Seis meses sin empleo o inhabilitación: a qué se enfrentan funcionarios díscolos con el 155

El 'conseller' de Asuntos Exteriores de la Generalitat de Cataluña, Raül Romeva, hizo el lunes un llamamiento a los funcionarios de la comunidad para desobedecer los mandatos que llegarán desde el Gobierno a partir de la entrada en funcionamiento del artículo 155 de la Constitución española. Romeva aseguró que los empleados públicos “no seguirán órdenes de Madrid” y seguirán respetando al “Gobierno que quiere el pueblo catalán” elegido democráticamente.

Esta posición de los dirigentes del Govern eleva exponencialmente la presión que sufrirán los trabajadores de la Generalitat, ya sean funcionarios, interinos o el resto del personal laboral. La gran mayoría ha realizado su trabajo con normalidad hasta ahora, prestando los servicios fundamentales que tiene transferida la autonomía y sin incumplir ninguna ley en su labor ordinaria. Sin embargo, el desacato de una orden supone vulnerar directamente el Estatuto Básico del Empleado Público, por el que se rigen todos los trabajadores públicos, sea cual sea la Administración que los tenga contratados. Además, incurrirían en un delito recogido en el Código Penal que agravaría su situación legal.

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El incumplimiento de una orden de la autoridad competente supone una falta disciplinaria muy grave, según determina el Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 95, apartado i. En concreto, establece que será falta muy grave “la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico”. Al mismo tiempo, también supone una falta muy grave “el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos estatutos de Autonomía de las comunidades autónomas”, algo que es precisamente lo que pretende garantizar el Gobierno con el artículo 155.

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Si los trabajadores de la Generalitat se saltan el Estatuto, la Administración correspondiente inicia un expediente disciplinario que culminará en alguna de las sanciones establecidas en el mismo. Todos los trabajadores públicos tienen garantizados sus derechos, por lo que será necesario demostrar que, efectivamente, han incumplido el Estatuto. Sin embargo, los ministerios tendrán potestad para adoptar medidas cautelares y apartar al empleado de su puesto por un periodo máximo de seis meses mientras se desarrollan las fases de instrucción y sanción. Esta suspensión provisional no supone la pérdida de la plaza y el trabajador seguirá cobrando su salario y, en su caso, las prestaciones familiares que tenga concedidas. Eso sí, si finalmente se determina su culpabilidad, tendrá que devolver todo este dinero.

El Gobierno podrá adoptar medidas cautelares y suspender de empleo a los trabajadores públicos por un máximo de seis meses

Una vez que se confirme la falta disciplinaria grave, se inicia el procedimiento sancionador que, dada la gravedad del incumplimiento, lo más probable es que termine en el despido del trabajador, ya sea funcionario, interino o personal laboral. También existen sanciones intermedias, como la suspensión de las funciones durante un periodo máximo de seis años (en los que también deja de cobrar), el traslado forzoso o la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. En el caso del personal laboral, el Estatuto también establece la posibilidad de inhabilitarlo para ocupar un puesto de trabajo con funciones similares.

Es de suponer que las sanciones a aplicar serían las más graves, ya que el propio Estatuto determina que su alcance “se establecerá teniendo en cuenta el grado de intencionalidad, descuido o negligencia”. En este caso, el grado de intencionalidad en el desacato sería el máximo, por lo que lo más probable es que todos estos trabajadores terminen despedidos. También se tendrá en cuenta el “daño al interés público”, que será elevado si atentan contra la Constitución española.

La vía penal

Además de la falta disciplinaria, los funcionarios públicos también pueden incurrir en un delito recogido en el Código Penal, por lo que también se abriría la vía penal para ellos. En este caso, sería la Fiscalía quien tendría que realizar la denuncia. El capítulo III del título XIX determina las causas por las que un trabajador público comete desobediencia contra la Administración. En el caso de que se abra la vía penal, la administrativa decaerá automáticamente, aunque si finalmente la vía penal determina el incumplimiento de la ley, el funcionario podría perder igualmente su puesto de trabajo.

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El artículo 410 recoge que el delito se producirá cuando “las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a (…) órdenes de la autoridad superior” siempre que su cumplimiento no vaya en contra de la legalidad vigente. En ese caso, los funcionarios se enfrentarán a una multa de tres a 12 meses e inhabilitación para ocupar un empleo o cargo público por un periodo de entre seis meses y dos años.

Un ejemplo del riesgo al que se enfrentan los funcionarios es el que vivió la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, que es al mismo tiempo funcionaria y cargo público. En septiembre, cuando el 'vicepresident', Oriol Junqueras, decidió ocultar los movimientos financieros de la Generalitat, ordenó a Vidal que dejara de enviar los informes de la Intervención al Ministerio de Hacienda. En ese momento, el Gobierno elevó a la Fiscalía que la interventora estaba incumpliendo la ley (eso sin el desacato, ya que la autoridad competente era el 'vicepresident').

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El Ejecutivo anunció esta medida un viernes y la interventora no tardó ni tres días en volver a enviar sus informes. Con esta medida, consiguió frenar las posibles sanciones o multas y muestra, hasta qué punto, la Generalitat pone en una situación delicada a los funcionarios cuando les pide que incumplan la ley.

El Gobierno promete redención

Esta semana será especialmente complicada para los trabajadores de la comunidad autónoma, ya que hasta que el 155 se aplique de forma efectiva, seguirán a las órdenes de la Generalitat. Si el 'president', Carles Puigdemont, decide realizar la declaración unilateral de independencia (DUI), necesitará que los empleados públicos cumplan sus órdenes, por lo que la presión será máxima.

El respeto a la ley es, en última instancia, la garantía de legalidad para todos los trabajadores públicos, por lo que si se limitan a cumplir la norma, no podrán ser sancionados. En cualquier caso, el Gobierno ha decidido reforzar su “seguridad jurídica”, tal y como acordó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con los sindicatos de funcionarios la pasada primavera.

Hemos conseguido que haya garantías de que la Generalitat no pueda represaliar a ningún funcionario o trabajador público

El acuerdo ha fructificado como una de las medidas propuestas por el Gobierno al Senado para la activación del artículo 155. El Ejecutivo garantiza que cualquier expediente sancionador incoado por la Generalitat por el desacato de sus órdenes será nulo de pleno derecho. “Hemos conseguido que haya garantías de que la Generalitat, si sigue adelante con sus pretensiones, no pueda represaliar a ningún funcionario o trabajador público”, celebra el sindicato CSIF. “Tenemos muy claro que la orden que vale es la que está dentro de la Constitución”, explica, “si un funcionario contraviene la Carta Magna, se tiene que atener a las consecuencias”.