LAs cuatro partidas que detectó la guardia civil

La malversación que Montoro niega: 1,6 millones en papeletas, observadores y 'spots'

El ministro de Hacienda cuestiona con sus declaraciones las pruebas aportadas que sustentaron el procesamiento por este delito de ocho acusados, entre ellos Puigdemont

Foto: El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristobal Montoro. (EFE)
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristobal Montoro. (EFE)

Las declaraciones de Cristóbal Montoro sobre el uso de fondos públicos para la celebración del referéndum del 1-O chocan frontalmente con el informe final que la Guardia Civil entregó al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y que sirvió de base del procesamiento de los acusados en la causa por el 'procés'. El ministro de Hacienda ha negado en una entrevista concedida a 'El Mundo' que se utilizara dinero de las arcas del Estado para sufragar la consulta. "No con dinero público", ha asegurado tajante, desmintiendo que existan agujeros en el sistema de control del gasto que lideró desde Hacienda.

Los datos que maneja el instituto armado son, sin embargo, otros. Los agentes tenían acreditadas, a finales de febrero, partidas que superaban el millón y medio de euros. En concreto, 1.602.001,57 euros que se repartieron en cuatro grandes bloques de gasto. Entonces aún faltaban por cuantificar otras líneas económicas vinculadas a la consulta. De hecho, en previsión del hallazgo de nuevas pruebas, el magistrado mantiene abierta una pieza secreta en la que la instrucción sobre el presupuesto destinado para estos fines aún continúa. El juez del 13 de Barcelona impulsa en paralelo una investigación específica sobre esta cuestión.

Así, y pese la insistencia del ministro en que mantiene el control sobre los 35.000 millones que maneja la Generalitat intervenida, la Guardia Civil desgajó el dinero que se dedicó desde la Generalitat para alimentar la campaña de registro de catalanes en el exterior, la publicidad y difusión del referéndum, el suministro de papeletas al censo electoral y las citaciones enviadas para formar parte de las mesas de los colegios y los pagos a observadores internacionales ligados a Diplocat, el órgano de exteriores del Govern.

En base a estos indicios, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena procesó hace unas semanas a ocho imputados. Atribuye este delito a todos los que integraban el Govern cesado tras la aplicación del 155, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras al frente, a los que se suman seis 'exconsellers', y reflejó en el auto que resume toda su instrucción que los acusados llevaron a cabo "una relevante disposición de fondos públicos" destinados, en su mayor parte, a la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Las partidas de gasto

La Guardia Civil cifró el gasto más elevado en el contrato cerrado con la empresa Unipost para la impresión y distribución de papeletas, el censo electoral y las citaciones de las mesas electorales. Un total de 979.661,96 euros que la Generalitat asumió y repartió a cinco distintos departamentos, una forma de ocultar los cargos que asumieron, según el informe, Vicepresidencia, Cultura, Trabajo, Salud y Presidencia.

Los anuncios de las vías del tren que se difundieron en los días previos a la votación se llevaron otro pico. La campaña de publicidad impulsada desde la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) se centró en dos 'spots' que costaron un total de 277.804,36 euros y que fueron financiados y gestionados por el departamento de Presidencia que dirigía Jordi Turull. El 'exconseller' remitió un correo, incluido también en el informe, en el que pide más dinero. Nada menos que una aportación extra de 3,4 millones de euros "para una campaña de contenido cívico". Este sustancioso plus fue autorizado, aunque no llegó a adjudicarse ante la negativa de las empresas adjudicatarias Focus y Carat.

La tercera partida de gasto que desgrana la Guardia Civil fue a parar a la campaña para que los catalanes no residentes en España pudieran votar: 224.835 euros. Diplocat gastó para garantizar la presencia de observadores internacionales otros 119.700 euros. Firmó un contrato con The Hague Center for Strategic Studies, cuyos "servicios prestados son realizados en el marco del asesoramiento que se pretendía de esa institución para el desarrollo del 1-O, como observadores internacionales". Diplocat realizó dos trasferencias desde sus cuentas en Bruselas a esta institución los días 21 de septiembre y 9 de octubre en concepto de "contrato de servicios".

La Guardia Civil no basa estas conclusiones en simples conjeturas sino que repasa distintas comunicaciones intervenidas, 'e-mails' y llamadas telefónicas, que sustentan la hipótesis. Por ejemplo, cita un correo enviado por el número dos de Trabajo, Josep Ginesta Vicente, a la 'exconsellera' Dolors Bassa donde se da cuenta de un acuerdo de todos los miembros del Govern para impulsar el gasto.

"Se demuestra que el Govern, mediante un acuerdo tomado por todos los miembros del mismo, aprueba el gasto y las acciones necesarias para hacer efectiva la celebración del referéndum", dicen de forma rotunda estas conclusiones, que dejan abierta la puerta a que la cantidad final engorde. Destacan, por ejemplo, que se sigue la pista a otras partidas, aunque en aquel momento aún no estaban en disposición de especificar su cuantía económica.

El foco se dirige por tanto ahora al aprovisionamiento de material electoral —"las urnas de los chinos", como lo describía Montoro—, la elaboración del censo y el montaje de las distintas páginas webs que dieron soporte a la consulta, como la de referendum.cat, la reserva de dominios y servicios de 'hosting', el registro de voluntarios para el 1-O y en la creación e instalación de un 'call center'.

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