El Gobierno garantiza que serán nulas las sanciones a los funcionarios catalanes

El sector público catalán, como el resto de la Administración autonómica, pasa a control de los ministerios económicos de la Administración central. En concreto, el Acuerdo del Consejo de Ministros remitido al Senado para su aprobación -previsiblemente el próximo viernes- establece que todas las competencias económicas, financieras, tributarias y presupuestarias son asumidas por el Gobierno central. Incluidos todos los ingresos públicos, no solo los cedidos en el marco de la financiación autonómica.

Y lo que es muy significativo. El Acuerdo deja bien claro que cualquier sanción contra los funcionarios y resto de empleados públicos que se pueda tomar hasta que el control de la Generalitat sea efectivo será nula de pleno derecho.

Es decir, que el Gobierno intenta cerrar la vía de agua que se le puede abrir si los todavía dirigentes de la Generalitat presionan a los empleados públicos para incumplir las normas dictadas desde la nueva Administración. Incluso, se advierte que cualquier intento de intimidación a los funcionarios de la Generalitat -vía represalias laborales- puede ser castigado por los tribunales tras los correspondientes expedientes sancionadores.

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El Gobierno se ampara, precisamente, el artículo 71 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece que la Administración de la Generalitat es la organización que ejerce las “funciones ejecutivas” y, por tanto, tiene la condición de Administración ordinaria de acuerdo con lo que establecen el Estatuto y las leyes, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Administración local.

A partir de la aplicación del 155, sin embargo, esas competencias pasan a los ministerios correspondientes de la Administración central, que no solo podrán nombrar y destituir a los altos cargos públicos libremente, sino que, además, podrán extinguir o liquidar cualquier departamento o ente público ahora en funcionamiento que se niegue a obedecer las normas aprobadas por la nueva Administración.

La medida, como estipula el acuerdo del consejo de ministros, afecta a todos los ámbitos de la Administración catalana: entes y sector público empresarial. Y pretende que ningún recurso público vaya a amparar o financiar el independentismo. Y en todo caso, supone que la nueva Administración podrá destituir a cualquier cargo público catalán cuando lo considere oportuno. Y, lógicamente, nombrar a quien considere, igualmente, oportuno. Los nombramientos se producirán en los próximos días, y será cada ministerio el que decida su política de nombramientos.

Aunque no solo eso. El acuerdo despoja a la Generalitat del control de las telecomunicaciones y de los servicios digitales, que caerán en manos de un organismo aún por definir, pero que, obviamente, estará en el ámbito de los ministerios de Fomento y Agenda Digital. En particular, se precisa, se controla el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y del Centro de Seguridad de la Información de Cataluña, que fueron clave en la preparación del 1-O, según entiende el Gobierno central.