Los inspectores de Hacienda estallan por las presiones que sufren en Cataluña

La 'batalla por la recaudación' se ha convertido en una de las claves del desafío independentista de Cataluña. La Generalitat dio el primer paso, el pasado 4 de septiembre, cuando anunció que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) está ya lista para recaudar los impuestos de un hipotético Estado catalán independiente. La respuesta del Gobierno llegó tras la aprobación de la ley de transitoriedad con la intervención de las cuentas de la autonomía y el control de todo el dinero procedente de los impuestos que recauda la Agencia Tributaria, esto es, los recursos del sistema de financiación.

Sin embargo, la escalada de tensión en Cataluña ha llegado a tal punto que ahora los funcionarios de la Agencia Tributaria están recibiendo mucha presión para que no puedan realizar su labor correctamente. La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha estallado contra la situación que sufren en Cataluña, ya que están sometidos a "fuertes presiones". "Hace un año, advertimos de que nos dirigíamos hacia el acantilado, ahora estamos en el acantilado", alerta José Luis Groba, presidente de la IHE.

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La situación de los inspectores en la comunidad es muy complicada, más si se tiene en cuenta que desarrollan su trabajo de forma próxima a la sociedad, ya que sus tareas para investigar el fraude fiscal y para garantizar la recaudación de los tributos hacen que estén permanentemente en contacto con los contribuyentes. Por eso la situación de estos funcionarios en Cataluña marca el congreso anual que están celebrando los inspectores en Sevilla y que se clausura el viernes. "Tenemos muy presentes a nuestros compañeros de Cataluña", explica Groba, "sabemos que nunca podremos compensar la labor que están haciendo durante estos días y la que seguirán haciendo en los próximos meses".

Sabemos que nunca podremos compensar la labor que están haciendo durante estos días y la que harán en los próximos meses

Los inspectores tendrán que velar por que se realice correctamente el pago de los impuestos a la Agencia Tributaria, una situación que se puede complicar si la Generalitat realiza la declaración unilateral de independencia (DUI). Diversos miembros del Govern ya han pedido a las empresas que declaren directamente a la Agencia Tributaria Catalana. Si deciden hacerlo, tendrán que ser los inspectores de Hacienda quienes investiguen a estas compañías y determinen la cuantía defraudada. Una labor que tendrán que hacer incluso sufriendo la presión de las empresas o de algunos ciudadanos.

El paso por Cataluña

Una buena parte de los inspectores ha pasado por Cataluña, ya que es una región que generalmente ha tenido "déficits de generación de inspectores". Muchos de los funcionarios de la agencia que trabajan en distintas regiones de España empezaron su carrera como trabajadores en Cataluña, por lo que conocen bien la región: "Lo hemos vivido, lo sentimos y sabemos que sufren muchas presiones", explica José María Peláez, inspector de Hacienda y jefe de Equipo Regional de Inspección. Hasta el momento, los inspectores aseguran que todas las empresas privadas están haciendo frente a sus obligaciones tributarias ante la Agencia Tributaria, pero tendrán que mantener la vigilancia en todo momento.

"Los pactos entre particulares o terceros no tienen efectos sobre la Agencia Tributaria", explica Peláez, lo que significa que todas las personas físicas y jurídicas que estén obligadas a declarar a Hacienda tendrán que hacerlo. No puede ser que la Agencia Tributaria Catalana gestione los impuestos y posteriormente haga el pago de cada uno de los contribuyentes al Estado, estaría cometiendo un delito que recaería directamente sobre el sujeto tributario.

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El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha advertido de que todo aquel que tenga que tributar a Hacienda y no lo haga estará cometiendo un delito que incluso puede ser penal y no podrá utilizar en su defensa que ha declarado a la Agencia Tributaria Catalana. En medio de todas estas declaraciones cruzadas y amenazas de sanciones se encuentran los inspectores de Hacienda, que son los últimos responsables de velar por el cumplimiento de la ley tributaria. La Generalitat ya ha requerido a las empresas públicas que declaren sus impuestos a la Agencia Tributaria Catalana, pero en el caso de las empresas privadas "no tienen nada que hacer", señala Groba, ya que estarían cometiendo un delito que pondría en riesgo su continuidad, tanto de la empresa como de los administradores.

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La IHE también advierte de los riesgos que supone dividir la Administración tributaria por regiones, ya que complica mucho la inspección y la lucha contra la economía sumergida. "Toda fragmentación es perjudicial para la lucha contra el fraude", señala Groba, "podemos dejar lo que tenemos como está y no fragmentar lo que ahora está unido". Se refiere así a alguna propuesta que ha llegado desde algunos sectores de crear agencias tributarias autonómicas que se encarguen de la gestión integral de los tributos, o de una parte mayor a la actual (que es marginal), para conceder más autonomía financiera a Cataluña. "Lo ideal sería una Agencia Tributaria Europea, pero como no es posible, mejor preservar lo que tenemos".