Consejo es la impugnación anunciada la semana pasada contra varios apartados de la moción separatista aprobada el 5 de julio en el Parlament, que reafirma la senda a la independencia que ya anuló y suspendió el Tribunal Constitucional. La portavoz dijo hace una semana que el Gobierno había demandado el preceptivo informe al Consejo de Estado, y este remitió su dictamen ayer jueves, así que el acuerdo para la presentación del recurso se adoptó este viernes.

Batet, Cunillera y varios secretarios de Estado, integrantes de la comisión bilateral

El Consejo de Ministras y Ministros, a propuesta del departamento de Política Territoril y Función Pública, designó a los representantes del Gobierno central en la comisión bilateral Generalitat-Estado, la que se reactivará antes de las vacaciones de agosto después de siete años de parálisis. 

Quien presidirá la delegación del Ejecutivo central es la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. Junto a ella, la delegada del Gobierno en Cataluña, la exdiputada nacional Teresa Cunillera, y cuatro secretarios de Estado: los de Política Territorial, Nacho Sánchez Amor; la de Hacienda, Inés María Bardón; el de Infraestructuras, Pedro Saura, y el de Relaciones con las Cortes, José Antonio Montilla. 

El Gobierno designa a sus representantes en la Comisión Bilateral Generalitat-Estado.https://t.co/6kyliNozHY pic.twitter.com/19ejvUyxHd

 

Con estas designaciones, señala el Ejecutivo, el Gobierno muestra la "gran importancia que otorga a este órgano previsto en el Estatut" de 2006 y que no se reunía desde julio de 2011, cuando estaba aún en La Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero. En el encuentro del lunes pasado entre Pedro Sánchez y Quim Torra, ambos acordaron reactivarla. Después, se retomarán las reuniones de las comisiones mixtas de Transferencias, Infraestructuras y Asuntos Económicos y Fiscales. 

En la reunión de la bilateral antes de agosto, el Ejecutivo quiere levantar el veto interpuesto a varias leyes sociales catalanas (cambio climático, pobreza energética, sanidad universal...) y abordar cuestiones básicas entre los dos gobiernos aparcadas durante años.