La malversación del 'procés' crecerá aún más: sumará el gasto de los colegios electorales

La causa por el 'procés' que dirige el juez Pablo Llarena continúa su avance, al margen de los cambios políticos. El magistrado acaba de recibir un nuevo informe que eleva el gasto a los 3,26 millones de euros, más de la mitad ya abonados. La cifra se elevará más aún en breve. Según informan a El Confidencial fuentes jurídicas, la Fiscalía acaba de solicitar que se practiquen las pruebas necesarias para averiguar cuánto gastaron los colegios electorales por su apertura durante la consulta.

El Ministerio Público, que dirige en funciones el fiscal general Julián Sánchez Melgar, quiere conocer cuánto dinero se destinó al uso de los 2.315 centros de votación que abrieron durante la jornada, es decir, el coste derivado de la utilización de agua, luz, telefonía, limpieza y personal. También la utilización de medios informáticos. Se trata de investigar la línea que apuntó Cristóbal Montoro en la famosa entrevista en la que aseguraba que no se había destinado ni un euro público al 'procés'.

En esas declaraciones, que levantaron ampollas en el Supremo, y que ahora rebate la guardia civil, el hasta el viernes ministro de Hacienda aseguró que la malversación no solo requería un desvío de fondos como el que se investiga en los tribunales. "Es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo", detallaba. Parece que la Fiscalía tomó buena nota de la sugerencia y promueve en este punto que se indague sobre esta cuestión. Es previsible que el magistrado atienda la demanda y abra una investigación al respecto.

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El montante de este gasto irá a engrosar las cuentas que maneja por el momento el instructor. Los últimos informes ya entregados abundan en la tesis de que todo se diseñó desde un Gobierno colegiado dirigido por Carles Puigdemont. Sin el compromiso de "todos y cada uno de los miembros del Govern", el desafío secesionista no se habría sostenido, dice el Instituto Armado.

Hasta el momento, el magistrado se había centrado en las campañas publicitarias que se desarrollaron antes de la votación, y en concreto dos de ellas, la celebrada en abril de 2017 con el eslogan 'Sí o no' sobre el mapa de Cataluña, en la que la Generalitat de Cataluña realizó contratos marco con sus suministradores habituales y que se pagó en parte, y la campaña publicitaria de las vías de tren en que se libraron de forma efectiva tres facturas por distintos importes.

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En su última ampliación de datos, los agentes se refieren también a dos partidas hasta el momento no rastreadas: el uso de Òmnium Cultural como sociedad interpuesta para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos, en los que se llamaba a la población a votar, y el empleo del grupo parlamentario Junts pel Sí a modo de pantalla para determinados actos.

Un millón extra

La guardia civil ha trabajado, además, en otro aspecto que eleva sensiblemente la partida. Como publicó El Confidencial, acredita ahora que Vicepresidencia, Economía y Hacienda, el departamento que dirigía Oriol Junqueras, abonaron algo más de 1,2 millones de euros "en concepto de rehabilitación de la nave anexa al Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) con el fin de albergar el 'call center' del referéndum".

Los agentes se centran en las obras desarrolladas en un edificio anexo al CTTI para habilitar una zona desde la que debían seguirse los resultados de la votación el mismo día del referéndum. Esta sala fue clausurada horas antes de que comenzara la votación. Pese a que no llegó a emplearse, los investigadores han cuantificado el dinero que destinó la Generalitat a una reforma. "El acondicionamiento o rehabilitación de la nave supuso un coste de 1.201.084,61 euros que se ha abonado en su totalidad", destacan.