La decisión de Alemania deja en el aire la suspensión como diputado de Puigdemont

La decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (Alemania) de no entregar a Carles Puigdemont por el delito de rebelión abre un conflicto legal complicado que deja en el aire el procesamiento decretado por el juez Pablo Llarena y la suspensión del escaño del expresidente de la Generalitat. Incluso, provoca dudas en el Tribunal Supremo sobre la posibilidad de que pueda volver a ocupar algún cargo público relevante, incluido el de 'president' de la Generalitat.

Diferentes juristas discrepan sobre si es posible mantener un procesamiento y una medida cautelar sobre un delito por el que es imposible que pueda ser juzgado en España. Si la Justicia alemana entregara a Puigdemont, en los interrogatorios no podría ser interrogado por el delito de rebelión y, por tanto, no sería juzgado por ello. Es decir, es un procesamiento imposible según el llamado 'principio de especialidad'.

La suspensión del escaño se aplica en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé adoptar esta medida cuando haya procesamiento firme por delito de rebelión y se encuentre en prisión. Pero es una limitación de un derecho fundamental y, por lo tanto, debe ser aplicado con cautela.

La situación es tan insólita que provoca distintas posiciones entre juristas del Tribunal Supremo. Así, otro sostiene que la suspensión del escaño es posible, pese a la decisión de la Justicia alemana.

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Un fiscal del Supremo sostiene que "posiblemente, según la teoría de Llarena, sí, porque también ha interpretado que basta con que 'se haya acordado' la prisión a pesar de que no está en prisión, para aplicar el 384 bis. Es decir, que si nos atenemos a una interpretación exclusivamente literal de la norma, como ha hecho con la prisión, lo cierto es que Puigdemont está 'procesado', que es lo que exige el art. 384 bis. Que luego no se le pueda juzgar porque lo impida el principio de especialidad que rige la entrega planteará otros problemas jurídicos, pero el procesamiento es firme. Además, es un efecto 'automático', según dice la ley, y por tanto inmediato, que por la naturaleza del cargo resulta irreversible, ya que no es viable la recuperación del escaño. Cuando Alemania decida, habrá ya un hecho jurídicamente consumado".

Es posible, según fuentes del Supremo, que los abogados de Puigdemont lleven al Constitucional la suspensión del acta de diputado, por vulneración de su derecho a la participación. Por el momento, los letrados del Parlament tendrán que hacer un informe jurídico para saber cómo proceder.

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El Supremo puede rechazar la entrega y dejarle en un limbo legal fuera de España, recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o aceptar la entrega solo por malversación, y duda entre las tres opciones.

Con la primera, se produciría la paradoja de que todos los líderes independentistas fueran condenados a altas penas, salvo el máximo responsable, que viviría libre fuera de España. La segunda presenta dudas, y fuentes de la Fiscalía explican que es difícil ese encaje por falta de legitimación del juez del Supremo para recurrir, aunque serviría para dilatar el procedimiento. Y con la tercera cabría la posibilidad de que fuera procesado por malversación, delito por el que no hay suspensión hasta la condena y, por tanto, podría ocupar cargos públicos, incluido el de 'president' de la Generalitat. Luego podría ser condenado a penas mucho más bajas que el resto de encausados.