El PSOE emula a Islandia y pedirá sancionar a las empresas que paguen menos a mujeres

Islandia dio el paso para liderar la lucha frente a la brecha salarial, al prohibir por ley desde este año que las mujeres puedan cobrar menos que los hombres en trabajos de la misma categoría y obligar a las empresas a expedir certificados de igualdad salarial, exponiéndose a sanciones en caso de incumplimiento. El PSOE quiere que España emule ese ejemplo. Será una de las propuestas que estará recogida en las dos proposiciones de ley que presentará próximamente —y antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer— el propio Pedro Sánchez, pero de las que la exministra Carmen Calvo dio este viernes un pequeño aperitivo.

Los socialistas quieren conferir al combate contra la desigualdad de género, en todas sus vertientes, una gran relevancia y proyección. De ahí que hayan decidido que sea el secretario general el que enarbole esa bandera, el que presente en sociedad una ley contra la brecha salarial y otra por la igualdad de trato de hombres y mujeres en el mundo laboral y ocupacional. Esta segunda es más general, ya que busca pelear contra la discriminación de las mujeres en todos los ámbitos, garantizando, por ejemplo, que tengan una representación equilibrada en los consejos de administración de las empresas.

Calvo es la responsable de Igualdad de la ejecutiva socialista, y también la coordinadora de los diez acuerdos de país que Sánchez adelantó en un desayuno informativo en Madrid a principios de año. Y hoy —ella es la encargada de comparecer todos los viernes en Ferraz para visualizar una especie de contra Consejo de Ministros— avanzó algunas de las cuestiones básicas de ambas iniciativas legislativas, que el PSOE llevará al Congreso en este periodo de sesiones para su tramitación parlamentaria.

No vamos a hacer solo una recomendación, sino una verdadera reforma e intervención en esta realidad

Ambas serán "ambiciosas", de máximos, por lo que asumen que pueden quedar recortadas cuando sean discutidas con otros grupos. Pero las dos parten de la base de que el Estado ha de tomar cartas en el asunto de forma tajante, y no simplemente aconsejar a las empresas, con el fin de que se asegure su cumplimiento. "No vamos a hacer simplemente una recomendación, sino una verdadera reforma e intervención en esta realidad. La presencia de las mujeres en los puestos de decisión tendría que ser obligada", ilustró Calvo durante la rueda de prensa.

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Juanma Romero

Rectificación de Rajoy

La secretaria de Igualdad fue más concreta en lo relativo a la batalla contra la brecha salarial, una cuestión más en primera linea en las últimas dos semanas después de que Mariano Rajoy, en una entrevista en Onda Cero, despachó con un “no nos metamos con eso” cuando se le preguntó por la discriminación en sueldos entre hombres y mujeres. El presidente se retractó el pasado miércoles en ‘Los desayunos de TVE’, asumiendo que había metido la pata. "Hemos conseguido esta semana que rectifique, según sus propias palabras, que entienda que tiene una responsabilidad directa", enfatizó, haciendo hincapié en que los poderes públicos, como dice la Constitución, han de remover los obstáculos que impiden la igualdad y esta es una de las obligaciones que ha de tener "toda democracia que se quiera honrar a sí misma".

Ante la insuficiencia de la ley de 2007, el PSOE busca que haya una mayor participación y por cuota de las mujeres en todos los centros de decisión

Calvo reconoció que el modelo en el que se mira el PSOE es Islandia, cuya legislación ha sido celebrará incluso por la ONU. Y esa legislación incluye multas a las empresas que incumplan. Gusta menos en Ferraz la propuesta de Angela Merkel en Alemania, que no recoge “un régimen sancionador”. El PSOE quiere que se corrija la “opacidad” en las compañías. También propone que se cree una agencia para que vigile y controle el comportamiento de las empresas en esta materia y ejerza una labor de arbitraje en situaciones de conflicto.

La segunda ley, la de igualdad de trato en el mercado de trabajo, es más general, ya que pretende abordar todos los ámbitos en los que la mujer sufre discriminación laboral, que le lleva incluso a cobrar menos pensión cuando se jubila. Aquí también se incluiría la presencia obligada de más mujeres en los consejos de administración. La Ley de Igualdad vigente, aprobada por el Gobierno de Jose Luis Rodríguez Zapatero en 2007, buscaba incentivar la representación equilibrada, pero no la imponía. Como subrayaba Calvo, los socialistas están convencidos de que ya no vale “el buenismo”, porque pesa más la “inercia de una sociedad machista”. La exministra no precisó porcentajes ni plazos, ni tampoco adelantó si sus propuestas incluirán, también en este flanco, multas, pero fuentes de la dirección federal dieron a entender posteriormente que así será, que Sánchez planteará un techo muy alto que probablemente tendrá que rebajar en el curso de las negociaciones con otros partidos.

"Recuperación social y laboral"

Los socialistas, con sus dos iniciativas, persiguen por tanto “mejorar las inspecciones”, auditar las empresas a partir de 50 trabajadores, reforzar la tutela judicial efectiva ante situaciones "ilegales e inconstitucionales", que los incumplimientos tengan “consecuencias”, que se incremente la “transparencia” de las empresas y que haya una mayor participación y por cuota de las mujeres en todos los centros de decisión. Romper otro techo de cristal, por tanto. Calvo recordaba que ella misma, cuando presidía la Comisión de Igualdad del Congreso en 2010, planteó a Zapatero abrir este debate, antes incluso de que en Europa se instara a los Estados a legislar para procurar la igualdad efectiva y combatir la brecha salarial.

