El Supremo prevé rechazar la extradición de Puigdemont que plantea Alemania

El Tribunal Supremo rechazará previsiblemente la decisión del tribunal territorial de Schleswig-Holstein de extraditar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont únicamente por el delito de malversación, y no por el de rebelión, como pretendía el juez Pablo Llarena, que instruye la causa contra los dirigentes independentistas por el referéndum ilegal del 1-O. Así lo han expresado a El Confidencial fuentes jurídicas, que explican en concreto que se trata del escenario más viable con base en la información que ha aparecido en los medios, dado que el auto de la Justicia alemana aún no ha llegado siquiera al despacho de Llarena.

La decisión, de hecho, la tomará el magistrado español presumiblemente a partir del próximo lunes, y eso en el caso de que el auto del tribunal de Schleswig-Holstein llegue al Supremo este viernes o a lo sumo el lunes. Una vez que el escrito se encuentre en el alto tribunal español, los técnicos deberán traducirlo y será entonces cuando el juez Llarena comience a valorarlo, algo que previsiblemente no durará mucho, dado que el magistrado ya conoce los argumentos de antemano y únicamente los confirmará.

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El rechazo de la opción que plantea la Justicia alemana lo podría hacer el juez Llarena de dos modos, ambos ya planteados con anterioridad durante el procedimiento. Por un lado, existe la posibilidad de que el magistrado retire la euroorden. Ya el pasado 5 de diciembre, el juez acordó retirar las órdenes de detención contra Puigdemont, Lluís Puig, Meritxel Serret y Clara Ponsatí en previsión de que la Justicia belga acordara la extradición solo por algunos delitos, como ocurre ahora con la alemana.

Exilio eterno

Esta suspensión de las órdenes de detención internacional no anularía, como en aquel caso, la orden que existe a nivel nacional. La situación condenaría a Puigdemont a un eterno exilio, dado que si pisara de nuevo suelo español, sería inmediatamente detenido y procesado por los delitos de rebelión y malversación. Llarena siempre ha explicado que él investiga un delito de naturaleza plurisubjetiva y que por lo tanto el ilícito mantiene una unidad jurídica inseparable y requiere de una respuesta única con el fin de evitar contradicciones.

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Por otra parte, también cabe la posibilidad de que el juez Llarena se oponga a la entrega del 'expresident' planteada por Alemania llevando el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el fin de que sea este último —máximo intérprete de la normativa comunitaria— el que decida si la respuesta dada por Schleswig-Holstein se adecua al amparo jurídico que sostiene el concepto de la euroorden.

Ambas líneas apuntan en el mismo sentido que han mantenido tanto el magistrado como la sala de apelaciones del Supremo durante todo el procedimiento. El pasado 17 de abril, por ejemplo, la Sala Segunda del alto tribunal dictó un auto en el que ratificaba la existencia de indicios que apuntaban a que los dirigentes del 'procés' entre 2015 y 2017 incurrieron en un delito de rebelión. El escrito de la sala, que rebatía los argumentos del tribunal alemán, esgrimía que no era razonable, como había hecho Schleswig-Holstein, comparar el proceso secesionista dentro de un país comunitario con las revueltas organizadas contra la ampliación del aeropuerto de Fráncfort.

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“En nuestro caso no se trataba de ampliar o no una de las pistas del aeropuerto de El Prat de Llobregat, y que ello generara la protesta de miles de manifestantes para impedirlo; lo que aquí realmente sucedía era que, después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada, poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado, que protegía unos supuestos colegios electorales", arguyó la sala de apelaciones, conformada por los magistrados Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Alberto Jorge Barreiro.

"Uso torticero del poder"

Por otro lado, el pasado 27 de junio la Sala de lo Penal confirmó los procesamientos por rebelión, desobediencia y malversación de 15 investigados en la causa —entre ellos, Puigdemont— sobre el 'procés' de Cataluña. En concreto, consideró “suficientemente razonable” calificar los hechos como delito de rebelión, porque a su juicio existió “un alzamiento” con un uso “torticero” del poder para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley. Existen indicios racionales de malversación, añadió, porque hubo “un sistema de engaño” que ocultaba el destino de cantidades a otros fines relacionados con el referéndum.