El Constitucional alemán: próxima parada de Puigdemont para dilatar su entrega

La resolución de la Justicia alemana de extraditar al expresidente catalán Carles Puigdemont por malversación de fondos públicos pero no por rebelión marca el inicio del fin de un controvertido y complejo proceso judicial que aún puede dar muchas vueltas. La defensa ya ha anunciado su intención de presentar un recurso de amparo ante el Constitucional alemán que, para empezar, supondría la paralización instantánea de la extradición hasta que se produzca un nuevo fallo. No hay plazos prefijados, pero el desarrollo de los acontecimientos se prevé rápido. Además, podría tener un final incluso más abrupto si el instructor de la causa en España, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, opta por rechazar la entrega únicamente por malversación, el escenario más probable.

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein anunció este jueves su decisión final en el caso Puigdemont. Después de 113 días de su detención cerca de la frontera alemana con Dinamarca. Desviándose del criterio del juez Llarena —y del que siguió la Fiscalía de Schleswig-Holstein—, la audiencia decidió admitir tan solo el cargo menor contra el político catalán y dar por "no admisible" el mayor delito por el que se le había procesado, el de rebelión, por el que el Código Penal español prevé hasta 30 años de cárcel. Además, decidió mantener en libertad bajo fianza a Puigdemont. Destacó que hasta ahora el político "siempre" había cumplido con sus obligaciones y que no se percibía necesario su encarcelamiento provisional hasta su extradición.

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Los argumentos del tribunal no son nuevos. Los había ido apuntando en sus autos previos. El texto definitivo de la Audiencia afirma que la "cantidad de violencia" que prevé el delito de alta traición, el equivalente alemán al tipo español de rebelión, "no se alcanzó en los enfrentamientos" que se produjeron en torno a la celebración del referéndum del 1 de octubre. Por tanto, no se le puede extraditar por ese delito. Sí, a cambio, por el de malversación de fondos. Puigdemont, agrega el documento, podría tener cierta "corresponsabilidad" en los gastos para las arcas públicas que se hubiesen podido derivar de la consulta soberanista. Aunque el tribunal —no ignorante de la polémica entre Llarena y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro— deja en el aire que se haya cometido realmente este delito. Recuerda que no le compete a ella entrar en el fondo de la cuestión. Que debe ser la Justicia española quien sustancie esta acusación.

La Fiscalía de Schleswig-Holstein es ahora quien debe dar el siguiente paso. Este jueves ya anunció que había recibido la resolución de la audiencia y recordó que ella, sin éxito, había propuesto la extradición de Puigdemont por los dos cargos que había caracterizado la Justicia española. Pero, como no puede ser de otra forma, añadió que acata la decisión. De hecho, no puede recurrirla.

La Fiscalía es quien debe ejecutar la extradición. Es el organismo competente en esta cuestión, quien mantiene los contactos internacionales. "En breve" anunciará cómo. De lo que se trata ahora, según explicaron fuentes de la Fiscalía a El Confidencial, es de traducir la resolución y transmitirla oficialmente a las autoridades españolas. A continuación, ambas administraciones deben pactar cómo se realizará el traslado del líder soberanista. Se trata de un proceso sin plazos preestablecidos, pero que se supone "rápido". Cuestión de días, no de semanas.

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No obstante, esto no significa que Puigdemont vaya a ser trasladado ya. El equipo de juristas alemanes que asesora a Puigdemont —encabezado por el prestigioso penalista Wolfgang Schomburg— aseguró en un comunicado que empezará a revisar "inmediatamente" los "siguientes pasos" en el proceso. La decisión, en círculos judiciales, es obvia. La apelación. Y la única instancia superior posible es el Tribunal Constitucional.

Puigdemont, según el consenso de los expertos alemanes, no tiene nada que perder. Debería presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Fuentes de esta corte alemana explicaron a El Confidencial que no han recibido por el momento ninguna comunicación de la defensa del líder soberanista, pero que esta podría presentar un recurso urgente siempre que alegue una violación de los "derechos fundamentales" de su cliente.

Lo normal en casos de extradición, argumentaron desde el Constitucional, es que se presente un recurso "urgente" en el que se solicite la paralización de la devolución del procesado al país que lo reclama. El tribunal dicta entonces una primera resolución provisional en la que paraliza la extradición y se da un periodo de tiempo para entrar en el fondo de la cuestión y emitir un fallo. Tampoco en este caso fija la legislación alemana plazos fijos que cumplir. Es el caso el que va determinando los tiempos, explican estas fuentes. Por eso podría esperarse una primera decisión rápida, en apenas unos días, para evitar que se consume la extradición. Y luego, con más calma, y teniendo en cuenta que el procesado no se encuentra en prisión preventiva, entrar a analizar el meollo del proceso. Se entiende que el Constitucional hablaría en esta segunda fase en términos de meses.

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La sentencia del Tribunal Constitucional sí que cerraría la etapa alemana del proceso de extradición. Pero no obligatoriamente el procedimiento en su conjunto. La defensa de Puigdemont podría recurrir un hipotético fallo adverso de esta corte ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Queda además en el aire otra incógnita. Una cuestión que podría desbaratar todo el proceso, según varios juristas. El juez Llarena puede en cualquier momento revocar la orden de extradición. Congelarla, como ya hizo con la Justicia belga. Incluso ahora, que se ha pronunciado la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, puede echarse atrás. De hecho, fue precisamente porque no se iba a poder juzgar a Puigdemont por rebelión por lo que la paralizó. Exactamente igual que ahora. Entonces volvería el caso entero a la casilla de salida.