Montoro expedienta a Puigdemont para inhabilitarlo 4 años por ocultar sus bienes

Carles Puigdemont tiene otra vía de agua en sus planes para volver al Palau. El Ministerio de Hacienda está efectuando los últimos trámites para abrirle un expediente sancionador por el incumplimiento de la Ley del Régimen de Incompatibilidades de los Altos Cargos al servicio de la Generalitat (13/2005), que obliga a todos los dirigentes de las instituciones catalanas a presentar declaraciones de actividad, patrimonio e intereses en los tres meses siguientes al abandono del puesto.

Según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al procedimiento, Puigdemont habría ocultado reiteradamente esos datos incurriendo en una infracción grave, sancionada por la norma con la “publicación [del expediente] en el Diario Oficial de la Generalitat [DOGC], la destitución inmediata del alto cargo infractor y con la sanción accesoria de que [los infractores] no puedan ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo durante un periodo de hasta cuatro años”.

El reloj ya ha empezado a contar para el 'expresident'. La mayoría de los más de 200 altos cargos de la Generalitat que fueron destituidos de sus puestos con la aplicación del artículo 155 remitió dentro de plazo los documentos que exige la ley para tratar de evitar un posible enriquecimiento ilícito durante el mandato. En concreto, según la norma, están obligados a presentar una declaración de actividades, una declaración patrimonial y de intereses (bienes, derechos y obligaciones, incluyendo la última declaración tributaria de IRPF y patrimonio) y una declaración complementaria (cónyuges o convivientes y los demás familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que ocupan puestos en la Generalitat).

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La norma fija que deberán hacerlo ante la consejería correspondiente, en este caso, el Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, tutelado directamente por Cristóbal Montoro desde el pasado 27 de octubre. Solo un pequeño grupo de altos cargos agotó el plazo sin cumplimentar la solicitud, entre ellos, el propio Puigdemont. Hacienda concedió otros 15 días a estos rezagados, que ya en ese momento incurrían en una infracción de carácter leve, castigada con una mera amonestación.

Según ha podido saber este diario, Hacienda tendría en su poder una prueba que certifica que Puigdemont fue notificado el pasado febrero en Bélgica de que disponía de esos 15 días adicionales para enviar la información. Sin embargo, el líder de JxCAT también habría consumido este último plazo y el departamento de Montoro ha decidido accionar la maquinaria para incoarle un expediente por una infracción de carácter grave. El ministerio comunicó este miércoles al Departamento de Gobernación del Govern que tiene cinco días para remitirle la información necesaria para abrir el expediente. Entre esos datos, debe figurar el nombre del instructor que se hará cargo del proceso.

Con ese trámite, solo restaría que el Consejo de Ministros oficializara la incoación de la causa contra Puigdemont. La ley de la Generalitat deja esa potestad en manos del Govern, pero el 155 ha desplazado esa responsabilidad al Ejecutivo de Mariano Rajoy. En dos semanas, podría estar culminado ese último paso, aseguran las fuentes consultadas. Si al final del expediente las irregularidades no hubieran sido corregidas, el 'expresident' sería inhabilitado hasta cuatro años para ejercer cualquier tipo de responsabilidad.

En paralelo, en la vía penal, Puigdemont también se arriesga a una suspensión inminente. La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que no podrán ejercer cargo público los procesados en firme por un delito de rebelión. Si Alemania lo entrega finalmente por ese delito, para alcanzar esa fase solo quedaría que el Tribunal Supremo ratifique en apelación el auto de procesamiento que el juez Pablo Llarena dictó en reforma este miércoles contra el líder independentista y otros 24 dirigentes del 'procés'. Las partes tienen cinco días para oponerse a esta última resolución. Después, si el Supremo respaldara el procesamiento, la suspensión entraría automáticamente en vigor.

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El expediente sancionador no es el primer encontronazo del exjefe del Ejecutivo catalán con Montoro. El pasado noviembre, Hacienda le reclamó que aclarara si pensaba cobrar el sueldo que corresponde a los expresidentes de la Generalitat. Puigdemont optó por renunciar a ese salario para escenificar su rechazo al 155 y proclamarse máximo responsable del “Govern legítimo”. “El Estado continúa siendo una máquina de humillar instituciones y ciudadanos. Montoro debería dedicar su tiempo a recuperar el dinero perdonado del rescate bancario”, escribió el cabeza de filas de JxCAT en su cuenta de Twitter.

El patrimonio conocido de Puigdemont estaría valorado en 294.000 euros, según comunicó el propio dirigente al órgano de transparencia de la Generalitat el pasado julio. Estaría integrado por una vivienda de 291 metros cuadrados en Sant Julià de Ramis (Girona) que compró en 2003 y que posee al 50%, y por 14.000 euros que supuestamente tenía entonces en sus cuentas. También alegó tener deudas por importe de 126.286 euros. Su coche era entonces un Renault Mégane Scénic.