Ferraz también quiere que se extiendan por ley las listas cremallera a todos los partidos, pero lo introducirá en la reforma electoral

Calvo explicó que la desigualdad salarial se produce en algunos casos “por injusticia pura y dura, esto es pagar a igual trabajo menos salario”, cosa que se detecta mediante sistemas de transparencia —como dar a conocer los salarios de un centro de trabajo—. Pero luego hay más elementos de discriminación, “como consecuencia del itinerario laboral de las mujeres” —cómo acceden, qué formato de contratación tienen…— y que acaba en un salario distinto y “en las pensiones”. “No solo queremos que el Gobierno nos dé cifras de recuperación económica, sino que queremos recuperación social y recuperación laboral ante el gravísimo asunto que para una mujer significa tener o no tener trabajo, en qué condiciones lo tiene, cómo lo puede hacer compatible son sus otras opciones de vida", remachó.

Ahora, el consejo asesor para las políticas de igualdad de la ejecutiva federal, presidido por la abogada Altamira Gonzalo, dará el visto bueno a las dos proposiciones de ley, antes de que Sánchez haga la puesta de largo. Ocurrirá, en todo caso, antes del 8 de marzo, cuando está convocado una 'huelga feminista', que respalda el PSOE.

Además, el PSOE pretende que se fije por ley la obligación, para todos los partidos, de confeccionar candidaturas cremallera. Esto es, que se alternen hombres y mujeres en las listas. Algo que los socialistas ya se aplican a sí mismos pero que quieren hacer extensible a las demás fuerzas, y que se introduzca en la reforma electoral que alumbren las Cortes. La ley de 2007 procuró una representación no menor al 40% y no mayor al 60% para cada sexo.

Calvo reclama a Rajoy que active los 200 millones comprometidos en el pacto contra la violencia de género y no los haga depender de los PGE

La dirigente recordó otro de los compromisos vaciados por el Ejecutivo: el pacto de Estado contra la violencia de género. El PSOE sigue exigiendo que el Gobierno active los 200 millones de euros destinados a la lucha contra esta lacra y que, fundamentalmente para las administraciones locales y autonómicas, son "cruciales para las políticas de prevención y ayuda a las víctimas”. Los socialistas denuncian que Rajoy hace depender la activación de esos 200 millones a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, cuando no deberían estar ligados porque esos 200 millones son producto de un pacto. "No podemos seguir admitiendo la callada por respuesta y la inconcreción absoluta” por parte del Ejecutivo, recriminó, pues “sin recursos no se puede hacer mucho, más bien nada”.

Un "mal día" en Barcelona

La otra cuestión sobre la que basculó la rueda de prensa fue Cataluña. Calvo respondió a la entrevista del líder de Catalunya en Comú Podem, Xavi Domènech, que en una entrevista con El Confidencial publicada este viernes aseguraba que sí veía alternativa a Carles Puigdemont, pero acusaba al PSC de Miquel Iceta de no moverse y no apearse del bloque constitucionalista.

Calvo insiste en que los 'indepes' han de presentar un candidato viable y prefiere "no enredar" en la cuestión de los plazos y las inhabilitaciones

La exministra, la mujer que negoció con el Gobierno la aplicación del 155, replicó que quien ganó las elecciones del 21-D fue Ciudadanos, pero “quien tiene la mayoría para las alianzas son los independentistas”. Es decir, que no hay una mayoría alternativa para gobernar a la que suman Junts per Catalunya, ERC y la CUP. Así que la reflexión de Domènech, ironizó, obedecerá a que hoy su grupo tiene un “mal día” en Barcelona, ya que la alcaldesa, Ada Colau, perdió la cuestión de confianza. Los socialistas fueron expulsados del Ejecutivo municipal antes del 21-D, herida que aún sigue abierta.

Lo que el PSOE pide a los separatistas es que presenten a un candidato “viable”, sin mancha judicial y que gobierne desde Cataluña y que por descontado respete la Constitución y las leyes. El PSOE no se apunta, subrayó la dirigente, a la estrategia del PP de presionar a Inés Arrimadas para que se postule a la investidura. “Somos conscientes de la aritmética parlamentaria”, abundó. Así, matizaba al portavoz de la dirección, Óscar Puente, quien en RNE aseguró que no sería "una mala solución" que la líder de Ciudadanos intentase la investidura aunque no prosperase. Y es que los números no dan: Cs, PSC y PP suman 57 diputados, frente a los 70 de JxCAT, ERC y CUP y los ocho que aportan los comunes. Los separatistas han blindado su mayoría absoluta (68 escaños) al renunciar a sus actas tres de los cinco huidos en Bruselas (los ‘exconsellers’ Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret) y dejar correr sus puestos.

La dirección sí que no quiere pronunciarse sobre las posibles inhabilitaciones que promueva el juez instructor del Supremo, Pablo Llarena, antes de que haya juicio y sentencia, o sobre si ya están corriendo o no los plazos para unas nuevas elecciones. Prefiere no “enredar” con eso. De un lado, manifiesta como siempre su respeto por las decisiones judiciales pero sí reconoce que la posibilidad de la inhabilitación preventiva está permitida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y de otro, entiende que han de ser los letrados del Parlament los que arrojen luz sobre los plazos. La máxima en este punto, pues, es “respetar la autonomía” de la Cámara catalana y de su Mesa y ayudar a que la comunidad encuentre una “vía de salida”. Calvo recordó que “desde el minuto cero” en que el PSOE decidió apoyar al Gobierno con el 155 lo hizo pensando en devolver la “normalidad” a Cataluña, y no suspender su autonomía, “filosofía” que la ejecutiva sigue “manteniendo”.