Podemos quiere que las nóminas reflejen por ley la brecha salarial en cada empresa

Unidos Podemos quiere obligar por ley a las empresas para que informen en las nóminas de sus trabajadores sobre el promedio salarial de hombres y mujeres, con el fin de reflejar así la brecha salarial, que actualmente cifran en un 22,86%. Proporcionando estos datos, según sostienen, será más sencillo detectar posibles discriminaciones hacia la mujer en este ámbito y actuar para erradicarlas. Esta es una de las principales medidas que contiene la proposición de Ley de Igualdad Retributiva entre Mujeres y Hombres que el grupo confederal tratará que se tome en consideración este martes en el Congreso de los Diputados con el apoyo de los socialistas y otras fuerzas. El PSOE, por su parte, presentó ayer lunes una propuesta en la misma línea, con la idea de que sea aprobada por la mayoría de los grupos en las Cortes.

Con este principio de transparencia, desde Podemos argumentan que se "evitan los problemas derivados de la necesidad de solicitarla expresamente y aporta los indicios necesarios para proceder a eventuales reclamaciones", como recoge el texto de la proposición de ley. En consonancia con la recomendación sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia aprobada por la Comisión Europea, también se introduce la "obligación de que las empresas con más de 250 trabajadores elaboren auditorías salariales (con promedios retributivos y análisis de sistemas de valoración de puestos) que deben ponerse a disposición de los representantes".

Para erradicar la discriminación salarial es necesaria la transparencia de las empresas sobre criterios retributivos, porque sin transparencia no se puede corregir" esta problemática, aseguraba este lunes, tras la reunión de la ejecutiva, la dirigente del partido y senadora Idoia Villanueva. En esta línea, también se ha priorizado la necesidad de equiparar los permisos de maternidad y paternidad, "iguales, intransferibles y plenamente remunerados", en un plazo no superior a cinco años. Según concluyó, "quienes se benefician de la brecha salarial son las empresas, que ganan más de 42.000 millones de euros al año".

Podemos plantea equiparar los permisos de maternidad y paternidad, "iguales, intransferibles y remunerados", en un plazo no superior a cinco años

Se trata de una legislación con reminiscencias a la que el pasado mes de enero entró en vigor en Alemania, y que establece el derecho de las trabajadoras a solicitar información sobre el sueldo de sus compañeros. Con ello se presupone que podrán exigir con mayor facilidad un sueldo justo. La principal diferencia es que en la iniciativa de Unidos Podemos es obligatorio reflejar esta información en la nómina, mientras que en la ley alemana solo lo es si se produce un requerimiento por escrito de una trabajadora. Recientemente, el Parlamento islandés también aprobó una ley para que las empresas con 25 o más trabajadores tengan que certificar obligatoriamente la igualdad de salarios entre hombres y mujeres de forma anual.

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Agenda social

Dentro de estas medidas que facilitan el acceso a la Justicia por parte de las trabajadoras, la formación morada propone que el Instituto de la Mujer pueda intervenir en los procedimientos, así como los organismos equivalentes en las comunidades autónomas, según informa Europa Press. De hecho, se obliga a incorporar a los procesos de discriminación indirecta por razón de sexo un informe de estos órganos, para informar al juez sobre el alcance de este tipo de desigualdad.

Los partidos de Iglesias y Sánchez secundan el paro feminista del 8-M y priorizan las cuestiones de índole social frente al desafío territorial

La formación morada priorizará durante los próximos meses una agenda social, que deja en un segundo plano las cuestiones territoriales y que combinará con la movilización en la calle. De este modo, y en consonancia con las reivindicaciones por la igualdad, secundará la huelga feminista del próximo 8 de marzo, pero también está dando su apoyo a otras luchas sociales, como la de las pensiones o contra la precariedad, que está liderando la plataforma No+Precariedad y que vaticina una primavera caliente en las calles.

También los socialistas secundarán el paro del 8-M —Pedro Sánchez llamó oficialmente a su partido el pasado sábado a unirse a él— y han enarbolado con firmeza la bandera de la igualdad de hombres y mujeres en el mercado laboral. Ayer, la comisión permanente de la ejecutiva federal aprobó una proposición de ley​ para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en materia retributiva [aquí en PDF], que camina muy en la línea de la de Podemos, aunque con diferencias, y que también cita el informe de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento sobre la aplicación de la directiva 2006/54. Ferraz también prioriza, desde las elecciones del 21-D, la agenda social, en la que se siente más fuerte. Ya apenas dedica atención a Cataluña.

Para empezar, reconoce igualmente el derecho del trabajador a solicitar información salarial a su empresario que permita encontrar indicios de discriminación salarial por sexo. Derecho que tiene su revés en el deber del empresario a facilitar esos datos. Los socialistas proponen que todas las compañías que tengan desde seis trabajadores y que cuenten con representación sindical —sea delegado de personal o comité de empresa— tengan la obligación de proporcionar información, al menos anualmente, con los datos disponibles en su libro registro de "retribuciones medias desagregadas por sexo y distribuidas por grupo profesional, categoría o incluso puestos de trabajo iguales o de igual valor". Carmen Calvo, secretaria de Igualdad de la cúpula de Pedro Sánchez, hacía hincapié en que su partido ha querido descender "muy abajo" para atajar situaciones de sexismo incluso en pymes de muy pequeña dimensión.

