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Puigdemont quedará inhabilitado antes de que se celebren nuevas elecciones
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procesamiento en la causa del supremo

Puigdemont quedará inhabilitado antes de que se celebren nuevas elecciones

La jueza Carmen Lamela ya decretó su prisión de forma paralela a la euroorden. Cumplido este requisito, puede ser procesado a pesar de no haber sido detenido

Foto: Carles Puigdemont. (Ilustración: Raúl Arias).
Carles Puigdemont. (Ilustración: Raúl Arias).

Fuera de la política. Inhabilitado para el ejercicio de cargo público. Sin posibilidad de presentarse a unos hipotéticos nuevos comicios. Estas son las perspectivas legales de Carles Puigdemont, que ha visto, en solo unos días, cómo la Justicia cerraba las puertas a una posible investidura tanto a distancia como presencial, para después desactivar también su futuro en la escena catalana. Fuentes jurídicas informan a El Confidencial de que, pese a encontrarse huido, el juez del Tribunal Supremo que investiga el 'procés' estudia procesarle la próxima primavera y aplicar lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que "los rebeldes" que hayan ostentado cargos públicos "queden automáticamente suspendidos para los mismos".

La posibilidad de una inhabilitación de este tipo requiere dos circunstancias, según precisa la norma. Exige que de manera previa esté decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, y se dicte el procesamiento que, además, debe ser firme. Para uno de los dos puntos resulta fundamental la decisión que tomó en noviembre la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

Foto: Artículo de la revista 'Time'.

La magistrada ordenó el 3 de noviembre la busca y captura del 'expresident', que no había comparecido a la citación para que declarara por presuntos delitos de rebelión y sedición y ya se encontraba en Bruselas. No obstante, no se limitó a cursar la euroorden, que fue desactivada semanas más tarde por el juez que tomó el control de la instrucción, el magistrado del Supremo Pablo Llarena. También ordenó el ingreso en prisión. Este último permanece vigente, confirman las fuentes consultadas.

Este encaje legal propicia que a pesar de encontrarse fuera de la acción de la Justicia, Puigdemont pueda ser procesado. La orden dictada por la primera instructora supera la previsión incluida en la Lecrim, en el artículo 505, donde se detalla que debe convocarse al Ministerio Fiscal una vez que el acusado sea detenido y puesto a disposición judicial. No sería necesario volver a oír al fiscal, que ya pidió hace meses precisamente esto, el ingreso en la cárcel.

Foto: Montaje realizado por el Programa de Ana Rosa de la conversación entre Puigdemont y Comín. (Telecinco)

El mismo escenario es aplicable también al resto de 'exconsellers' que se encuentran en Bélgica— Lluís Puig, Clara Ponsatí, Meritxell Serret y Toni Comín— y, porsupuesto, a dos de los presos, Oriol Junqueras y Joaquim Forn. De todos modos, la situación es distinta para aquellos que se encuentran libres con fianzas: Raül Romeva, Carles Mundó, Dolores Bassa, Meritxell Borràs, Jordi Turull y Josep Rull, así como Carme Forcadell y sus compañeros de Mesa, con la excepción de Joan Josep Nuet, que tiene pocas opciones de ser procesado. El caso de 'los Jordis', Sànchez y Cuixart, es distinto, dado que en el momento en que fueron enviados a la cárcel de forma preventiva no ocupaban responsabilidades públicas sino que dirigían las asociaciones soberanistas ANC y Òmnium Cultural.

Contra Puigdemont y los huidos se mantiene por el momento solo una orden de busca y captura en territorio español, pero esta circunstancia puede cambiar en los próximos meses. Es previsible que tras el procesamiento, el magistrado reactive la petición de detención europea e internacional.

La causa legal transcurre paralela a la escena política en la que, por el momento, la decisión del 'president' del Parlament de aplazar 'sine die' el pleno de investidura ha dejado los plazos para la convocatoria de nuevas elecciones en un limbo. Si la investidura frustrada marca el inicio de los dos meses previstos, a los que se sumarían otros dos para la celebración de otros comicios, se abre una carrera de cuatro meses que coloca la fecha tope a finales de mayo.

Fuera de la política. Inhabilitado para el ejercicio de cargo público. Sin posibilidad de presentarse a unos hipotéticos nuevos comicios. Estas son las perspectivas legales de Carles Puigdemont, que ha visto, en solo unos días, cómo la Justicia cerraba las puertas a una posible investidura tanto a distancia como presencial, para después desactivar también su futuro en la escena catalana. Fuentes jurídicas informan a El Confidencial de que, pese a encontrarse huido, el juez del Tribunal Supremo que investiga el 'procés' estudia procesarle la próxima primavera y aplicar lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que "los rebeldes" que hayan ostentado cargos públicos "queden automáticamente suspendidos para los mismos".

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