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Auditorías si hay más de 250 empleados

En el caso de las empresas de al menos 25 trabajadores, si el promedio de los salarios de un sexo es superior a de los de otro en un 25% o más, "tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas", entonces se presumirá, para el PSOE, que "concurre discriminación salarial por razón de sexo", salvo prueba en contrario que lo justifique por motivos no relacionados con el género. Esto no significaría que haya forzosamente que alcanzarse ese umbral del 25% para denunciar, pero sí que el hecho de que exista este listón facilita que el caso llegue con más éxito a los tribunales.

El PSOE reconoce asimismo el derecho de los trabajadores a información de la política salarial de su empresa y el deber de esta a proporcionarla

El PSOE diferencia las pequeñas empresas de las que son más grandes. Las que tienen más de 250 trabajadores están obligadas, desde la aprobación de la Ley de Igualdad de 2007 que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a presentar planes de igualdad. La proposición socialista añade que estas compañías deberán elaborar auditorías salariales, lo que es "un paso más" en la lucha contra la brecha entre hombres y mujeres. Las auditorías son instrumentos más completos, pues implican el examen de los factores que explican las diferencias retributivas que el libro registro muestra. Calvo sí comparte con los sindicatos que ese listón de 250 empleados es muy alto, y por tanto habría de bajarse.

La norma de 2007 de Zapatero supuso un gran avance en España, pero no contaba con un aparato sancionador, recordó la dirigente. Ahora esa fisura se cubre con este texto. Los socialistas consideran infracciones graves no facilitar el libro registro salarial, no disponer de este documento o no cumplir con las obligaciones en materia de planes de igualdad y auditorías salariales. Y serán muy graves si la empresa en cuestión no elabora o no aplica el plan de igualdad (incluida la auditoría) o lo hace pero incumpliendo "manifiestamente los términos previstos". Las infracciones graves serían castigadas con el pago de una multa del 0,11% hasta el 0,70% de la masa salarial de la empresa, y las muy graves, con el abono de una sanción que iría desde el 0,71% hasta el 1,30% de la masa salarial de la compañía.

La proposición socialista prevé la posibilidad de creación de una Oficina Nacional de Lucha contra la Discriminación por razón de sexo. Sería el órgano encargado del impulso y coordinación de la aplicación de las medidas antisexistas en el acceso al empleo, en la formación profesional, en la promoción laboral, en las condiciones de trabajo, en especial las retributivas, y en las de despido.

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Atraer también al PP

Calvo insistió en que el PSOE plantea pasar "de la igualdad formal a la igualdad real", puesto que la brecha salarial es una realidad tangible que ha de ser atacada sin demora, porque es "inconstitucional", "ilegal" e "injusta". De ahí que el partido extienda la obligación de la no discriminación al sector público y privado. Sí hay una diferencia de trato respecto a las víctimas de la violencia de género. Las funcionarias que sufran esta lacra verán cómo sus faltas de asistencia serán consideradas como justificadas, y también tendrán derecho a la reducción de su jornada con disminución proporcional de su sueldo, o a reordenar su tiempo de trabajo.

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Las empleadas públicas víctimas de violencia machista podrán disfrutar de situaciones de excedencia sin haber tenido que prestar un tiempo mínimo de servicios previos y sin que se les exija un plazo de permanencia. Además, en los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto que desempeñaran, siendo "computable" ese periodo a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social.

Los socialistas defienden su texto, en el que han estado trabajando durante semanas, pero también inciden en que su interés no es competir con otras fuerzas ni llegar primero a la ventanilla del Congreso. Por eso Calvo ha reiterado estos días que en su formación no tienen ningún problema en apoyar la toma en consideración de la iniciativa de Unidos Podemos que este martes debate el pleno. La dirigente subrayó que el PSOE quiere que su texto sea negociado con todos los grupos parlamentarios y sobre todo con el Gobierno del PP, del que espera que no ponga pegas después de que Mariano Rajoy rectificara su "no nos metamos con eso" cuando en Onda Cero le preguntaron, precisamente, por la brecha salarial. Por eso Ferraz ha optado por una iniciativa corta, de tramitación que espera "ágil" y que no invade competencias autonómicas.

La dirección de Sánchez cree, en definitiva, que su borrador puede salir adelante. Más difícil lo tendrá su siguiente proposición de ley, la que presentará en los próximos días, antes del 8 de marzo, y que trata de abordar la discriminación de la mujer en el ámbito laboral y ocupacional (la perspectiva es, pues, más amplia, no se centra solo en los sueldos). La tercera ley en cartera es una sobre usos de los tiempos de trabajo para impulsar la corresponsabilidad de hombres y mujeres. Esa tripleta formaría parte del llamado 'Libro violeta de los socialistas', con el que pretender ofrecer una respuesta "integral" a ciudadanas y trabajadoras, remachó Calvo.